“Nunca antes ha estado tan apremiada la patria de un cambio como hoy. Cuando una familia criminal, corrupta y vende patrias se ha posesionado del poder público a través de una reelección inconstitucional y mediante sucesivos fraudes electorales en 2009, 2013 y 2017, que lograron imponer mediante una represión que costó la vida a cientos de hondureños”, reza el comunicado dado a conocer a la opinión pública.
Entre las organizaciones que se han pronunciado en este denominado “llamamiento patriótico a la transición” se encuentran Cáritas de Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Convergencia contra el Continuismo.
“Tenemos un país secuestrado y saqueado (…) con una ciudadanía indefensa ante un poder que no solo no resuelve ningún problema económico, social o político, sino que los empeora, causando más miseria y latrocinio, más delincuencia y violencia, más fraudes electorales”, dice también el pronunciamiento leído en una conferencia de prensa en un hotel capitalino.
Afirma que “somos testigos de la destrucción del Estado de derecho y de la construcción de una dictadura de partido” que ha devenido en un narco-estado y en el que solo “la élite del alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sostenido este régimen a sangre y fuego con el apoyo y la complicidad del gobierno norteamericano de Donald Trump y otros pocos aliados externos”.
Continúa diciendo que “la infamia de estos selectos criminales ha llegado a tal extremo que a través de sus sucios negocios oportunistas se han embolsado los recursos que debieron destinarse a prevenir y después mitigar los padecimientos sanitarios de millones de hondureños afectados por la Covid-19 y por el paso de los huracanes Eta e Iota”.
El comunicado agrega que “a esta patraña se ha prestado también un grupo empresarial corrupto y excluyente, integrado por sus socios y más cercanos allegados de JOH”.
Según el pronunciamiento, “al menos medio millón de trabajadores han perdido sus empleos y derechos laborales”, así como miles de mipymes y hasta grandes empresarios mientras “esta avorazada ralea infame llena sus cuentas bancarias y se apropia de las ayudas que vienen del exterior para sus mezquinos fines electoreros y personales”.
El comunicado fustiga que desde que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) fue expulsada en 2018, “la casta política perversa aliada con la dictadura ha conseguido articular un Pacto de Impunidad para revertir los tímidos avances que se habían logrado en el combate de la corrupción y la impunidad, lacras que se ha agravado escandalosamente con las supuestas compras de emergencia”.
Además, remarca que “la narco-dictadura se ha convertido en una bestia política que conduce al país al precipicio”; no obstante, “como aún esta mafia no ha acabado de destruir por completo al país, y ha entendido que en el proceso electoral de 2021 puede ser derrotada, a pesar del fraude preparado, tiene la osadía de proponer la prolongación de su desgobierno para seguir escapando a la justicia internacional”.
Las organizaciones, en representación del pueblo hondureño, se declaran colmadas de indignación y exigen también la conformación de un gobierno de transición y unidad nacional formado por representantes de todas las fuerzas democráticas, que deberá garantizar el respeto de las elecciones generales.
Apelan así mismo al apoyo de la comunidad internacional para rescatar a Honduras “de las garras de los criminales que la han secuestrado” y al pueblo hondureño para “unirnos en un solo frente nacional pues solo el pueblo salva al pueblo”.
Acuerparon también este llamamiento el Congreso Ciudadano de Honduras, 100 Mujeres por Honduras, Movimiento Patria, Juventud Unida y Plataforma Ciudadana PANAL, entre otros.
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