Estos líderes sociales también luchan para que no existan más presos políticos en la nación mexicana que preside Andrés Manuel López Obrador.
En Honduras existe al menos una decena de presos políticos por la defensa de derechos como la salud, educación, bienes comunes de la naturaleza, derechos indígenas y oposición política.
Al menos 178 personas fueron privadas de libertad entre 2017 y 2018 por oponerse al fraude electoral que mantiene en el poder de manera ilegal a Juan Orlando Hernández, según el informe “Criminalizados” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Cabe señalar que en su totalidad, las víctimas se defienden en libertad con medidas sustitutivas a la prisión a la espera de juicios orales y públicos. Y que la lista no incluye a los actuales presos políticos, Rommel Baldemar Herrera Portillo, Joseph Castillo y los ocho defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Guapinol, privados de libertad a partir de diciembre de 2018.
En representación del CPLLPPH, el dirigente social Tomás Andino, compartió un análisis de contexto nacional en la línea política electoral que ha recorrido la oposición a la dictadura que lidera Juan Orlando Hernández.
En medio de esta crisis política está la falta de atención oportuna sobre la pandemia por el COVID-19, ya que el objetivo del ilegal presidente es mantenerse el poder y evitar la extradición tras las menciones que se le hacen en la Corte Sur de Nueva York, Estados Unidos, comentó Andino.
Entre otros problemas que enfrenta Honduras está el extractivismo minero, los ataques contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas y opositores al régimen de Hernández.
Agregó que se espera una oposición política unificada, de lo contrario el partido de gobierno tiene allanado el camino para seguir en el poder además cuenta con el respaldo de las fuerzas de seguridad pública como ser las Fuerzas Armadas y la Policía Militar.
Seguimiento a tareas pendientes
Una de las tareas es discutir las bases del movimiento social mesoamericano que propone una central continental de trabajadores de la Educación, en un mecanismo de procesos de integración con compañeros de organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador y Honduras.
En cuanto a la realidad nacional hondureña, Tello considera que la situación es grave, tal vez mucho más que en México, pero la situación inmediata a causa de la crisis económica y pandémica se percibe al conversar con la gente que describe una situación complicada, sin empleo ni comida.
“Día a día se convierte en una situación desesperante para toda la población”, pero es una realidad en todos los países de la región, debido a prácticas impuestas por intereses económicos.
Es un costo social porque hay un régimen militarista, es una situación que se presenta en todas la regiones, para el caso, México vive un nivel mayor de militarización, incluso que antes cuando se tenía gobiernos de ultra derecha, ahora con un gobierno liberal-progresista que ha dado continuidad a estos proyectos de ocupación y reocupación permanente de nuestros territorios que se agudizó con lo que llamamos “capitalismo neoliberal”, puntualizó Marco Tello.
Presos políticos sin justicia
Entre los casos de presos políticos que acompaña legalmente el COFADEH, es el Rommel Baldemar Herrera Portillo, un profesor de 25 años, condenado en diciembre de 2020 a 4 años de prisión por el supuesto delito de incendio en su grado de complicidad en perjuicio de la Embajada Americana.
Rommel participaba en una protesta social el 31 de mayo de 2019, cuando desconocidos incendiaron llantas afuera de la sede diplomática en Tegucigalpa. El equipo de defensa logró que el Tribunal absolviera el delito de daños en el que le exigían un pago de 1.7 millones de dólares.
También está el caso del joven Joseph Castillo, preso político en Choluteca, por suponerlo responsable de actos violentos e integrante del movimiento de oposición Choluteca Bastión Del Sur. Fue privado de libertad en diciembre de 2019.
Además están privados de libertad ocho defensores del río Guapinol y río San Pedro en comunidades de Tocoa, Colón. Siete ambientalistas en el centro penal de Olanchito, Yoro; y Jeremías Martínez en La Ceiba, Atlántida, aunque es mayor de edad y tiene problemas de salud de base, se le absolvió de una primera acusación y sigue preso por un segundo expediente.
https://www.defensoresenlinea.com/crisis-hondurena-es-el-costo-social-en-un-pais-militarizado/
No hay comentarios :
Publicar un comentario