En el ambiente previo al domingo 14 hay varios hechos y acontecimientos que juegan un poco a favor o en contra de los contendientes de esos partidos, y algunos de esos eventos totalmente contra la población general.
En la lista figuran las repeticiones constantes de Juan Orlando Hernández negando su interés de continuar como dictador en noviembre próximo, y también los requerimientos penales contra papi y Oliva por sus mismos compañeros de manada.
En términos de gestión pública, por ejemplo, pesan sobre la dictadura su negligencia criminal en el manejo de la Covid y el mayor retardo en la vacunación de la población en riesgo. Honduras es en este momento el peor ejemplo sanitario en América Central.
Cuentan, igualmente en esta lista, los juicios en Nueva York contra los delincuentes amigos del dictador Hernández y la sentencia a su hermano Tonny el próximo 23 de marzo.
En Washington se mueven acciones legislativas contra el sistema político hondureño, concretamente las dos iniciativas demócratas, una contra la corrupción de la dictadura y otra a la memoria de Berta Cáceres.
Internamente, la compra de 76 periodistas con fondos lavados del presupuesto nacional tiene una incidencia directa en el proceso político, porque ese ejército de comunicadores o promueven los candidatos de la dictadura o atacan a los opositores.
A favor de los cachurecos, repiten como loros que Hernández y sus testaferros sufren una feroz persecución de las maras y de los gringos, por líneas de la oposición local.
En contra del partido libre, son evidentes sus ataques a la candidata Xiomara Castro y a su marido, en el sentido que no gozan del apoyo del Departamento de Estado gringo, ese juez político-militar del imperio que decidió la gerencia del golpe y la administración del golpismo, y que preferiría a Salvador Nasralla como el bukele katracho.
En cuanto a Yanny Rosenthal, los señalamientos apuntan al lobby judío que abogó a su favor en Nueva York y que interviene localmente con armamentismo, inteligencia militar, cárceles y vigilancia electrónica.
Agregan los señalamientos que el candidato liberal sí lavó dinero de los Cachiros y que participó en los arreglos con la dictadura Hernández para usar el sistema financiero nacional con ese propósito.
Desde luego, en la visión de los derechos humanos lo que dispara las alarmas en esta víspera de las primarias es la violencia política que incluye secuestros y asesinatos.
La semana pasada en San Pedro Sula fue secuestrado el candidato a diputado por Libre, Antonio Brevé, y en esa misma ciudad fue asesinado por policías disfrazados de delincuentes otro ex candidato de libre, el empresario Miguel Carrión.
Miguelito, como lo llamaban en el bajo mundo, murió junto a su guardaespaldas el ex subcomisionado de Policía Normando Lozano López, uno de los cinco oficiales mencionados en el juicio contra el narcotraficante “Tony” Hernández.
El jueves anterior, en Tegucigalpa, fue asesinado el abogado Melvin Bonilla, amigo personal y representante legal del narco Tonny Hernández durante su permanencia en Honduras.
Todos esos hechos están provocando tensión social antes de los comicios internos y generales, igual que en el pasado, siguiendo un guión que ubica a los policías y militares como salvadores al mismo tiempo que son protagonistas de la violencia.
Las Fuerzas Armadas, las mismas que dieron el golpe, que sostienen la dictadura con represión y cuyos jefes están acusados de facilitar el crimen organizado en el país, son los custodios de las urnas que viajan vacías y regresan llenas a la capital.
Este es el panorama al que habría que sumar la petición última de los fiscales al juez Kevin Castel que juzga al narco hondureño Geovanny Fuentes Ramírez el próximo lunes 8 de marzo. El pedido consiste en aceptar fotografías del acusado al lado del dictador hondureño, quien al verse descubierto niega esos vínculos y llama delincuentes a sus camaradas.
Los fiscales de la corte del distrito sur de Nueva York destacan que sus argumentos contra Hernández —a quien sólo nombran como CC-4 o co-conspirador número 4— apoyan, confirman y ofrecen contexto a las acusaciones contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez.
“La corrupción y también la violencia que identificamos desde el inicio del caso es relevante para los cargos”, dijo el fiscal Matthew Laroche en su momento.
Es la primera vez que se juntan eventos internacionales y locales alrededor de un mismo político hondureño, que sin competir formalmente en la contienda del domingo 14, ensucia los ánimos con su presencia desde una posición de poder que fue suplantada con fraudes en 2013 y 2017.
Por todo esto, es oportuno hacer un llamado a las Naciones Unidas para que impongan su vigilancia estricta a esta situación que amenaza derivar hacia violaciones graves a los derechos humanos.
A la población, máxima prudencia en los días que faltan y en los que seguirán al domingo 14, sin perder de vista nunca que la generación de miedo y tensión colectiva, es una estrategia bien sabida de los miserables que asaltan la voluntad popular.
Que ningún evento perverso nos distraiga de la presión en Washington y en Nueva York, para que se corte el oxígeno a la dictadura y se condene a los dictadores en los tribunales supranacionales que sustituyeron ahora ese remedo de Corte y ese remedo de Ministerio Público.
Buenas noches!
Editorial Vocs contra El Olvido, sábado 6 de marzo de 2021
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