Pese a que las Naciones Unidas declararon está detención como arbitraria debido a que no se cumplen las normas internacionales relativas al derecho de un juicio imparcial, el MP sigue actuando contra los defensores y ahora quiere extender la prisión preventiva, denunciaron las organizaciones de derechos humanos que apoyan a los recluidos.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), pidió al Estado de Honduras impedir el uso del sistema judicial hondureño para criminalizar a los defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, a quienes las autoridades judiciales han negado el derecho de la defensa en libertad.
Carlo Jiménez, quien forma parte de los abogados defensores en este caso de Guapinol, dijo que han presentado un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando que declaren sin lugar la petición de medidas que ha presentado en MP contra los defensores.
Ya sabíamos cuál era la intención del MP y de la acusación privada particularmente, esto responde a los intereses de la empresa, sin embargo, no van a poder demostrar que los acusados sean culpables de los delitos que se les están acusando y por ende están utilizando el proceso penal como castigo, explicó Jiménez.
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Esto es una medida de presión y ataque para las comunidades que se resisten a los intereses extractivos, es por ello que sin duda iban a presionar para ampliar la prisión preventiva por seis meses más, pero como defensores hemos aprovechado este proceso penal para manifestarle a la CSJ que no existen elementos para justificar está ampliación y sobre todo nunca se justificó la imposición de las medidas de prisión preventiva, detalló el abogado.
Para Jiménez, el MP actuó de manera ilegal, además hay resoluciones internacionales que manifiestan que estás detenciones se hicieron de manera arbitraria y se han presentado solicitudes por escrito de organizaciones de derechos humanos que acompañan los defensores de Guapinol y exigen la liberación inmediata por la arbitrariedad a la que han sido sometidos.
Se exhorta a los magistrados de la CSJ y en particular a los de la Sala Penal para que analicen con la consciencia y sobre todo en base a la ley los hechos ocurridos, antes de tomar una resolución, concluyó el profesional del derecho.
Los defensores, que se oponen al proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, de la pareja empresarial, Lenir Pérez y Ana Facussé, yerno e hija, respectivamente, del fallecido empresario Miguel Facussé Barjum, fueron inicialmente acusados por los delitos de usurpación, daños, asociación ilícita y robo. Ahora se enfrentan a la justicia por incendio agravado, daños y privación injusta de la libertad.
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