miércoles, 18 de agosto de 2021

HONDURAS / SEGUNDA DOSIS SPUTNIK ACAPARADA POR FUNCIONARIOS CORRUPTOS: DR. GIRÓN // FFAA DICE NO QUEMÓ CASAS Y DESALOJO FUE ORDEN DEL MINISTERIO PÚBLICO


Publicado: 18 Agosto 2021.- Tres meses tardó en llegar el segundo componente de la vacuna Sputnik V y, pese a la tardanza, quienes la esperaban todavía están en riesgo inminente debido al desacierto en jornadas con calendarios de vacunación por edades que dejan afuera a los menores de 75 años, pues el biológico arribó el sábado 14 de agosto y el 21 de agosto próximo se vence el periodo máximo de espera para 40 mil hondureños, incluyendo, periodistas.

Los adultos mayores desde 60 hasta 74 años denuncian que estarían en riesgo de perder la inmunización, porque las primeras 20 mil dosis que han llegado al país sólo se aplicarán a los mayores de 75 años, según comunicó la Secretaría de salud (Sesal).

Ante este contexto, el doctor en primera línea, Marco Eliud Girón, dijo a EL LIBERTADOR que las 20 mil dosis del “componente B” estarían siendo usadas para vacunar a activistas, familiares y funcionarios del Partido Nacional, por eso, la tardanza del proceso, además, recomendó que el antídoto sea aplicado en un solo día para evitar “la burocratización de la vacuna”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Pese a que el pasado sábado 14 de agosto arribaron al país 20 mil dosis del componente B de la vacuna Sputnik V, cientos de adultos de la tercera edad estarían a punto de perder la inmunización, incluyendo personal de medios de comunicación, esto debido a que la Secretaría de Salud (Sesal), estableció calendarios por edades excluyentes y sin ninguna otra solución para los menores de 75 años.

La institución sanitaria informó que el componente II de la vacuna rusa  se aplicará en tres días, únicamente a las personas mayores de 75 años empezando desde el jueves 19 de agosto, sólo si el último dígito de la identidad finaliza entre 0 y 4, el viernes 20 el dígito entre 5 y 9 y el sábado 21 para todos los dígitos anteriores.

Los adultos de 60 a 74 años  que quedaron fuera de rango de edad que prioriza Sesal, han manifestado su preocupación de estar a punto de perder la inmunización total al transcurrir los 90 días, -el plazo máximo y que se vencerá el próximo 21 de agosto para unas 20 mil personas de las 40 mil que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa-, entre los sectores de población que perderían la inmunización al no recibir la segunda dosis están los periodistas y personal público y no público del sector sanitario, pacientes renales y cuerpos de socorro.

Ante este contexto de incertidumbre y tardanza, el doctor Marco Eliud Girón avisó a EL LIBERTADOR que se podrán a disposición de la población pocas vacunas debido a que los “funcionarios corruptos que se vacunaron con la primera dosis, las estarían acaparando para ellos y sus familiares”.

“Lo que pasa es el Gobierno está enfrascado en actos de corrupción en el manejo de la vacuna Sputnik V, ese es el verdadero problema, que ellos quieren aplicarle la vacuna a sus familiares dejando por fuera a las personas de 60 años”, reprochó.

Girón apuntó que la tardanza de casi una semana en la aplicación, se debería a que están utilizando ese tiempo para clasificar a las personas que se las aplicarán, “pero no en base a lineamientos técnicos de la OMS, sino en lineamientos políticos”.

Ante este contexto de manipulación, limitación y burocratización de la vacuna, el galeno sugirió que lo más conveniente sería aplicar las 20 mil dosis en un solo día, para evitar que las destinen a funcionarios y activistas nacionalistas.

“Juan Orlando Hernández se jacta en Cadena Nacional que pone 45 mil diarias, entonces estas 20 mil deben de ser puestas en un solo día, a personas de la tercera edad no a funcionarios, familiares y activistas de alto rango del partido Nacional”.

Finalmente, el profesional de la salud sugirió que las personas que pierdan la inmunización -si las 20 mil dosis restantes no llegan a tiempo- , lo más recomendable será “iniciar un nuevo proceso de inoculación y esta primera quedaría como dosis adicional”.

Cabe recordar que el lote de 40 mil Sputnik V, arribó el pasado sábado 14 de mayo, como parte de un contrato por 4.2 millones supuestamente compradas por el Gobierno con fondos del pueblo hondureño, según ellos mismos anunciaron, pero EL LIBERTADOR revisó que jamás se publicó, no se subió al portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo mismo ocurrió con el contrato con Pfeizer por 4.4 millones de dosis, siguen es secretismo.

 http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3132-honduras-segunda-dosis-sputnik-acaparada-por-funcionarios-corruptos-dr-giron                         

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FFAA DICE NO QUEMÓ CASAS Y DESALOJO FUE ORDEN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Previo a publicaciones de quema de casas y desalojo de pobladores asentados en Wampusirpe, la Mosquitia, EL LIBERTADOR consultó acerca del suceso al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, y subrayó que la Fiscalía de Etnias solicitó que los grupos indígenas pusieran una denuncia, para luego proseguir con la investigación y revisar si en verdad hubo violencia, además, se dijo a este periódico que la Fiscalía del Ambiente estaba de acuerdo con el desalojo.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, José Coello, platicó con EL LIBERTADOR para aclarar que no hubo quema de casas en el desalojo o “desmontaje” de viviendas de personas asentadas en Wampusirpe, sin embargo, desconoce cuántos son los afectados de la acción judicial, ni dónde se reubicarán, ni quiénes son o el porqué estaban en esa zona.

Por su parte, el defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, calificó de incorrecta la forma de sacar a los pobladores, pues, aunque estaban en una zona protegida Tawahka, merecían un trato humano, son personas con derechos y, entendiendo ese marco legal, debieron desalojarse, luego de explicarles que se fueron a vivir a un lugar inhabitable por ley.

Redacción Central / EL LIBERTADOR.

Tegucigalpa. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), José Coello, aseguró que el pasado 11 de agosto se realizó un operativo de “desmontaje” de estructuras de madera, es decir, las casas que fueron construidas en la reserva antropológica del valle de Kara,  Wampusirpe, la Mosquitia, en la comunidad Tawahka, sin embargo, aclaró que jamás se quemó alguna y, que, el video de fuego a una vivienda que trascendió en los medios de comunicación fue confundido con “la incineración de un narco laboratorio en Colón”.

“Le puedo decir que ahí no hay casas quemadas, más bien quedamos asustados” y, señaló que no se menciona que esa acción fue ordenada por el Ministerio Público (MP), Fiscalía del Ambiente e Instituto de Conservación Forestal (ICF), además, dijo que realmente no participó las FFAA, sino que lideró el Comité Interinstitucional del Ambiente y también participó la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional (PN), también con el acompañamiento de representantes de derechos humanos y de los Juzgados de Letras del departamento de Gracias a Dios.

Coello defendió a las FFAA, destacando que “el desmontaje de las estructuras de madera”, se debió a que en la Reserva Antropológica del Valle de Kara “no se permiten asentamientos humanos” y, que, “eran siete objetivos pero sólo tres fueron quitadas”, según, comentó no eran familias las removidas pero desconoce a qué sector se reubicaron estas personas que fueron sacadas de esa zona protegida.

En ese contexto, este rotativo consultó si se han realizado las mismas acciones de desalojo contra la “ganadería ilegal” denunciada por forestales y comunidades misquitas, pero Coello limitó que “eso debe hacerse mediante investigaciones del Ministerio Público, nosotros no podemos capturar ni ejecutar acciones si no tenemos una orden judicial”, justificó que “solo participamos cuando hay un dictamen, sino nos volvemos violadores de derechos humanos” y, que “nos competen temas de seguridad, no tengo el número exacto de detenidos por caza, pesca ilegal, ni de armas decomisadas”.

Al respecto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, apuntó que los grupos miquitos son permanentemente asechados y “siguen siendo víctimas del abuso de autoridad”, pese a que la viviendas en esa zona pueden utilizarse de forma ilícita y se han desmantelado pistas clandestinas en esas áreas, pero reflexionó que “la dignidad humana debe respetarse”.

En las viviendas de tablas de madera vivían familias humildes, por tal razón, observó que “la ley siempre sigue picando (mordiendo) al descalzó y claro que hubo violencia”, pues se constata en los videos que recorren los medios locales y las redes sociales –Manifestó.

Para Maldonado fue sorprendente que el video fuera reciente, porque aunque consultaba nadie podía confirmárselo y, además, comentó que al parecer en el desalojo participó un integrante de derechos humanos, pero que los misquitos y demás pueblos deben estar protegidos bajo el tratado 169.

"Nosotros sí vimos un desalojo forzoso, extremo, a tal grado que a algunas viviendas les prendieron fuego, porque estaban a la orilla de la cuenca", señaló el defensor, a su vez compartió su apoyo al presidente del Consejo Territorial Pakimasta, Gustavo Cárdenas, quien se preguntó el motivo del desalojo en Wanpusirpi y, anunció, que presentará una denuncia formal.

Cabe destacar que el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, señaló ante EL LIBERTADOR que la Fiscalía de Etnias solicitó que los grupos indígenas pusieran una denuncia, para luego proseguir con la investigación y revisar si en verdad hubo uso de violencia, por su parte, la Fiscalía del Ambiente estaba de acuerdo con el desalojo.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3131-honduras-ffaa-dice-no-quemo-casas-y-desalojo-fue-orden-del-ministerio-publico

 

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