“Tras revisar la evidencia disponible, hemos comprobado que Jhony está acusado de delitos que no cometió. Es víctima de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada. Las autoridades hondureñas no sólo deben retirar los cargos contra él, sino también identificar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de violar sus derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional documentó el caso de Jhony Salgado en el informe Prohibido Protestar, uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras, publicado en 2018. La organización concluyó que existen serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que sostiene la acusación contra Jhony Salgado.
En 21 de diciembre de 2017, la policía detuvo arbitrariamente a Jhony Salgado en su propia casa, donde se encontraba con su familia. El Ministerio Público abrió un proceso penal en su contra basado en una prueba ilegal fabricada por quienes lo detuvieron, que le acusaron de portar un arma y hacer uso indebido de indumentaria policial en una protesta a la que ni siquiera asistió.
Jhony estuvo más de cuatro meses en prisión. Quedó en libertad el 25 de abril de 2018, a la espera de juicio, que comenzará el próximo 10 de agosto. De ser declarado culpable, Jhony Salgado enfrentaría una pena de prisión.
El Ministerio Público presentó acusación contra cuatro policías presuntamente responsables de los delitos de abuso de autoridad y allanamiento en la casa de Jhony, pero una jueza decidió que no existían suficientes elementos para seguir el caso y lo cerró. La abogada de la familia de Jhony apeló la decisión de la jueza, un recurso que aún está pendiente de resolver.
En la carta, Amnistía Internacional insta al Ministerio Público a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de Jhony Salgado, lo que incluye:
Garantizar el acceso a la justicia con la debida diligencia, por lo que la investigación a cargo del Ministerio Público debe ser independiente, imparcial y exhaustiva
Garantizar los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la libertad y a la integridad personal del señor Jhony Salgado;
Revisar inmediatamente los dos expedientes penales en los que Jhony Salgado figura como agraviado y acusado, y que, con base en ello, se desestimen los cargos penales en su contra;
Retomar la investigación penal para identificar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de su detención arbitraria y posterior persecución penal infundada;
Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas contra el señor Salgado.
La jornada lleva como objetivo resaltar la importancia de las comunidades originarias para la comunidad internacional y para cada país en particular, tomando en consideración la riqueza cultural que aportan los más de 5.000 pueblos indígenas que habitan en unos 90 países del mundo, con más de 370 millones de integrantes.
Este 2021 es importante conocer ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe, en el contexto de la pandemia? y ¿Qué retos enfrentan?
Abandono gubernamental
El consejero mayor del Consejo Indígena de Perú, Benito Calixto Guzmán, el director de asuntos internacionales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (Inpi), Saúl Vicente Vázquez, y el integrante de la Red de Juventud Indígena de Brasil, Rayanne Máximo; coincidieron en identificar la falta de atención de los Gobiernos en el punto neurálgico de los problemas enfrentados por los pueblos originarios en la región.
El abandono gubernamental generalizado en Latinoamérica y el Caribe incrementa las desigualdades sociales y económicas y la discriminación, que a su vez constituyen la herencia histórica de los pueblos originarios en el área.
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También se ven afectados por la explotación de sus tierras y recursos naturales, deforestación y contaminación, y registran un aumento de casos de violencia en sus territorios, como asesinatos de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con alta incidencia en países como Colombia y Brasil.
Deficiente atención sanitaria
Según Calixto Guzmán, Vicente Vázquez, y Rayanne Máximo, la pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia, de manera fundamental, la falta de personal médico y unidades de salud que aqueja a los pueblos originarios latinoamericanos.
Coincidieron en remarcar que los índices de letalidad van en aumento, enfatizando en los casos de Brasil, México y Perú como los más afectados.
Por otra parte, el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), Álvaro Pop, expresó recientemente: “Urge que los Estados garanticen la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los Planes de Acción nacionales para coordinar el trabajo local y nacional con procesos de consulta que prevengan el impacto de la post pandemia en las comunidades indígenas”.
Acciones frente a la Covid-19
La realización de campañas de difusión y prevención en diferentes lenguas indígenas, la creación de Sistemas de Monitoreo de Casos, el cierre de fronteras y la búsqueda de apoyo financiero para garantizar alimentos e insumos médicos, se encuentran entre las acciones que los pueblos indígenas han desarrollado, a nivel comunitario, para hacer frente a la pandemia.
Se cuentan también entre estas iniciativas, la promoción del consumo de alimentos propios de los territorios, la recuperación de la medicina tradicional y el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia, entre otras.
Sin embargo, es importante que los Estados implementen programas, planes y acciones para garantizar el derecho a la salud de todos los pueblos indígenas, a la par del logro de otros objetivos, como la educación de calidad, igualdad de género, hambre cero, agua limpia y saneamiento, medio ambiente, que también afectan a los pueblos indígenas, más aún en esta situación de pandemia.
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