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Por mayoría de votos la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, ha declarado con lugar la petición de antejuicio contra el alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, habilitando al Ministerio Público para presentar acción penal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hace unos instantes, la Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Corrupción, ha informado que se declaró “con lugar” la solicitud especial del Ministerio Público para realizar un antejuicio a los funcionarios municipales del Distrito Central, Nasry Asfura Zablah y Nilvia Castillo Cruz.
De ese modo, el Poder Judicial da luz verde a la Fiscalía para que se presente una acción penal contra del alcalde Asfura y la regidora Castillo, acusados entre otras cosas por: abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras.
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El documento oficial relata que la mayoría de los miembros de la Corte “considera que existe mérito y fundamento razonable para estimar procedente la solitud de antejuicio al alcalde y la señora regidora”.
Esto podría truncar la aspiración presidencial del alcalde de Tegucigalpa, de acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), “se acredita fehacientemente y de manera contundente, el desvió de más de 28 millones de lempiras de las Arcas Municipales y utilizados para beneficio personal y de terceros no relacionados con la Comuna Capitalina”.
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En octubre de 2020, a pesar de las pruebas en poder de Uferco, la Sala de lo Constitucional, aceptó un amparo que liquidaba la medida especial contra el edil; sin embargo, la Corte de Apelaciones dio revés al aceptar la solicitud del Ministerio Público.
Según un artículo del Centro de estudio para la Democracia (Cespad), para el mencionado caso se utilizó tres cuentas bancarias, dentro de las que se incluye una como “Aportes de Campaña Política”, “Fondos propios aportaciones de allegados políticos” y el “salario devengado”, todas en banco Ficohsa.
Cespad apunta además que Uferco encontró 23 cheques a favor de Asfura y Castillo que en total suman los 17,450,023 lempiras y en la cuenta de “Aportes de campaña”, con número 010-1013350327/4484207, se identificó 13 cheques por casi 12 millones; por otro lado, en la de aportaciones de allegados, con número 200005864533, se depositó dos cheques por 1.1 millones.
En tanto, en la cuenta de “salario devengado” con número 200006661334, se documentó el depósito de ocho cheques por un valor de 4,400,000 lempiras. En la investigación se hace mención que los recursos fueron sustraídos en el periodo 2017-2018, mucho antes que Asfura anunciara su aspiración presidencial.
A continuación el pronunciamiento oficial:
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2690-honduras-confirmado-alcalde-asfura-tendra-antejuicio
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HONDURAS / MILITARES ASESINAN JOVEN “VOLQUETERO”
Publicado: 16 Febrero 2021
Por
“irrespetar” un retén policial y arrastrar un cono de tránsito,
efectivos militares, dieron persecución a Erick Barrientos (foto), quien
fue interceptado en una ferretería de la colonia el Carrizal de
Tegucigalpa, donde recibió al menos cinco impactos de bala que horas más
tarde le provocaron la muerte.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Efectivos militares asignados a la Fuerza Nacional del Transporte Público (FNSTU), acabaron con la vida de Erick Davidson Barrientos de 21 años de edad, así lo ha denunciado la familia del joven que se ganaba la vida como volquetero.
Ayer, Barrientos en su vehículo pasó por un retén a la altura de la colonia “El Carrizal”, en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), en su marcha golpeó uno de los conos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV), lo que desembocó una persecución militar.
Barrientos, según lo ha documentado el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), fue interceptado en una ferretería de la zona, donde fue atacado por efectivos militares que le infirieron al menos cinco disparos.
En un video que ha trascendido en redes sociales, se observa que la volqueta en que se conducía el ciudadano está detenida y rápidamente es rodeada por los militares, en cuestión de segundos se escucha la detonación de las armas de fuego y los gritos del joven.
Posteriormente, Barrientos fue trasladado a un hospital capitalino donde falleció a causa de las heridas. “Denunciamos públicamente este hecho, él no es un delincuente, él era un hombre trabajador”, dijo la esposa del joven, con quien procrearon una bebé y lamentó que continúen sucediendo episodios de violencia de parte de los entes de seguridad en contra de la población.
Además, la viuda alertó que “tras el crimen los funcionarios policiales involucrados, intentaron recoger los casquillos de la balas en un intento de no dejar evidencia del hecho”, cita el Cofadeh.
Por su parte, mediante un comunicado la FNSTU ha dicho que se ha asignado un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en coordinación con el Ministerio Público (MP) para que se realicen las investigaciones del caso.
El coronel Francisco Salgado, responsable de la FNSTU, justificó el asesinato por la “desobediencia” a las autoridades y “agresión” a la patrulla policial.
En cuanto a los revestimientos balísticos, según el coronel Salgado, fueron levantados por el departamento de Inspectores Oculares, pero esta dependencia afirmó a un canal de televisión que no encontraron ningún casquillo, ha publicado el portal defensoresenlínea.com.
hhttp://www.web.ellibertador.hn/index.pp/noticias/nacionales/2689-honduras-militares-asesinan-joven-volquetero
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HONDURAS / “¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?”: MADRE DE JOVEN MÉDICO MUERTO POR COVID
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“Estoy indignada porque mi hijo se murió por falta de atención del Gobierno”, así lo ha dicho, entre lágrimas y cólera, doña Nidia Fuentes, madre del estudiante de medicina Yasser Cuellar, quien ha muerto por Covid-19 al no poder recibir la atención hospitalaria.
La angustiada madre cuenta que el 911 tardó cuatro horas en enviar la ambulancia, en el Seguro Social no se le atendió por estar afiliado y en el Hospital Catarino Rivas “están a la mano de Dios”, por eso reitera que: “mi hijo murió por culpa del Gobierno”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Mire cómo se me está poniendo, doctor”, dice con agonizante voz doña Nidia Fuentes, madre del médico en servicio social, Yasser Amir Cuellar, joven de 27 años que murió por Covid-19 y por la falta de atención. Su progenitora, aún sin consuelo, insiste que no haberle ingresado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) causó su deceso.
Y tras la muerte del joven galeno, trascendió que los estudiantes en servicio social están completamente desprotegidos y, según un documento que gira en redes sociales, los hospitales están obligando a firmar un “acta de exoneración” que les libra de responsabilidad penal, civil y administrativa en caso de accidentes laborales.
VIDEO: ¡INDIGNANTE! HONDURAS / ESTUDIANTE DE MEDICINA MURIÓ DE COVID POR FALTA DE ATENCIÓN
El documento en mención es una fotocopia del Hospital Mario Catarino Rivas, donde hace mención “libero de toda responsabilidad civil, administrativa y penal presente y futura al personal del Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, dependiente de la Secretaría de Salud, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por posibles contagios que me pudieran ocurrir durante la realización de mis prácticas clínicas dentro de esta institución”.
Esta mañana los galenos en servicio social han condenado el caso de su compañero Yasser, por lo que han exigido a la Secretaría de Salud que no siga siendo una institución inhumana, porque la beca que les otorgan es insuficiente para gastos básicos de supervivencia, y sobre todo porque están en las mismas condiciones que un “médico realizado” en cuanto al tratamiento del virus.
F 2
Doña
Nidia no encuentra consuelo y sigue en reclamo que de haber sido
atendido en el IHSS, Yasser estaría con vida pues en el video que ella
publicó en redes sociales se ve que el joven médico no tiene la
asistencia respiratoria necesaria para sobreponerse al virus.
Según la madre, su hijo primero fue ingresado al Hospital Leonardo Martínez donde la atención era excelente porque estaba en manos de sus compañeros, no obstante, por escases de personal y por la condición de Yasser, fue trasladado al Seguro Social, donde se le rechazó por no estar afiliado.
Sin más por hacer doña Nidia se llevó a Yasser para atenderle en casa con asesoramiento de amigos profesionales de medicina, no obstante, al agravarse tuvo que pedir asistencia al Sistema de Emergencias 911 que se tardó cuatro horas en llegar por el joven para llevarlo al Hospital Móvil.
“Me llamó un día antes de morir y me dijo: ‘Mamá, si me puede sacar de aquí hágalo’, porque no le estaban administrando el medicamento de manera correcta”, cuenta doña Nidia y concluye que su indignación y dolor es profundo porque “mi hijo murió por culpa del Gobierno”.
“Mi hijo murió por este Gobierno porque todo se lo roba”, recalca la doña Nidia tras mencionar que en el Leonardo Martínez le mencionaron que los insumos que salvarían la vida de Yasser estaban agotados, pero que quizá en el Catarino Rivas tendrían, “pero allí no había nada, no hay ni un especialista o un intensivista. Esa gente de los hospitales está a la mano de Dios”.
“Yo le pregunto al Gobierno ¿dónde está el dinero?, ¿dónde están las donaciones?, ¿por qué no contratan doctores? En los hospitales los que pasan son los cipotes, los estudiantes que no son graduados. Estoy indignada porque mi hijo se murió por falta de atención del Gobierno”, insistió doña Nidia, que como profesional del derecho ha anunciado que demandará al Estado.
En tanto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, ha lamentado la forman en la que murió el joven Yasser, quien ayer 15 de febrero hubiera culminado su servicio social, requisito de graduación.
“Es muy lamentable la situación de la muerte de Yasser, hay que decirlo. Estuvo varios días muy mal en casa y fue difícil conseguir cupo en las unidades de cuidados intensivos para él, se hizo rápidamente las gestiones por parte del Colegio Médico, porque tenemos un grupo de doctores que se llama SOS”, apunta Figueroa.
Al tiempo ha dicho que el Seguro Social ha dado atención a médicos aunque no estén inscritos, pero que en el caso de Yasser fue imposible porque ya no había cupo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Sobre el acta de exoneración, la doctora Figueroa ha sido clara en que se trata de una violación a los derechos indispensables: “Si a nosotros nos piden asesoría legal con respecto a eso, yo le puedo decir que usted ya pudo firmar, pero la responsabilidad de haberle provisto un lugar seguro para trabajar y material de bioseguridad, es del empleador”.
Cabe mencionar, que desde inicios de la pandemia han muerto más de 100 personas de la “primera línea”, y a pesar de estar en constante peligro, el Gobierno no ha tomado en cuenta las opiniones y peticiones del gremio para reducir la curva de contagios, liberar la carga hospitalaria y evitar la muerte de más médicos y enfermeras.
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