Tegucigalpa.- La Junta Directiva ya oficializó que recibió la petición de juicio político contra Juan Hernández, y de esa forma reveló al pleno de diputados, que en cinco días la propuesta será sometida a consideración.
La moción de juicio político fue enviada a la Secretaría del Congreso por parte de los diputados Luis Redondo, Jorge Cálix y David Reyes, a nivel de medios de comunicación el Partido Nacional recalcó que no hay posibilidades matemáticas para que la propuesta pase.
Y es que se necesitan 96 votos para que la iniciativa sea admitida, y solo el Partido Nacional tiene control de 60 curules en el Congreso Nacional. De esta forma las cartas están tiradas en torno a lo que sucederá una vez sea tramitada por las autoridades de este poder del Estado.
Si la solicitud de los diputados no tiene éxito, entonces deberá ser engavetada y no se podrá aplicar ninguna acción relacionada de juicio político desde el Congreso en contra del titular del Ejecutivo por al menos un año.
El diputado Luis Redondo manifestó sobre la decisión: “instamos al Presidente del Congreso Nacional a que sin mayor dilación se discuta de inmediato y se introduzca al Pleno procediendo conforme a Ley, el juicio político contra el individuo Juan Hernández”.
Desde el punto de vista del abogado Tony García, hay pocas probabilidades de que esta intención logre su objetivo: “el juicio político es una utopía completa porque las decisiones en el país se toman de forma política y el Partido Nacional se hará un solo nudo y usted ocupa mayoría calificada”.
Solo el Partido Nacional tiene a 60 votos disponibles, más los de los partidos pequeños que son afines a sus intereses, por ejemplo la Democracia Cristiana, la UD y varios diputados de la Alianza Patriótica, entre ellos suman más de 64 votos, impidiendo que un juicio político tenga éxito.
Por otra parte la solicitud de juicio político solo puede presentarse una vez por legislatura, por lo que de ser tramitada por el Poder Legislativo, al no alcanzar los votos necesarios, se descartará este mecanismo para lo que resta del año.
Analistas consideran que más allá de las posibilidades matemáticas, los diputados de oposición quieren que los sectores políticos del país se definan y digan públicamente que es lo que quieren para el país a partir de las acusaciones de narcotráfico contra Juan Hernández.
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Otros temas aprobados
El Congreso Nacional también discutió y aprobó varios temas, entre ellos la Ley Especial para la Garantía de la Atención por Eventos Adversos Graves atribuidos a la Vacuna contra la COVID-19, la cual será la base para la creación de un fondo especial de una compensación a favor de pacientes que sufran efectos adversos graves luego de vacunarse.
Según el Poder Ejecutivo, este es un requisito establecido por los organismos donantes de la vacuna contra la COVID, la cual llegaría al país a lo largo del 2021. La normativa establece los procedimientos de reclamo, atención, extensión de carné de vacunación y también la responsabilidad del paciente al dar a conocer información clínica confiable a los médicos antes de recibir la inmunidad.
El artículo 4 de la Ley explica: “previo a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, el personal de salud que aplicará la vacuna, deberá asegurar que no reciban la vacuna aquellas personas en las que está contraindicada la misma, de acuerdo a los lineamientos técnicos operativos de la vacunación contra la COVID-19 que emita la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL)”.
Según la Ley en su artículo 8, se entenderá por eventos adversos graves atribuidos a la vacuna, las situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, que requiera hospitalización y que genere discapacidad o muerte.
“El afectado podrá presentar el respectivo reclamo ante la Unidad de Atención a la Persona Vacunada contra la COVID-19 o en su defecto un representante debidamente facultado. El plazo para la reclamación caducará en el término de sesenta (60) días hábiles después de aplicada la vacuna”, explica el artículo 9 de la normativa.
Con respecto a la creación del fondo especial para pago de compensaciones, la regulación enfatiza: “crease un Fondo Especial para cubrir las compensaciones sin culpa a la persona afectada con un evento adverso grave por la aplicación de la vacuna de la COVID-19, y las indemnizaciones a los fabricantes resultantes de reclamaciones o demandas presentadas ante las instancias correspondientes, en relación con los eventos adversos graves ocasionados por la aplicación de la vacuna COVID-19, dicho fondo deberá incorporarse en la Disposiciones Generales del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República de cada Ejercicio Fiscal, asignado el mismo a la Secretaría de Estado en el despacho de Salud”.
En la sesión también se aprobó la reforma a los artículos 1 y 2 del Decreto 29-2020, el cual está relacionado a exonerar a las personas naturales y jurídicas que no están sujetas al pago de impuestos sobre ventas e impuesto de producción y consumo en la compra local e importaciones de materias primas, insumos, material de empaque y envases necesarios para fabricación de productos de bioseguridad.
Por otra parte se autorizó al Poder Ejecutivo a ejecutar proyectos habitacionales para asistir a las familias afectadas por las tormentas Eta e Iota en la zona norte del país.
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