Pero estos valores no son los que actualmente aplican las autoridades del régimen frente a la crisis humanitaria que sufren centenares de ciudadanos y ciudadanas originarias de Haití, Cuba, y países africanos como El Congo y Ghana, entre otras nacionalidades.
Desde hace varios años, el tránsito de haitianos por territorio hondureño se ha incrementado debido a condiciones de extrema pobreza en su país de origen, la inestabilidad económica y social y los desastres provocados por huracanes y terremotos, que los están obligando a huir de la pobreza, la violencia y la exclusión.
En su larga travesía desde países de América del Sur como Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, las familias haitianas que emigran, han denunciado ser víctimas de extorsión, violaciones sexuales, vejámenes, malos tratos, racismo, persecución policial, altos cobros en los hospedajes y alimentos, y elevadas tarifas en dólares para obtener un salvoconducto, entre otras penurias.
El capítulo II de la Ley de Migración y Extranjería de Honduras estipula infracciones y sanciones a propietarios de hoteles y pensiones por alojar a extranjeros sin el registro correspondiente y por no brindar información sobre los huéspedes (artículo 102).
Las empresas de transportes nacionales o internacionales, aéreos, marítimos o terrestres, serán sancionadas por transportar extranjeros sin su respectiva documentación migratoria (artículo 103).
El artículo 106 referente a la no afectación de los tratados y convenios vigentes, expresa que “la presente ley no afectará los tratados y convenios existentes, ni los derechos e inmunidades de los representantes diplomáticos y consulares de acuerdo con el derecho internacional”.
Sobre estos artículos nos habla, uno de los pocos sacerdotes de alto rango de la Iglesia católica que está comprometido, a través de su trabajo pastoral, con los migrantes que atraviesan el territorio hondureño y que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad.
Se trata del Obispo de la Diócesis de Danlí, José Antonio Canales, quien ha transformado en refugio, los salones parroquiales tanto de la ciudad de Danlí como del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, para albergar y dar alimento a centenares de haitianos y de otras nacionalidades que ingresan desde el vecino país de Nicaragua.
El Obispo Canales, aparte de representar un alto cargo dentro de la Iglesia Católica es además profesional del derecho. En ese sentido dijo a www.defensoresenlinea,com que entiende que existe la Ley de Migración y Extranjería y que en sus artículos del 101 al 105 habla de las infracciones y de las sanciones a empresas de transporte, dueños de hoteles y pensiones que den albergue a estas personas ilegales.
“Pero nosotros como iglesia apelamos a que la misma ley en su artículo 106 habla precisamente de que esa ley no puede transgredir los acuerdos, y en este caso interpretamos acuerdos internacionales que Honduras ha suscrito, entonces si se quiere aplicar la ley sería totalmente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Honduras firmó el 10 de diciembre de 1948. Entonces ahí hay un choque de la ley con esta declaración universal”, expresó.
Es así, detalló monseñor Canales, “que nosotros hemos pedido, que en vista de la situación actual del empobrecimiento del mundo por la pandemia, estos artículos que hablan de sanciones, de transgresión de la ley en el cruce de las fronteras de forma ilegal, sean reformados o que puedan ser incluso derogados o al menos inhabilitados temporalmente”.
El Obispo de Danlí, indicó que “nosotros como iglesia nos sentimos exentos de la sanción que dice la misma Ley de Migración y Extranjería porque no habla de personas particulares que den cobijo, no habla de instituciones tampoco, sólo habla de transportistas y dueños de hoteles y hospedajes. Entonces nosotros como iglesia no podemos bajo los valores más profundamente cristianos; quedarnos de brazos cruzados cuando hay personas que están sufriendo”, subrayó el Obispo de las Diócesis de Danlí.
Canales finalizó diciendo que las autoridades deben recordar que dentro del pueblo hondureño, hay miles de ciudadanos y ciudadanas que se han ido del país en las mismas condiciones que las de los haitianos, caribeños y africanos hacia el norte, “sabiendo las penurias, vejámenes y atropellos que han recibido nuestros compatriotas, consideramos definitivamente desleal que actuemos de la misma manera con hermanos y hermanas que van cruzando por nuestro país, especialmente esta oleada de migrantes en este momento”.
Se han conocido denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en la zona, que agentes policiales y militares, amenazan con sancionar a ciudadanos o ciudadanas de buena voluntad que brinden transporte a los migrantes.
Si alguien le da “jalón” a los migrantes es bajo el riesgo que la policía le decomise el vehículo y aplique una multa hasta de cinco mil lempiras, por esa razón es común ver grupos de haitianos caminando 80 kilómetros entre Trojes y Danlí, trayecto en el que son asaltados, extorsionados, engañados, y chantajeados, detallan las denuncias.
Saúl Montes es docente de educación media, agente pastoral de la iglesia católica y defensor de los derechos humanos que reside en el municipio de Trojes.
Montes expresó que “la migración de nuestros hermanos haitianos se produce por la pobreza extrema en la que viven en su país, la falta de atención de los gobiernos y la crisis política que actualmente está viviendo Haití; es por esto por lo cual ellos han decidido migrar hacia otros países buscando otra manera de sobrevivir”.
Estamos con los brazos abiertos para atender a cada uno de estos hermanos migrantes haitianos, así como de otros países como Venezuela y Cuba, pero el grupo más fuerte que atendemos es el de los hermanos haitianos, dijo.
Montes calificó como una vergüenza el trato grosero que agentes policiales que patrullan el corredor fronterizo con Nicargua, brindan a los migrantes.
No puede ser que ellos se porten de esa manera en lugar de darles seguridad. Yo podría decir que es una extorsión porque tenemos testimonios de muchas personas que cuentan, cómo la policía les pide dinero para poder pasar, cuentan cómo la Policía les cobra dinero para poderlos transportar hacia El Empalme, Jamastrán, sostuvo el defensor de derechos humanos.
“La Iglesia aquí en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trojes, está desarrollando un papel muy importante, a esto agregamos el amor que nosotros, como miembros de la iglesia Católica le tenemos al prójimo. Es por ello que estamos ayudando a albergarlos, para que por lo menos tengan un techo donde permanecer protegidos de la lluvia, el sol y un lugar donde puedan descansar”, detalló.
La situación social y política se ha tornado cada vez más difícil en Haití, cuando el pasado 7 de julio el presidente Jovenel Moise, fue asesinado por un comando armado compuesto por militares colombianos y haitianos.
En perfecto español, uno de los ciudadanos haitianos que permanece temporalmente en los salones de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trojes, dijo a www.defensoresenlinea.com que decidió migrar hacia Estados Unidos “porque primeramente nosotros no tenemos presidente, todo mundo lo sabe y es por eso que nosotros hemos salido para mejorar nuestra situación”.
Consultado acerca de las vicisitudes por la que ha atravesado al igual que centenares de sus compatriotas, el joven haitiano expresó que el camino ha sido muy difícil, nosotros sufrimos mucho al entrar en Colombia, caminamos mucho por los montes.
“Hemos pasado 8 países para entrar aquí a Honduras. Hemos sufrido porque a veces no encontramos comida, sufrimos frío y muchas cosas”, comentó.
Los haitianos que permanecen refugiados en el centro pastoral esperan recobrar fuerzas para proseguir una travesía incierta por Honduras y lograr llegar hasta Estados Unidos.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, se refirió al tema de los migrantes haitianos durante la presentación el pasado 16 de julio del proyecto “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras”, cofinanciado por la Unión Europea y la Asociación de Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza HEKS/EPER, desarrollado en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.
Bertha Oliva expuso que el Ministerio Público (MP) debería estar actuando de oficio frente a los abusos que las autoridades policiales y de migración cometen en contra de los migrantes haitianos, así como contra hondureños y hondureñas que brindan socorro a los extranjeros y no esperar una denuncia al respecto.
“En el caso específico de los haitianos, como COFADEH, haremos una denuncia cuando tengamos todos los aspectos documentados, para poder ver inclusive cuáles son los artículos de la Constitución y cuáles los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se están violentando para hacer la presentación de la denuncia”, explicó.
Tenemos que ir desmontando esa política de estado que atenta contra los derechos humanos, porque migrar no es un delito, es un derecho humano, subrayó la Coordinadora General del COFADEH.
El evento contó con la participación de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas de varios medios de comunicación de la zona, docentes y autoridades del régimen, entre ellos, el Gobernador Político de El Paraíso, Samuel Antonio Urrutia y la delegada de la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Vivian Desiré Mayorquín.
Sobre los abusos de la policía, el Gobernador Político de El Paraíso, Samuel Antonio Urrutia, quien es médico de profesión, denunció que hace varios días, mientras trasladaba en su vehículo, a una mujer haitiana en estado de embarazo que necesitaba atención médica, fue abordado por agentes policiales que le advirtieron que podría enfrentar cargos por tráfico de ilegales.
La denuncia de este funcionario, viene a confirmar los abusos que agentes del estado de Honduras cometen en contra de los y las migrantes y contra la ciudadanía de buen corazón que ofrece ayuda a los necesitados.
En abril de este año, un grupo de migrantes haitianos denunció que fueron víctimas de abusos por parte de autoridades y de traficantes de personas en varios países de América del Sur, desde que su travesía dio inicio en Chile en 2017.
En ciudades de la zona sur como Choluteca, los migrantes incluso han experimentado la represión policial, en un intento por frenar su trayecto hacia Estados Unidos.
Los haitianos afirmaron que son extranjeros, pero no ilegales y que su travesía obedece a las condiciones precarias que existen en Haití, como consecuencia de una crisis política, social y económica, agravada con el asesinato del presidente Jovenel Moise.
Han recorrido 8 países latinoamericanos y su sueño es llegar a Estados Unidos de América. Se estima que cada día ingresan a Honduras 400 personas procedentes de Cuba y Haití, aunque también hay de países africanos como Costa de Marfil, Ghana y Senegal.
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