Varias personas defensoras de derechos humanos no creen que el presidente Juan Orlando Hernández quiera llegar al fondo de los últimos crímenes contra personas que defiendieron derechos en Honduras, como los ocurridos contra Félix Vásquez, Adán Mejía y el comunicador social Pedro Canelas.
En un comunicado el mandatario ordenó a las dependencias de investigación correspondientes no escatimar esfuerzos en investigaciones objetivas, oportunas y eficaces en torno a los asesinatos de los defensores.
Según el comunicado emitido el 29 de diciembre del 2020, por el presidente Hernández, la Secretaría de Seguridad tiene investigaciones avanzadas para dar con los responsables de los crímenes. Además solicitó al Consejo Nacional de Protección realizar una sesión extraordinaria para analizar la situación y elaborar recomendaciones para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección.
En el marco de la pandemia por Covid19 la persecución contra este sector se ha arreciado, las amenazas y crímenes han profundizado la grave situación que se estableció desde el golpe de Estado de junio de 2009 y las dos elecciones generales de 2’013 y 2017 que fueron consideradas fraudulentas y que tienen en la silla de Casa de Gobierno a Hernández.
En julio de 2020 cuatro garífunas fueron secuestrados y desaparecidos forzadamente. En ese momento el presidente Hernández fue puesto contra la pared debido a la presión nacional internacional para que aparecieran con vida, la reacción de éste fue también salir públicamente y supuestamente exigir una investigación, no obstante hasta ahora no han dado ningún informe público que dé a conocer qué pasó con ellos, lo que pareciera ser un patrón de lavado de manos para hacerse ver preocupado.
No creo en esas intenciones
Suyapa Martínez, defensora y ex concejal del Mecanismo, explicó a pasosdeanimalgrande.com que no cree en las intenciones del mandatario para que se realice una verdadera investigación porque las instituciones actúan como con miedo al momento de ejecutarlas ya que detrás de los asesinatos e incidentes a defensores y periodistas se ven vinculados políticos y empresarios de alto perfil como en el caso de Berta Cáceres.
También agregó que el Consejo de Protección tiene fallas que no ha solucionado desde hace tiempo ya que se le propuso la expulsión de la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, SEDENA y la inclusión de más participación de sociedad civil, entre ésta la de representantes de los pueblos indígenas.
El Mecanismo Nacional de protección fue creado en el 2015, bajo Decreto Nº 34-2015, a partir de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia. Muchos sectores creen que la creación fue para tratar de dar una buena imagen al gobierno en mayo de 2015 al ser examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos en el país, en el Examen Periódico Universal, EPU, el cual se viene realizando cada cinco años desde el 2010.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, agregó que no cree que de verdad haya un interés del Poder Ejecutivo para que se indague sobre las muertes de los defensores asesinados, pues al contrario, la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán, UMVIBA, creada para las averiguaciones de crímenes en el Bajo Aguán, “está confabulada con los grupos paramilitares”.
Rivas también detalló que el comunicado del presidente Hernández es una reacción que siempre hacen los funcionarios para que se refleje en la comunidad internacional una buena reacción , pero no hay verdadera intención de garantizar a los defensores, la protección mientras realizan su trabajo en defensa de los derechos fundamentales de la población, sino que hasta los elementos de justicia y policiales sirven para reprimir y levantar perfiles contra esta personas.
Asimismo Leonel George, periodista y defensor de derechos humanos e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, expresó que el mecanismo es incapaz de dar una respuesta, porque no tiene un plan de seguridad y respuesta para las personas que han interpuesto la solicitud de protección , solo trata de dar una imagen de preocupación y combate contra la impunidad, así como un discurso falso y demagógico del presidente de la República.
Las tres personas entrevistadas agregaron que el Ministerio Público y la Fiscalía de Protección, que son parte del Sistema Nacional de Protección, funcionan como un instrumento perfecto para perseguir y judicializar a quienes ejercen una defensoría en contra de empresas y políticos que implementan proyectos en contra de la sociedad.
Es una farsa
Edy Tabora, abogado, defensor y ex consejal del
Consejo Nacional de Protección, describió el discurso de JOH como una
farsa, ya que es el Estado el obligado a garantizar los derechos
humanos, pero ha diseñado una política de entrega de territorio a las
empresas transnacionales a lo que se agrega la criminalización del sistema de justicia contra quienes defienden los territorios de sus comunidades.
El
abogado detalló que también se deben llevar a la práctica las
recomendaciones que realiza la sociedad civil desde el Consejo Nacional
de Protección, porque todas las instituciones encargadas de garantizar
la seguridad de los sectores beneficiarios por esta legislación,
conforman el Sistema Nacional de Protección, sin embargo no se hacen
responsables de sus obligaciones de proteger y respetar los derechos
humanos.
¿Quiénes son las tres personas asesinadas?
Félix Vásquez, defensor de derechos territoriales de la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, quien había tenido persecución, amenazas y procesos judiciales en el departamento de La Paz ,por su liderazgo fue asesinado el 26 de diciembre de 2020 por un hombres armados que llegaron encapuchado a su casa para ejecutarlo.
Otro crimen ocurrido a fin de año 2020 es el de Adán Mejía, indígena Tolupán, de la Tribu Candelaria, ubicada en el municipio de Yoro, fue asesinado cuando trabajada en una finca de la comunidad, el 28 de diciembre del 2020.
Se suma a esta lista de ejecuciones Pedro Canelas, comunicador social y propietario de la Radio Bambi 97.9 FM "La Voz de Culmi", en Dulce Nombre de Culmi , en el departamento Olancho, quien fue asesinado el 19 de diciembre del 2020, por desconocidos cuando se bajó de su vehículo a comprar en un negocio.
Los concejales del Consejo Nacional de Protección fueron convocados a una reunión extraordinaria este jueves 07 de enero de 2021 con el objetivo de abordar la petición de Hernández.
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