De acuerdo al reporte en los últimos 15 años, 90 profesionales de la comunicación han sido víctimas de la violencia homicida. El 95 por ciento eran hombres y el 91 por ciento de las muertes fueron con arma de fuego, contraviniendo lo establecido en el principio número 4 de la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, suscrita por Honduras en 2010.
Este Principio señala que el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.
Ayestas, en entrevista con pasosdeanimalgrande.com explicó las cifras muestran que Honduras es un país violento para ejercer el periodismo y que la libertad de expresión está seriamente afectada porque las agresiones, destrucción del equipo de trabajo, asesinatos y otras violencias, que no son investigadas, solo mantienen la impunidad dañando la profesión y ocupación, dejando un mensaje de restricción a decir la verdad o se calla la verdad matando periodistas, siempre se sabrá lo ocurrido y el Estado tiene la obligación de investigar y judicializar, para conocer por qué le quitaron la vida y quien lo hizo, eso nos quitaría el decir que no todos mueren por el ejercicio periodístico”, recalcó Ayestas.
Para la entrevistada es un grupo especialmente vulnerable en este contexto de violencia y una población que merece que el Estado le brinde el apoyo y los mecanismos para protegerles la dignidad y la libertad de expresión, debido a que ellos forman e informan sobre las problemáticas del país.
Según el IUDPAS, los datos preliminares son el resultado del proceso de validación que el ONV realiza con fuentes oficiales de la Policía Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Telemática, la Dirección Policial de Investigaciones y el Ministerio Público, a través de la Dirección General de Medicina Forense, instituciones que proporcionan información sobre muertes por causa externa con los registros de levantamientos y autopsias realizadas en todo el país.
El Observatorio socializó la información como evidencia de la situación que a diario enfrenta el gremio y la necesidad de que en la memoria histórica no se olvide a quienes en el ejercicio de sus funciones perdieron la vida violentamente.
En el boletín se demuestra que la mayoría de homicidios se cometieron durante los años 2010, 2015 y 2019, justo después del Golpe de Estado del 2009 suman 80 casos, tiempo en que la inconformidad ciudadana por la administración del país se evidenció en las múltiples manifestaciones por el saqueo millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, en las movilizaciones de la Plataforma por la Salud y Educación, las protestas estudiantiles y los fraudes electorales.
En los departamentos que más se registran los casos son Francisco Morazán y Cortés, que a la vez son dos de las tres ciudades más violentas del país. Solo en La Paz y Ocotepeque no se documenta ninguno. La mayoría de periodistas y comunicadores sociales asesinados tenían entre 30 y 35 años de edad.
Reporteros Sin Fronteras, RSF, en su informe del año 2020, posicionó a Honduras como el segundo país más peligroso para el gremio en Latinoamérica y en el lugar 151 de 180 en el rating sobre libertad de prensa, una estadística que para expertos resulta muy de acuerdo a la situación del país.
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