Esa violencia no solo es directa, es
decir la que se manifiesta con la fuerza física, sino que indirecta,
esto es “una violencia estructural” cuyas consecuencias, por ejemplo,
son la migración y el desplazamiento forzado.
El Estado, según la Constitución y diferentes tratados internacionales, “está en el deber de garantizar el pleno goce de cada uno de nuestros derechos, pero a su vez tiene una prohibición” que es la de ejercer actos de violencia que no están legitimados. Pero “cuando hablamos de violencia de Estado creemos que solo es el hecho de que cuando” la población se manifiesta es objeto de represión estatal “y no es así”, dijo Bertrand.
La otra violencia, la estructural, es la que está detrás de fenómenos como las caravanas de migrantes y ocurre “porque el Estado ha sido negligente, no ha tenido a bien tomar políticas públicas para frenar este índice de violencia estatal”.
La violencia estructural “no es más que el hecho de favorecer la impunidad, de elevar los índices de corrupción, el hecho de que no tengamos las vacunas (contra el Covid-19)” o la falta de educación o la suspensión de garantías.
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El Estado hondureño no ha diseñado políticas públicas para frenar estos factores que conllevan aún más violencia, “entonces nos llevan a establecer por qué migra nuestra gente, por qué se desplaza de un lado a otro y (es) por esa violencia estructural” que marca más la desigualdad y la estratificación social.
Parte de esa violencia se manifiesta, para el caso, con un Ministerio Público que lejos de contribuir con la justicia, “es negligente”, entonces “ahí vemos que la violencia la desarrolla el mismo Estado cuando no cumple su función” y “no es que está atacando con toletes, no es que está encarcelando sin justificación, sino que no está cumpliendo su debida función que es de representar a la sociedad ejerciendo la acción penal pública”, ejemplificó la profesional del derecho.
El Estado maneja el monopolio de la acción penal pública para que la sociedad pueda vivir en paz, pero al tener un Ministerio Público “retardado” y “encubridor” propicia más la violencia y el desorden, “y los delincuentes de cuello blanco se aprovechan de esta situación y siguen delinquiendo”.
Esa violencia por negligencia del Estado se manifiesta también en el aumento del desempleo, la quiebra de empresas, como ocurrió tras los huracanes Eta e Iota, por la falta de políticas públicas para apoyar a los trabajadores. Además, en los altos índices de corrupción y en la justicia selectiva gracias a la cual salen libres los que roban millones de lempiras, pero quedan presos los que roban gallinas, por lo que la gente se siente en un estado de “indefensión”.
En ese escenario, mencionó también que
el mandatario es el primero que debe dar ejemplo de respeto a las
leyes, pero más bien está usando el aparato del Estado para delinquir.
También participó en la conferencia la médica hondureña Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense del Ministerio Público, quien mencionó que el hecho de que siete alcaldes hondureños hayan tenido que pedir vacunas a un Estado extranjero es el mejor ejemplo de la negligencia del Estado en materia de salud.
Villanueva se refirió también al sistema de justicia y dijo que “nunca tuvimos un Ministerio Público tan reprobado” hasta ahora que es un eslabón, junto con los poderes legislativo y judicial, al servicio de la criminalidad organizada.
Recordó el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, quien murió bajo custodia policial y cuyo cuerpo “aparentemente” iba a ser entregado a sus familiares sin siquiera practicarle la autopsia “como ocurre con muchos casos” como por ejemplo en el departamento de Olancho. Luego, piden exhumaciones a destiempo y cuando se realizan ya se ha perdido gran parte de la evidencia, explicó.
La profesional de la medicina recordó que cuando fue directora de Medicina Forense tuvo conflictos por no obedecer al fiscal general y no seguir “la línea”; sin embargo, sostuvo que la evidencia forense no obedece a ninguna directriz.
“Es grave lo que ocurre en Honduras por la negligencia del Estado” y que genera un gran desafío para la sociedad porque “los que buscan el medio para luchar contra esa violencia son los perseguidos”.
Se trata de estructuras grandes, fuertes, poderosas, siniestras las que están generando una violencia directa e indirecta, dijo Villanueva.
En ese sentido, dijo también que “en este momento de estado fallido que vivimos solo nos queda la sociedad civil”, a la que hay acudir al igual que a aquellas instancias del Estado en las que hay funcionarios que han demostrado profesionalismo.
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Villanueva, quien es aspirante a diputada, llamó también a acudir “con valor y decisión” a las urnas en las elecciones de noviembre para elegir a las personas con más atributos para generar un cambio.
Ante este momento que vive el país, “estamos atormentados, tristes, indignados” porque la narcodictadura está ejerciendo una acción criminal generalizada en todas las instituciones, opinó.
Llamó también a “seguir organizándonos como sociedad civil”, a no ser indiferentes a los llamados que hacen para protestar y a denunciar lo que pasa en el país.
“La COVID nos está matando” pero “cuántos hemos protestado” reflexionó.
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