Foto: Prensa Comunitaria
"En primer lugar, a esta hora no estaba aquí, estábamos por lo menos echando un trabajito en una finquita que tenemos que es familiar con mi esposa y con nuestros hijos," él cuenta.
Temprano en la mañana, se levantó con sus hijos y ellos fueron juntos a ordeñar sus vacas. Regresaron a las 10 de la mañana para comer un almuerzo temprano, y luego volvieron al trabajo. En la tarde, Dominguez asistió a las reuniones de su iglesia o de la empresa cooperativa comunitaria.
"Esa es una empresa que tenemos. Somos 75 socios. Es una casa de crédito y ahorro en la comunidad. Es un pequeño banco comunitario," explica Dominguez.
La empresa cooperativa ofrece préstamos y oportunidades de empleo a la comunidad local.
Dominguez, quien ha vivido todos sus 58 años en Guapinol, ha visto los muchos cambios que han venido al valle en su vida.
Cuando era joven, el valle estaba floreciendo, y sus residentes se dedicaban a la agricultura. Luego llegó el aceite de palma en la década de 1970.
"El valle se ha llenado con lo que son los cultivos de palma y fue desplazando poco a poco la agricultura," él cuenta.
Las fincas de aceite de palma dominaron la tierra agrícola, pero la agricultura permaneció en una escala local más pequeña.
Dominguez habla de las fincas de aceite de palma encogiéndose de hombros. Han pasado años desde la invasión y los desplazamientos, y ahora las fincas son parte de la vida que no se puede evitar.
Sin embargo, Dominguez agrega, "Con el proyecto, es un poco más complicadito porque se trata de tocar las aguas. Es decir algo que es la vida que representa un bien común y es complicado ver que los ríos están en peligro por esas empresas extractivas."
El proyecto de que se habla es la construcción de una mina en la la parque nacional de la empresa Inversiones Los Pinares que pertenece a EMCO Holdings y la pareja empresarial de Isabel Facussé y Lenir Pérez. Es el proyecto que cambió todo para la comunidad de Guapinol.
La empresa ganó la concesión de la mina en el 2014, pero el proyecto no afectó a Guapinol hasta 2018 cuando, después de una semana de natación el río durante la Semana Santa, la comunidad despertó a un río de lodo.
La comunidad se juntó con otros cuya agua también fue afectada para traer su problema a la atención del gobierno. Manifestaron afuera de la municipalidad de Tocoa y denunciaron el crimen ambiental ante el Ministerio Público. Cuando recibieron una respuesta, la comunidad decidió instalar un campamento en la entrada de la mina.
La manifestación duró 88 días antes de que fuera desalojado por una tropa de lo que los defensores dicen fueron guardias de seguridad de la empresa junto con la policía. Durante este tiempo, salieron requerimientos fiscales contra 18 defensores por supuestos delitos cometidos contra la empresa. Otros 32 compañeros fueron acusados después, y todos han estado atrincherados en una batalla legal por más de dos años, que incluye prisión preventiva para ocho de los imputados.
"Cuando yo conocí esta comunidad era una comunidad muy bella, muy próspera, una comunidad donde hay mucha gente luchadora," recuerda Zúniga. "Era una comunidad donde yo miraba que mis suegros dormían en una hamaca bajo un árbol muy tranquilo."
Zúniga, cuya familia en Yoro está luchando en su propia batalla
ambiental contra empresas madereras, construyó su vida en Guapinol con
su esposo. Cedillo abrió una barbería, y Zúniga vendió accesorios de
celulares mientras criaron a sus tres hijas. Dice que la amenaza a esta
vida tranquila fue lo que les motivaron a defender sus recursos
naturales.
"Esta paz nos la han quitado'', cuenta Zúniga. "Ahora no la tenemos. Ahora es muy difícil. Estamos durmiendo y pensamos que en cualquier rato nos pueden venir a sacar porque esa es zona estratégica que usa el estado. Estamos en un proceso de lucha."
Ella explica que después del desalojo del campamento empezó la persecución contra la comunidad. Un grupo de mujeres intentó reconstruir el campamento, pero se encontraron con guardias quienes los alejaron del sitio.
Un compañero bajó al río a sacar agua y se encontró con militares. Zúniga dice que lo arrastraron del río y lo golpearon, llamándolo rebelde.
Otra defensora, Gabriela Sorto, dice que el calvario ha cambiado completamente su vida.
"Toda mi vida he vivido aquí'', explica Sorto. "Podía ir a comprar de niña y todo era tan sano. Iba al molino. Iba a la escuela. Iba donde mis amiguitas. La verdad es que solo tengo bonitos recuerdos y que amo a mi comunidad desde el inicio."
Foto: Fundación San Alonso
"En la Semana Santa preparamos las tortas que les llamamos nosotros aquí y las íbamos a disfrutar en familia y vamos hasta a los cumpleaños al río sin ningún temor," Sorto cuenta.
Ahora el padre de Sorto, Porfirio Sorto Cedillo, ha estado guardando prisión preventiva con el esposo de Zúniga por dos años, y Sorto ha pasado este tiempo cuidando su propia seguridad.
"Bueno, no es lo mismo como antes," dice Sorto. "No podemos salir con libertad, no estamos privados en una cárcel, pero sí estamos en nuestras mismas casas porque el miedo nos invade."
Según ella, ya no sale, especialmente en la noche. Dice que por el miedo, muchas personas han huido de la comunidad e incluso del país.
Domínguez cuenta de una amiga que se fue de Honduras para España después de recibir mensajes amenazantes que decían que la eliminarían si no dejaba la lucha. Dos amigos más se fueron para Los Estados Unidos después de recibir amenazas similares.
Domínguez fue uno de los imputados contra la empresa pero recibió sobreseimiento definitivo por sus supuestos delitos en marzo de 2019. No obstante, se revocó el sobreseimiento en agosto de 2020. Aunque ha evitado la prisión preventiva por ahora, las amenazas y el requerimiento lo tienen encerrado.
"Estoy guardando prisión en mi propia casa. Es una prisión domiciliaria por miedo, por mi propia seguridad," dice Domínguez.
Sus hijos no le permiten salir de la casa por miedo a su seguridad. Él ya no visita su negocio ni pasa el día trabajando a su lado.
"Yo guardo mi seguridad personal no saliendo de la casa. Una vida así es muy triste. Es un cambio exagerado," dice Domínguez.
Su mayor susto fue cuando un vehículo sin placas paró en frente de su casa a las 7:40 de la noche. El comité de defensores en Guapinol sacó una alerta, y el vehículo no regresó, pero su familia estaba bien asustada. Domínguez dice que no baja la guardia después de esa noche.
"Para serle claro, yo no duermo en casa pero duerman mis hijos que para mí es igual," explica él.
Para Domínguez, salir de Guapinol no es una opción. Él se siente seguro con el conocimiento que tiene de sus vecinos a su alrededor, y ellos cuidan de él.
Domínguez dice, "Aquí lo que tenemos es una comunidad protegida por sus habitantes."
Domínguez explica que la comunidad tiene postas en su entrada y su salida. Si alguien desconocido pregunta por uno de los defensores o si anda un carro sospechoso, mandan una alerta para advertir a sus compañeros.Un incidente similar pasó a Zúniga en septiembre de 2021. Una patrulla desconocida llegó a la comunidad y afirmó que venía del Sistema Nacional de Protección (SNP), un sector de la Secretaría de Derechos Humanos que provee medidas de protección a defensores en peligro. La policía afirmó que venían averiguar si Zúniga tenía medidas de protección.
En la tarde del mismo día, la patrulla llegó de nuevo y habló con una compañera. Dijeron que venían de la Policía Nacional para verificar quién de la comunidad andaba con medidas de protección. Zúniga dice que las dos visitas y las discrepancias en sus historias le dieron miedo.
"Me provocó mucho temor porque en la mañana me habían dicho una cosa y en la tarde, habían salido con otra'', explica ella. "La mentira es lo que nos da preocupación porque sabemos el escenario en que nos encontramos."
Zúniga dice que los defensores dejaron claro desde el principio que no querían protección de la policía dado sus experiencias negativas y la falta de confianza que crearon en ellos. Los defensores consideran al incidente de la patrulla desconocida como hostigamiento.
Aún con todas las amenazas a su alrededor, los defensores dicen que su preocupación más grande ahora es la planta peletizadora bajo construcción que se avecina en la ciudad cercana de Tocoa. La planta está dirigida por la empresa Ecotek que, según un informe de Univisión, pertenece a la misma pareja que es dueño de Inversiones Los Pinares. La empresa matriz EMCO Holdings tiene una página dedicada a Inversiones Los Pinares que menciona que la planta es parte de la Fase II del proyecto minera con el objetivo de exportar hierro semiprocesado a Los Estados Unidos a finales de 2021.
Los defensores temen que el aire pueda estar en peligro junto con el agua. Sorto dice que la planta es suficiente para hacerles sentir desesperados.
"O sea, estamos ante un monstruo tan grande que la gente se decepciona'', dice Sorto.
Sin embargo, ella sigue encontrando la esperanza y la valentía en su comunidad, especialmente en los defensores mayores que todavía eligen luchar.
"Esas personas que llevan años, o sea una trayectoria de vida luchando. Yo solo tengo tres años y esas compañeras, toda una vida," Sorto cuenta. "Los dueños de nuestro territorio somos nosotros y nosotros tenemos que luchar por las futuras generaciones."
Para Zúniga también son las generaciones futuras las que la mantienen en la lucha.
"Digo aquí a los campaneros que yo lucho por vivir, por dejarles una herencia a nuestras hijas," ella declara. "Yo quiero vivir y decir que estamos luchando y logramos esta victoria porque es algo justo, defender a nuestra tierra, son las herencias de nuestros ancestros."
Y para Domínguez, su valentía viene de la misma fuente que él lucha para proteger.
Dice él, "No sentimos miedo porque el agua es vida."
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