No obstante los representantes también instan a la administración Biden a asegurarse que la ayuda financiera de los Estados Unidos sea efectiva al dirigir los dólares de asistencia a actores no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones multilaterales, no a los gobiernos centrales, y utilizando un proceso de planificación inclusivo y participativo.
Los miembros del Congreso estadounidense también piden que se envíe un mensaje contundente a los gobiernos de la región, en el sentido de que EE.UU. está al tanto de los funcionarios corruptos que actualmente ostentan el poder.
En ese sentido solicitan que se utilice la Ley Magnitsky, así como la legislación de asignaciones del Congreso aprobada recientemente para sancionar a los funcionarios corruptos.
Los congresistas dicen que también se debe apoyar a los investigadores y defensores de la lucha contra la corrupción, tanto dentro como fuera del gobierno, aprovechando los $ 45 millones que el Congreso asignó para los esfuerzos anticorrupción y el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador.
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