“Las ZEDEs deterioran la protección y tutela de los Derechos Humanos y su efectivo ejercicio, en cuanto al tema de territorio hay dos artículos en los que la ley de las ZEDE pone énfasis en el artículo uno sobre la inversión extranjera, es decir que está promoviendo que vengan inversores extranjeros con el fin de crear empleo y reducir estas desigualdades”, explicó Diana Servellón, de la Coalición Contra la Impunidad Honduras (CCIH).
Además, agregó que el artículo 25 estipula la expropiación de los territorios, “obviamente la ley dice que se puede expropiar y también se indemniza con respecto al valor del mercado, estos dos artículos son lascivos porque violenta la territorialidad de las comunidades, de los campesinos y las personas que son dueños de las tierras y que han trabajado por años directamente sus territorios al momento de constituirse una ZEDE en estas zonas”, puntualizó Servellón.
La CCIH rechazó en un comunicado público el mega proyecto económico y político que promueven las ZEDEs, impulsado por sectores de la élite política y económica vinculados al Partido Nacional (PN), entidad política partidaria que desde el 2010, siendo Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, haciendo uso del control sobre los tres poderes del Estado, reformaron de manera ilegal la Constitución de la República para aprobar la Ley ZEDE en el año 2013, instalándose en el escenario un peligroso proceso de desintegración del Estado y entrega del territorio al capital extranjero.
Por lo tanto las organizaciones pertenecientes a la CCIH sostuvieron que la instalación de las ZEDEs en el territorio nacional agudizará significativamente la crisis estructural como la mercantilización y privatización de bienes comunes y públicos, que ha desarticulado al Estado y debilitado sustancialmente la instituciones públicas encargadas de responder a las demandas y dar respuesta a los problemas que golpean a la población como lo son la migración, desempleo, pobreza, corrupción, crisis ambiental, violencia machista, racismo, narcotráfico, homofobia, entre otros.
El Estado se desliga en garantizar DDHH
Así mismo la técnica de la CCIH, Diana Servellón argumentó que un ejemplo es la ZEDE de “La Orquídea” ubicada en el Sur del país, que significa desligamiento del Estado en garantizar la salud, educación y todo lo que es la tutela de los derechos laborales.
“Vamos a ver que hay un establecimiento de las clases privilegiadas y también una forma de gobierno diferente que incremente las afectaciones de la criminalización y el hostigamiento a las y los líderes comunitarios, de organizaciones territoriales y también se va a crear una indefensión a cada uno de sus derechos, ya que el sistema de Justicia no va a responder ante la demanda de estas organizaciones por la creación de esta ley de las ZEDEs que va incrementar los conflictos socio ambientales”, subrayó, Diana.
La Coalición expresó que estas crisis se agudizarán en cinco vías:
1-En el sistema de recaudación fiscal autónomo, con grandes impactos en la recaudación de fondos para el financiamiento de la política pública.
2-Sistema judicial autónomo, que servirá como zona de refugio a sectores de la élite económica y política señalados por sus nexos a la economía del narcotráfico y corrupción.
3-Un sistema policial autónomo, mediante la instalación de fuerzas policías y de inteligencia en los territorios cercados por el capital internacional.
4-Sistema propio de registro de tierras, que despojará de sus tierras y bienes comunes naturales a cientos de comunidades indígenas, garífunas y agrarias que por siglos y décadas han ocupado esos espacios.
5-Un sistema político desconocedor de leyes nacionales y tratados internacionales, en materia ambiental, género, laboral, LGTBIQ, niñez, familia, entre otros.
De este modo la Coalición enfatizó que las ZEDEs no son el instrumento para generar empleo y combatir la pobreza, ya que estas iniciativas se instalarán en las zonas menos pobres y con bajos niveles de desempleo, por lo tanto preocupa que sean instaladas en las regiones con mayores capacidades económicas, abundancia de bienes comunes naturales, zonas turísticas, presencia de pueblos indígenas, principales zonas de reserva y áreas protegidas y, zonas territoriales controladas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Concluyeron, exigiendo al Sistema de Justicia declarar inconstitucional la Ley ZEDE y al Congreso Nacional derogar dicha Ley, y realizar un juicio político a los diputados que de manera ilegal reformaron la Constitución de la República en el 2013.
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