Yesenia Orellana y Luis Tejada, fueron condenados en el Tribunal de Sentencias de Comayagua, por el delito de usurpación, que los ha mantenido criminalizados por tres años por estar en proceso de recuperación de un pedazo de tierra para darle una mejor vida a sus hijos.
Ante este hecho, COFADEH solicitó la suspensión de la pena, misma que fue aceptada, porque la pena por el delito de usurpación es menor a cuatro años.
Cabe señalar que los campesinos acuden a firmar periódicamente desde hace tres años a los juzgados de La Paz.
La abogada Karol Cárdenas, del área de acceso a la justicia del COFADEH, expresó que el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Comayagua en culminación de juicio oral y público, condena a dos años de reclusión a los señores Yesenia Orellana y Luis Tejada, quienes son defensores de la tierra y miembros del Grupo Campesino 8 de febrero, esto es a raíz del proceso penal que les abrió el Ministerio Público a estos defensores de la tierra, solo por exigir un derecho constitucional, como es el derecho a la petición.
Además señaló que “el COFADEH, quien es el representante legal de los referidos defensores , solicitó al Tribunal de Sentencia se suspendiera la pena en virtud que en el transcurso del juicio, se logró acreditar que tanto Yesenia Orellana como Luis Tejada no tiene antecedentes penales, no son personas peligrosas, por lo tanto son sujetos de obtener ese beneficio, mismo que fue accedido por el Tribunal, encontrándose en el estado actual, la suspensión de la pena”.
“Esto implica que ellos ya no seguirán cumpliendo con la medida sustitutiva de ir a firmar al tribunal, lo cual han venido haciendo desde el año 2017 a la fecha, hecho que les ha incurrido en gastos económico”.
La apoderada legal del Cofadeh indicó que se está viviendo una situación de pandemia, cual ha afectado económicamente a nivel nacional, como la salud, todo esto viene a ahondar esta situación.
Señaló que a los campesinos se le está negando este derecho de acceder a la tierra, y además se les está criminalizando por ejercer este derecho.
En Honduras se persigue, se criminaliza a campesinos y campesinas por el hecho de estar en recuperación de un pedazo de tierra para el sustento de su familia; además ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, ya que la economía ha bajado y el campo solamente les da para medio vivir.
https://www.defensoresenlinea.com/cofadeh-logra-libertad-absoluta-de-campesinos-de-empresa-asociativa-8-de-febrero/
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Con control territorial pretenden despojar a comunidad indígena en Olancho
Tanto la comunidad como sus habitantes se han visto amenazados, ya que un empresario maderero se quiere apropiar de su territorio; ha amenazado a las personas y las ha puesto en riesgo, debido a que ha colocado una cadena evitando así la libre circulación de los habitantes de al menos seis comunidades.
Para acceder a estas comunidades solamente hay una entrada y una salida, no existe señal de teléfono de ninguna compañía, eso agudiza más la situación.
Los pobladores han denunciado también que les limitan el paso y que tienen problemas a la hora de una emergencia o cuando les toca sacar un enfermo.
Ante la situación de la comunidad Nahua, Donald Hernández, director ejecutivo del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), señaló que “en Olancho una comunidad que ha sido violentada en sus derechos humanos, especialmente en ambiental, se les está violentando el derecho a la libre locomoción, cuando un empresario maderero ha aparecido con títulos de dominio territorial”.
Indicó que el empresario ha colocado una cadena y hombres fuertemente armados desde el finales del mes de enero hasta la fecha, sometiendo a las poblaciones que está en ese territorio, donde sus habitantes han sido tolerantes, al esperar que sea la autoridad, la institucionalidad del estado la que les ayude.
“A casi siete meses de esta situación, hemos acompañado a los líderes de Cuaca al Ministerio Público, a la Fiscalía de las Etnias a presentar la denuncia, ha habido compromiso, donde la fiscalía se comprometió para mandar investigadores para documentar los hechos, y hasta el día de hoy no han aparecido, pero si han venido funcionarios de la policía a amedrentar y de allí hay órdenes de captura, hay una criminalización contra los liderazgos para meter miedo a la población y seguir intimidando a esas poblaciones, que lo único que piden es su libre locomoción en este momento”, añadió.
La comunidad queda a tres horas más o menos de Gualaco, en una zona boscosa, donde entre la comunidad y el municipio casi no se encuentran poblaciones, no hay señal de teléfono de ninguna empresa, y a tres kilómetros de la aldea, hombres con escopetas, sin mayores identificaciones, piden que la gente desaborde de sus vehículos, exigiendo documentación para poderlos dejar pasar.
El director de CEHPRODEC dijo a defensoresenlinea.com que la gente ha denunciado y que les ha dicho que a ciertas hora es casi imposible transitar por la zona, debido a la cadena que han impuesto.
“Nos dicen que hay horas de la noche en la que es prohibida la locomoción y es un estado de sitio prácticamente”.
Para abordar esta problemática, en la comunidad de Cuaca se realizó una reunión con las autoridades municipales, donde la comunidad los ha confrontado y ellos han dicho que, aunque se han enterado de esta problemática, no han podido y no están obligado a actuar de oficio, cosa que el pueblo no se las ha aceptado.
Adema señaló que en la reunión realizada el pasado 5 de agosto de 2021, el alcalde manifestó que no hay ningún permiso de operación otorgado por la Corporación Municipal para la empresa forestal en la zona, allí hay ilegalidad y hay que investigarla.
“Estamos casi seguros que esos guardias que obstaculizan la libre locomoción están sin permiso de la comunidad para la portación de armas, entonces, solo es cuestión de que la autoridad decida venir y hacer la investigación que corresponda”.
Por su parte José Clara Oliva, quien tiene más de 70 años de vivir en la zona, señaló que no han estado de acuerdo por ningún motivo, porque hay mucha gente que tiene que salir y solamente hay una entrada y una salida.
“Esa cadena nos afecta, porque con gente armada uno corre peligro para poder pasar por allí, ya sea de día o de noche. Nosotros ya tenemos que tener precaución para poder salir con algún enfermo, con alguna persona grave, porque ahí es la entrada y salida, y obligatoriamente tenemos que pasar por ahí”, denunció.
La distancia entre la comunidad de Cuaca y el municipio de Gualaco es de aproximadamente de dos horas y media, hasta tres, según el estado en que se encuentre la carretera.
Oliva denunció que fue amenazado por el empresario Nery Murillo cuando acudieron a un lugar a evitar que sacaran madera de un sitio perteneciente a la comunidad.
“El vino a la casa donde yo vivo, me dijeron que me iban a llevar preso, porque estábamos estorbando y deteniendo los camiones, por esa razón fuimos amenazados y me dijeron que si no me presentaba a Catacamas , me iban a llevar a la cárcel”.
Agregó que ellos son nacidos en la aldea y ha pasado de generaciones, “nosotros somos nativos de aquí, mis padres anciano y todos hemos vivido aquí, hasta el momento hemos vivido bien, solamente este problema que ellos se han apoderado de tierras que no les corresponden”.
José Mejía, quien vive en Lagunitas, otra de las comunidades afectadas por la colocación de dicha cadena que obstruye la libre circulación de personas, señaló que la situación le afecta de varias maneras.
“En primer lugar está la cadena, en segundo están invadiendo mi propiedad, que dice que es de él y a mí no me ha comprado nadie, y la afectación mía es que tiene un título e iban a sacar un bosque” .
“El hombre fue y dijo que la propiedad no era mía si no que era de él, ha ido con autoridad y con hombres armados, me quiere despojar, él dice que me dado donde hiciera yo una casa, pero tengo 78 años y nunca había visto a ese hombre, hasta ahora que nos quiere sacar de nuestras propiedades”, agregó.
Son mucho los testimonios y múltiples denuncias que se han interpuesto en contra del empresario maderero Nery Murillo, que quiere despojar a los campesinos para la extracción de resina y corte de madera para su beneficio, y desplazar a las comunidades que, además, es una comunidad indígena Nahua que ha habita en la zona por más de 200 años.
El profesor Rafael Ulloa, líder ambiental en la zona, señaló que si las autoridades municipales pasaran todos los días por la comunidad se darían cuenta de todo lo que está pasando, y no esperarían a que otro fuera a denunciar para poder actuar, y que el día de mañana sea asesinado o criminalizado.
Agregó que “no sé porque está este señor poniendo una cadena, cuando yo vine en el 97 aquí a política, no existía esta carretera, quien la hizo fue don José Oliva, él era el presidente del patronato y con una cooperativa más los fondos de la municipalidad se construyó, no lo hizo Nery, por consiguiente él no tiene ninguna autoridad sobre esa carretera”.
El profesor Rafael señaló además que el problema puede que no acabe con la colocación o la suspensión de la cadena, “eso va para más, si el día de mañana a ese señor se le antoja decir que va amontar una Zede simple y sencillamente los va a desalojar a todos, esa es la verdadera realidad.
Entre las comunidades afectadas están: Lagunita, Aguacatal, Cerro Azul, Cuaca y San Antonio.
Cabe mencionar que el empresario maderero quiere desplazar a las comunidades para su propio beneficio, la extracción de resina y el corte de árboles, donde los principales afectados son los habitantes de dichas comunidades.
En Honduras es común que los defensores y defensoras de los bosques y de los bienes comunes sean criminalizados al realizar la defensa de los mismos, para beneficiar a los grandes empresarios que solo buscan el beneficio propio y no el de las comunidades.
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