El candidato alcalde de la capital por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, señaló este lunes que imprimir las credenciales sin nombre es lo peor que le puede pasar al proceso electoral del 28 noviembre.
Añadió que dicha acción sólo demostraría que el Partido Nacional (PN), intenta una vez más boicotear las elecciones generales del próximo 28 noviembre.
El aspirante a edil del Distrito Central (DC), dijo “nosotros entendemos y hay que reconocer que el PN ha venido boicoteando el proceso electoral permanentemente, desde que se nominó a los consejeros; así que no es de extrañarse que puedan haber algunos retrasos”.
Aldana aseveró que Libre presentó en tiempo y forma los listados de las credenciales. En el caso de la capital, especificó que presentaron cinco mil delegados a las JRV, 2 mil 500 propietarios y suplentes para cubrir los delgados de los 350 centros de votación de la capital.
Puntualizó que lo importante es evitar a toda costa el tráfico de credenciales “que las credenciales se impriman en blanco le resta transparencia al proceso electoral del próximo domingo 28 de noviembre”.
Advierten que las personas que vendan o compren votos podrían pasar de 4 a 6 años en prisión
El presiente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredy
Cerrato, señaló este lunes que la Ley establece una pena de 4 a 6 años
de prisión para quienes cometan el delito de vender o comprar votos en
procesos electorales.
El profesional del Derecho, detalló que la primera denuncia sobre esta irregularidad sería por comprar el voto y demostrar a quien se le pagó.
Ante esto recalcó, que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), deben tener en cuenta que es prohibido que el ciudadano que va a ejercer el sufragio ingrese con celular o cámara para fotografiar la papeleta marcada.
Explicó que “el artículo 544 del Código Penal establece una pena de 4 a 6 años de prisión tanto para los que venden y compran el voto”.
A la vez, deliberó que desde el gobierno están amenazando a los empleados públicos para que movilice al menos unas 20 personas, del contrario serán despedidos, “qua es una práctica antidemocrática, dictatorial e ilegal”.
Indicó que desde el CAH deben ser orientadores del pueblo para que ejerzan el sufragio en libertad y libremente.
Concluyó que el CAH firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para desplazar más de 700 abogados a nivel nacional, con el objetivo que sean veedores del proceso electoral general.
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