Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Foro Social para la Deuda Externa y de Oxfam decía que el extractivismo tiene amenazado el suelo de 156 municipios con 540 concesiones mineras. Escuchó bien: 540 concesiones en 156 municipios, póngale la pluma. Además, dice el estudio que 100 municipios tienen sus ríos acuchillados con 307 concesiones para producir electricidad, supuestamente.
Los pueblos indígenas, que existen aquí hace miles de años, mucho pero muuuucho años antes que los Atala, los Facussé y todas esas etnias operarias del poder actual, sufren el despojo de sus territorios ancestrales. Las diez nacionalidades miskitas, tawahkas, tolupanes, nahuales, lencas, mayas, chortís, garífunas y Pech, son verdaderamente valientes al resistir el saqueo y la estupidez de delincuentes con dinero, policías y chafas.
Con la violencia de leyes impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como esa del medio ambiente, del ordenamiento territorial y de la propiedad, han destruido los títulos comunitarios y encerraron a los indígenas en reservas como han hecho los supremacistas blancos en Estados Unidos o los sionistas en Gaza.
El estudio sobre las concesiones que referimos antes, indica que dentro de las zonas de los indígenas hondureños o alrededor de sus linderos, la dictadura golpista ha entregado 137 concesiones para minería sucia y para represas mata ríos. A nadie le consultaron, como ordena la convención de los pueblos indígenas y tribales. Eso nos vale riata dice el Cohep y los banqueros.
Los lencas, por ejemplo, herederos del Señor de la Montaña, el Tata de la Sierra, tienen clavadas 34 concesiones adentro de sus contornos en Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara, reino de las tribus que dirigieron la resistencia contra la colonización europea en el siglo 14. Y otras 23 concesiones criminales cerquita de sus límites.
Berta Cáceres luchaba contra esas concesiones entre 1995 y 2016, cuando los programas de ajuste estructural y el modelo narcotraficante abrieron las puertas a la destrucción del país, bajo la dirección del capital transnacional imperialista, que destruye el planeta con su furia infinita.
Ahora que el juicio a David Castillo muestra a la familia Atala, a las Fuerzas Armadas, la secretaría de inseguridad, los bancos Ficohsa y banco centroamericano, como los actores del crimen desde la concesión de DESA, nadie puede dudar que las represas de ríos y la masacre de los territorios mineros son negocios del crimen organizado dirigido por la dictadura.
El pueblo Tolupán, por ejemplo, víctima de la criminalización, de incendios y represiones de los chepos en los últimos días y desde la colonia, en Yoro y Francisco Morazán, es un pueblo afectado con 24 concesiones extractivas en su territorio. Todos estos siglos los tolupanes cuidando robles, pinos, arces, caobas y cuábanos, para que unos malinches sin padre ni madre entren con violencia a calcular metros cúbicos de pisto, unas cuantas libras de oro y otros metales, destruyendo la Casa Madre sin escrúpulos. Felicitamos al Movimiento amplio por la dignidad y la justicia por acompañar esta lucha, igual que lo hace con el pueblo de Azacualpa en Copán.
La fiebre del crecimiento económico infinito ha metido al neoliberalismo en el centro del huracán del cambio climático, afectando a las familias más vulnerables que habitan las zonas altas y las zonas bajas. Este modelo insaciable es responsable de las inundaciones, deslizamientos, de las sequías y de las plagas. Los mineros y los represores de ríos son ellos mismos una plaga contra el desarrollo de los pueblos. Ellos son el virus de este narco modelo que ahora lleva al Tigre Bonilla hacia una corte extranjera, porque el sistema nacional no fue capaz de juzgarlo aquí por impulsar la criminal minería a cielo abierto en el occidente de Honduras.
Con leyes penales represivas, con asesinatos y encarcelamientos de líderes ambientales y defensoras de derechos humanos, las fuerzas militares locales y extranjeras asociadas con piratas nacionales y extranjeros, sustituyen bosques y selvas por pastizales y cultivos de drogas. Lempira, Olancho y Gracias a Dios son ejemplos vivos. Este modelo de sustitución tiene a Honduras gimiendo por las sequías en el sur y por las inundaciones en el Norte.
El poder judicial de la dictadura de Chinchilla y Argueta, esos dos cipotes irresponsables de Santa Rosa y Lepaera, amigos del dictador, está de espaldas a las maravillosas personas que defienden el agua, el espectro radioeléctrico, los nacimientos de ríos y los territorios de la biodiversidad. Están de espaldas al campesinado que produce el 80 por ciento de la comida que llega a los mercados de los pueblos y ciudades.
Los indígenas, campesinos y defensores ambientales, defensores de la vida y de la libertad en sus comunidades, son héroes y heroínas de este pueblo. Han resistido con las uñas un modelo criminal armado para imponer la voluntad de los cárteles transnacionales de las Zedes, de las minas y de las drogas. Esta noche hacemos una vez más homenaje a ellos y a ellas, por su ejemplo de coraje.
La justicia para estos prisioneros políticos defensores de la vida y de la libertad durante estos últimos 10 años no existe, ella existe como vemos para los corruptos y para los asesinos del régimen ladrón del Seguro Social, de los hospitales y de las vacunas.
Un país así, que no es capaz de investigar y sancionar a los que rompieron la Constitutción en 2009 y en 2017, no tiene fuerza para investigar y sancionar a los Atala que pagaron el asesinato de Berta o a Juan Orlando Hernández que entregó el país al Chapo Guzmán, para enmierdarlo sin vergüenza.
Pero cuando toda esta raza de seres humanos perversos haya salido de la radio y de la televisión de la dictadura, ni los libros de historia ni los niños de escuela van a recordarlos por miserables. En cambio, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las auténticas personas defensoras de la vida y la libertad, estarán aquí siempre en nuestra memoria.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 de mayo de 2021
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