“Cómo va a ser eso que me voy a morir en la miseria por culpa de estos señores”, dijo Turcios en una entrevista a Criterio.hn aludiendo a directivos del IPP, que desde principios de 2017 no le dan una respuesta escrita y directa a sus reclamos por su jubilación, o la devolución de sus aportaciones para no perder sus más de 15 años de cotizaciones al ente de los periodistas.
Los directivos del CPH, que también integran la junta dirigencia del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), se escudan para esta ilegalidad en decretos de impunidad aprobados por diferentes gobiernos para no rendir cuentas de las operaciones del ente, escenario de desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades y otorgamiento de míseras pensiones con fórmulas de cálculo arbitrarias.
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“Están esperando a que me muera para no darme nada y quedarse con mis aportaciones”, dijo Turcios al borde del llanto mientras sostenía en sus manos documentos que corroboran el pago de sus aportaciones, sus solicitudes de jubilación, sus peticiones de devolución de sus cotizaciones, denuncias ante el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y demandas ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Tegucigalpa.
FOTO: El periodista Ludovico Turcios ha recurrido a varias instituciones del Estado en busca de una respuesta a su demanda, pero hasta el momento no ha logrado respuesta alguna.
Los directivos del instituto de pensiones de los periodistas, además de Turcios, tienen otras victimas en el gremio, algunos orillados a aceptar míseras pensiones y otros, al no tener respuesta a sus solicitudes, obligados a firmar su adhesión a un contrato de un fondo de pensiones con el Banco Atlántida, suscrito por el IPP, y conformarse con recibir el producto de sus aportaciones en lugar de la pensión vitalicia.
VÍCTIMAS DE SUS COLEGAS EN LA TERCERA EDAD
Entre esas víctimas, además de Turcios, están el periodista independiente de radio y televisión, Mario Valladares, que solicitó su pensión en el 2012 al cumplir 60 años y, verbalmente, el gerente del IPP, Omar Calderón, le ofreció mil lempiras en concepto de jubilación.
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Finalmente, en 2016 a Valladares, que actualmente tiene 69 años, lo orillaron por su precaria situación económica, a recibir solamente sus aportaciones, unos 108 mil lempiras, tras firmar la adhesión a un contrato del IPP al Fondo de Pensiones, con lo que perdió su pensión vitalicia.
Otra víctima es el periodista radial Antonio Moncada, quien en enero y septiembre de 2017 solicitó también su jubilación, pero fue empujado a firmar su adhesión al fondo de pensiones y aceptar solo sus aportaciones tras ofrecerle una pensión de apenas 5.600 lempiras.
Moncada se resignó a firmar el contrato de adhesión con la AFP, al asegurarle el gerente Calderón y el presidente del IPP, Dagoberto Rodríguez, que no le aprobarían el monto de la pensión que reclamaba, de 14,578.06 lempiras de acuerdo a la ley.
Los directivos del IPP también pretenden orillar a renunciar a su pensión vitalicia al periodista y director del popular programa radial y televisivo “Hablemos de Día”, Fredy Guzmán que, al cumplir 62 años, el 24 febrero de 2020 presentó su solicitud de jubilación, y sigue a la espera de una respuesta escrita.
El gerente del IPP, Omar Calderón, verbalmente, al igual que en los casos de Valladares y Moncada, le ofreció a Guzmán devolverle sus aportaciones de 28 años y ocho meses, aunque sin intereses.
“Nunca han respondido con una nota oficial a mi solicitud. En una reunión con el gerente Omar Calderón me dijo que solicitara mis aportaciones, unos 547 mil lempiras, y que ya me las tramitaba”, dijo Guzmán en declaraciones a Criterio.hn.
“Yo no abrí una cuenta de banco en el IPP para que me salgan con mis aportaciones y sin intereses. Yo pagué por casi 29 años por una pensión vitalicia digna, como se establece en la ley. Eso que me ofrecen me lo como en unos 3 o 4 años y después de qué voy a vivir”, dijo, muy indignado, el comunicador.
Guzmán aseguró: “yo los voy a demandar judicialmente para que me paguen la pensión que me corresponde. Los directivos del IPP están manejando a sus anchas ese instituto, no le rinden cuentas a nadie”, agregó.
El periodista dijo que firmó hace unos cuatro o cinco años un contrato de adhesión al fondo de pensiones “porque me dijeron que el dinero estaba más seguro, que era más rentable por las tasas de interés y que la jubilación iba a ser mucho mejor. Y ahora me aparecen con esto”.
La ley del IPP establece que los afiliados recibirán una pensión vitalicia al cumplir 60 años y haber cotizado 15 años, y, en el artículo 58, dice que “las prestaciones establecidas en la presente ley constituyen derechos irrenunciables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte”.
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NO PAGAR PENSIONES, EL NEGOCIO
El negocio de los directivos del IPP al parecer funciona como el de las compañías de seguros, que en muchos casos se basa en no pagar a los asegurados o pagar cantidades menores a las que tienen derecho. A juzgar por las denuncias de los afiliados, el IPP evade cumplir con la pensión vitalicia.
Y es que, si cumplen con la ley, a Guzmán le tienen que pagar una pensión de 16,970.74 lempiras, y este afiliado recibiría en 14 meses (incluido el décimo tercer mes y el aguinaldo) 237,590.36 lempiras anuales, de manera que en tres años captaría 712,771.08 lempiras.
Esa cantidad supera en 165,771.08 lempiras los 547.000 lempiras que el gerente del IPP pretende que Guzmán acepte, de sus aportaciones al ente. Y si Guzmán viviese 10 años recibiría 2,375,903.60 lempiras, y en 20 años 4,751,807.20 lempiras.
Cumplir con la ley y pagar esas cantidades, no es lo que quieren los directivos del IPP, aunque es para lo que debe estar preparado el ente con reservas técnicas tras captar las aportaciones de afiliados y empleadores, transferencias estatales y el producto de las inversiones por 34 años hasta 2021, según los documentos conocidos por .
“Entonces, cabe la pregunta tan popular entre los hondureños ¿dónde está el dinero? para pagar las pensiones”, dijo a Criterio.hn el periodista y afiliado al IPP Gustavo Palencia.
Palencia, al cumplir 60 años y cotizar casi 29 años al IPP, presentó el 30 de octubre de 2019, su solicitud de pensión vitalicia, y al no recibir respuesta entregó una nueva petición el 20 de febrero de 2020, que también fue ignorada por los directivos del ente.
Este afiliado, ante el silencio administrativo del ente de pensiones, acudió al Ministerio Público a denunciar a los directivos del IPP.
SIN APOYO EN LA FISCALÍA DE LA TERCERA EDAD
“Una fiscal me dijo que recibieron una nota del IPP respondiendo a mi denuncia, pero que no me la podía entregar alegando que era para el Ministerio Público. Apenas me permitió leerla y lo que dice es que haga nuevamente la solicitud y que a lo que tengo derecho es al producto de mis aportaciones depositadas por ellos en el Fondo de Pensiones”, agregó.
“Pretenden apropiarse de mi pensión vitalicia, aunque aporté por casi 29 años al ente de previsión”, dijo Palencia.
Igual que en el caso de Guzmán, con Palencia los directivos pretenden evadir pagar una pensión mensual de 16,828.28 lempiras, que, en un año, con 14 pagos, suma 235,595.92 lempiras; en 5 años 1,177,979.60 lempiras, y en 10 años 2,355,959.20 lempiras.
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DEUDA INEXISTENTE
El caso más dramático es el de Turcios quien, en el 2017, al cumplir 73 años y habiendo cotizado más de 15 años, se presentó al IPP a pedir, en principio, la devolución de sus aportaciones, preocupado por las noticias de irregularidades en el ente.
Al no obtener respuesta, Turcios solicitó por escrito, el 30 de agosto de 2017 y el 22 de febrero de 2018, le fuera aprobada su pensión vitalicia por jubilación, que tampoco le respondieron.
A la fecha, el IPP no le ha dado ni su pensión vitalicia ni tampoco le devuelve sus aportaciones, basándose en todo tipo de argucias, entre ellas una supuesta mora en el pago de la membresía al CPH y una deuda con el IPP inexistentes, dijo Turcios.
El periodista, ante la falta de respuesta por parte del gerente Calderón y de Dagoberto Rodríguez, presidente de la Junta Directiva, acudió el 16 de abril de 2018 a denunciar ante la Fiscalía Especial de Protección del Consumidor y Adulto Mayor Edad, con la esperanza de que el Ministerio Público cumpliese con su obligación de tutelar su derecho a su pensión vitalicia.
Pero Turcios, en el Ministerio Público, chocó con la complicidad de fiscales que obviaron los documentos que presentó, sus aportaciones y la ley del ente que respaldan su reclamo de jubilación.
Dagoberto Rodríguez, llamado al Ministerio Público en su calidad de presidente del IPP, a mediados de 2018, fue a decir que Turcios tenía una deuda personal por lo que no tenía derecho a su pensión, lo que los fiscales creyeron a pies juntillas.
Turcios dice que la supuesta deuda de un préstamo personal, no puede existir, pues en el IPP como en otras instituciones financieras que otorgan créditos, se impone como condición al menos un fiador que responde por el pago en el caso de incumplimiento.
Turcios admite que pidió un préstamo al IPP y que lo pagó después de trabajar varios años en los diarios La Tribuna y El Heraldo donde le hacían deducciones por planilla. Asegura que le sirvió de fiador un hermano y que este nunca fue requerido para responder por deudas.
Pero los fiscales le dijeron que presentara una “solicitud de arreglo de pago”, para lo que le dieron un formato de solicitud, en el que asumía que tenía una deuda que estaba dispuesto a cancelar en cuotas del producto de su pensión, sin precisar monto, para que el IPP le otorgara la jubilación.
Se enteró después que le cobraban un monto por membresía de 12,100 lempiras, que no procedía por ser posterior a la edad de retiro y haber cotizado los 15 años establecidos por ley.
VIEJO Y CANSADO EN LUCHA POR SU PENSIÓN
Turcios, quien el 9 de octubre de 2021 cumplió 79 años, presentó ante el juzgado de Letras de lo Civil de Tegucigalpa una demanda para la devolución de sus aportaciones, que después modificó por el reclamo de su pensión vitalicia, según relató a Criterio.hn mostrando los documentos.
“Ya estoy viejo y cansado. He agotado todas las instancias legales durante casi cinco años en reclamo de la jubilación a la que tengo derecho, pero no se dignan en el IPP ni siquiera darme un documento que diga o que me otorgan la pensión o que me la niegan”, dijo desalentado.
Un abogado que ha estudiado la ley del IPP, explicó a Criterio.hn, que “en el caso de Ludovico se han cumplido los requisitos para el otorgamiento de la pensión, porque tiene más de 15 años de aportaciones y tiene la edad de 79 años”.
Las periodistas Vilma Gloria Rosales y Delia Mejía, ya retiradas, también demandaron en los tribunales desde 2017 al ente de previsión porque la pensión que se les otorgó está por debajo del monto legal.
El periodista Gustavo Palencia, que busca información sobre lo que ocurre en el ente de previsión hace seis años y que es uno de los perjudicados, dijo a Criterio.hn que “penosamente los directivos están por encima de la ley y los afiliados somos víctimas de un grupito de dirigentes del Colegio de Periodistas que son impunes”.
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LOS DIRECTIVOS DEL CPH ESTÁN POR ENCIMA DE LA LEY
Al ente de pensiones de los periodistas “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas” dice el decreto 59-2000 aprobado por diputados nacionalistas y liberales y ampliado en octubre de 2019 en el decreto 131-2019 por los mismos legisladores de esas agrupaciones políticas.
La negación de la jubilación a los afiliados, el no responder por años ante las solicitudes, y a lo sumo ofrecer e imponer la entrega parcial o total de las aportaciones colocadas en un fondo de pensiones del Banco Atlántida, al igual que otorgar pensiones por debajo de lo que establece la ley, plantea la pregunta sobre cuál es el destino de los activos y reservas del Instituto, dijo Palencia.
La negativa a otorgar a los afiliados su pensión de jubilación, cuando más la necesitan en su vejez, muestra que el negocio en el ente de previsión de los periodistas no es fortalecerse financieramente para cumplir con las prestaciones sociales que justifican su existencia.
Por actos de corrupción, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el Colegio de Abogados de Honduras y en otros entes de previsión, los miembros de las juntas directivas fueron investigados y, en algunos casos, condenados a penas de cárcel, mientras en el de los periodistas, pese a reiteradas denuncias, sus operaciones financieras y administrativas permanecen ocultas.
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