Y por si fuera poco, este martes trascendió que una vez más Honduras ha sido reprobado para adquirir fondos del programa “Desafío del Milenio, desde que se ejecutó el golpe de Estado en junio de 2009, el país no ha vuelto a percibir esta ayuda internacional para sostener el desarrollo humano.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Como un potente rayo rompiendo sobre el suelo con un estruendo ensordecedor, así golpeó a Honduras el aumento de la miseria. De 2014 a 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la pobreza aumentó 12 Por ciento, lo que representa más de un millón de nuevos pobres.
Pese a los “programas de ayuda” y la “inversión” para detener la pobreza, los números no dejan de poner a Honduras en lo más bajo en cuanto a calidad humana.
Y, producto de la abusiva y agravante corrupción incrustada en el Gobierno, el país ha cumplido ya 13 años fuera de los fondos de la Cuenta “Desafió del Milenio”. Este martes ha trascendido que el país otra vez reprobó en nueve indicadores clave de los 20 que mide el ente de ayuda internacional.
Y en este 2021, el ente estatal ha registrado la cifra se disparó hasta el 74 por ciento, lo que significa que al menos 7.4 millones –de 9.7 millones de habitantes– viven en condiciones de pobreza; el 54 por ciento en miseria total, tras ocho años del régimen de Juan Hernández.
En este contexto, el economista investigador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Obed García, observó que la pobreza es producto de un círculo vicioso, surgido por el deterioro de la institucionalidad pública, el fracaso de los programas para combatir la miseria y la desviación de fondos destinados al desarrollo humano.
El economista explicó que los indicadores objetivos de la Cuenta del Milenio reflejan la eficiencia y el uso de recursos donados que un Estado realiza; en el caso de Honduras, el imperio de la corrupción en la gobernanza se traduce en consecuencias a nivel económico y social.
“No hemos logrado aprobar, a pesar de los supuestos esfuerzos que ha estado haciendo el Gobierno: la introducción de la MACCIH, el establecimiento de un instituto de acceso a la información pública, una secretará de transparencia, las visitas sostenidas de comisiones internacionales en comicios; todos no ha tenido un resultado significativo”, subrayó García.
En ese sentido, las inversiones extranjeras disminuyeron dramáticamente desde la primera reprobación hace más de 8 años: “Estos indicadores repelen los capitales de inversión extranjera; este año dejaron apenas 600 millones de dólares, cuando en 2010 se registraba el triple, hablamos de unos 1800 millones de dólares que ya no generan empleos”.
Además,
señaló que un efecto poco conocido es el que se aprecia sobre las
inversiones nacionales, indicó que dichos indicadores ahuyentan dichas
inversiones por la fragilidad jurídica, disminuyendo la generación de
empleos y desmovilizando la economía nacional, las iniciativas y las
pocas industrias del país.
Así, la reprobación significa la exclusión de acceder a 300 millones de dólares anuales en asistencia internacional: “debemos recordar que la carretera CA-5 durante el gobierno de Ricardo Maduro y Manuel Zelaya fueron posibles por los fondos de más de 215 millones de dólares, realizada por los fondos obtenidos por la buena calificación”, consideró García.
Finalmente, el economista consideró que el nuevo Gobierno tendrá la difícil tarea de mejorar dichos indicadores, sobre todo revertir la tendencia en el aumento de la pobreza lograr la reestructuración de la deuda externa, con el fin de asegurar la inversión social y
“El informe de la Cuenta del Milenio es bianual, lo que significa que el nuevo gobierno tendrá un año para mejorar la situación de rendición de cuentas; y en 2023 optar por una reconversión de la deuda y volver a recibir donaciones que puedan implementarse en el desarrollo económico y social”, expresó García.
Esta semana Juan Hernández presentará en Washington D.C. un libro recopilatorio sobre sus ocho años de Gobierno, el cual destaca la relación de éxito con Estados Unidos, sobre todo por el apoyo en 2017 para imponer la ilegal reelección presidencial que la Constitución hondureña castiga fuertemente. El libro lleva por nombre “Juntos hicimos historia: ocho años de Juan Orlando”.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3355-honduras-juntos-hicimos-historia-mas-del-millon-de-nuevos-pobres-con-joh
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HONDURAS / ¡IMPUNIDAD POLÍTICA! INSTITUCIONES INERTES ANTE VIOLENCIA ELECTORAL
EL LIBERTADOR se contactó con el Ministerio Publico (MP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ninguno se ha pronunciado de forma oficial para castigar o condenar a los responsables de cometer estos delitos, la Fiscalía informó que Castro debe interponer la denuncia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luego de que el pasado domingo la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, fuera víctima del delito de injuria por parte de miembros del Partido Nacional (PN), que en una pancarta la presentan a la sociedad como asesina, la sociedad hondureña ha exigido a las autoridades un castigo ejemplar; sin embargo, éste no llega.
Ante la terrible campaña del partido del Gobierno, el primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, alertó que de no castigar estas acciones, a pocos días de la contienda electoral, el resultado será la matanza de hondureños en una nueva crisis electoral.
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Ante este contexto, EL LIBERTADOR se comunicó con las autoridades del Ministerio Publico (MP), para conocer qué acciones tomarían al respecto, ya que la injuria está dentro de los delitos contra el honor, mismos que castiga el actual Código Penal de Honduras, que establece sanciones de prisión.
Al respecto, la portavoz de esa institución, Lorena Calix, explicó que la institución que ella representa no podrá actuar de oficio, ya que sólo podrá proceder si la candidata ofendida interpone la denuncia formal a través de una querella.
“Si la candidata necesita proceder por la utilización de su imagen o porque se considera difamada, debe nombrar un apoderado legal y mediante un abogado de su confianza impulsar una querella ante el tribunal de sentencia”, manifestó Cálix.
De acuerdo con el abogado Orellana, el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el ente encargado de emitir una resolución respecto a este caso; EL LIBERTADOR intentó contactar al presidente de este ente, Kelvin Aguirre para consultar cuál será el castigo que impondrán como máximo órgano electoral; sin embargo, ni él ni sus asistentes atendieron las llamadas y mensajes enviados.
NOTA DE INTERÉS: ¡¿Y ENTONCES QUIÉN CASTIGA?! “CACHURECOS” IMPUNES POR CAMPAÑA DE ODIO
Para obtener la declaración oficial, procedimos a contactar al consejero suplente, Germán Lobo, pero éste también rechazó las llamadas. Cabe mencionar que hasta el momento el CNE no ha emitido un documento oficial condenando la campaña nacionalista, garantizando impunidad en delitos electorales.
Por su parte la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, manifestó que la ofensa hacia la presidenciable de Libre responde a una campaña de discriminación política enfocada en género.
Aseguró que como defensores de derechos humanos, igual que el Ministerio Público, sólo podrán proceder si Castro interpone la denuncia. “Si ella se siente ataca puede presentar una querella, y obviamente el comisionado le dará seguimiento. Desafortunadamente no se ha acercado a la institución”, aseguró Izaguirre.
Mencionó que como institución ya han habilitado una línea telefónica para que candidatos políticos y militantes de los distintos partidos políticos puedan abocarse en caso de sentirse ofendidos.
Cabe destacar que desde que se realizaron las elecciones primarias ya se han reportado al menos 27 casos de violencia política, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OVUNAH), la mayoría contabilizadas en el departamento de Francisco Morazán (13 casos).
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