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El informe de situación número 2, denominado “HONDURAS: Tormenta Tropical ETA”, fue elaborado del 01 hasta el 08 de noviembre, por la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País, (EHP) e información oficial.
Según los datos, Hondura requiere el establecimiento de protocolos para la gestión de denuncias de violencia basada en género donde ya se han reportado situaciones de este tipo y también contra la niñez, por lo que se debe incluir la atención diferenciada adoptando medidas para mitigar los riesgos sobre los niños, niñas, adolescentes y mujeres en albergues.
Así como fortalecer el personal para tener mayor capacidad de respuesta en salud mental y primeros auxilios, ya que Informes preliminares indican una gran cantidad de albergues que no cuentan con necesidades básicas entre ellas agua potable, luz, servicios sanitarios, depósito de desechos, entre otras.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund), más de 1,5 millones de niños están quedando expuestos a enfermedades transmitidas por el agua, siendo la primera amenaza en estas situaciones por los daños ocasionados en las inundaciones, por lo que se debe priorizar suficiente agua potable e higiene.
Financiamiento de 2.6 millones de dólares y ejecución
Datos del EHP señalan que durante ocho días se invirtió un financiamiento de 2,6 millones de dólares para la respuesta humanitaria, que han sido distribuidos así: 975 mil en el área de salud, más de 860 para seguridad alimentaria y nutricional, 445 mil para protección, 230 mil en agua, saneamiento e higiene, 75 mil destinados para los albergues, 30 mil en coordinación e información y nada para la logística.
En las necesidades enmarcadas por el informe en el área de salud se señala asegurar la infraestructura sanitaria, mejorar la cadena de suministros, insumos y medicamentos para la atención sanitaria en establecimientos de la población, así como la prevención y control de enfermedades prioritarias como dengue, leptospirosis, hepatitis, diarreas, y dotando de pruebas de diagnósticos para Covid-19.
También agregó el documento que se debe realizar un inventario del personal de salud afectado, que permita medir el impacto en la continuidad de los servicios en el primer nivel de atención, donde es necesario la prevención mediante la distribución de equipos de protección e insumos de bioseguridad, acceso al agua y saneamiento, priorizando albergues y población de grupos vulnerables.
La Covid19 es una limitante
El accionar se ve limitado por la amenaza de la pandemia por la COVID-19, sumado al descontrol del dengue y desastre natural, además de cierta dificultad de acceso a zonas de mayor impacto, entre ellas las zonas de Cortés, la Lima, San Pedro Sula, Yoro, Tela, La Ceiba, Tocoa, Puerto Lempira y Roatán, donde emerge la incertidumbre por los recursos financieros para la atención por la Tormenta Tropical Eta y sus potenciales impactos.
Se registran desplazamientos de familias debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra, daños en viviendas y cultivos, pérdida de ganado y de bienes, y medios de subsistencia; pero de acuerdo con el monitoreo comunitario, en algunas zonas se tiene información que miembros de maras y pandillas están extorsionando a las personas que se transportan en las lanchas y vehículos, lo que ha generado mayores obstáculos para entrar a los lugares más afectados.
Las organizaciones aseguran la elaboración de un documento para la “Habilitación de albergues temporales en condiciones de emergencias y desastres en el contexto de la COVID-19”, junto a la Secretaría de Salud, el cual está en proceso de aprobación y la creación de protocolos de comunicación con albergues para identificar y notificar a la Dirección de la Niñez, la Adolescencia y la Famili, (DINAF), los casos de niños y niñas separados de sus familias para proceder con las debidas búsquedas y reunificación.
Finalmente el reporte identificó hasta la fecha, más de 95 mil personas incomunicadas en 68 comunidades, la mayoría en el departamento de Copán, el 60 por ciento de las viviendas afectadas se reportan en el departamento de Colón, 38 mil albergados con necesidades humanitarias urgentes en 348 lugares a nivel nacional, de los cuales el 80 por ciento se encuentran en el departamento de Cortés, en el municipio de Villanueva, que cuenta con más de 10 mil personas albergadas en 42 establecimientos.
En las comunidades de la etnia Tawahka, del municipio de Wampusirpi, en Gracias a Dios, se reportaron inundaciones por la crecida del río y evacuaciones en la zona, al igual que en la zona costera del Valle de Sula y Yoro.
Las inundaciones mantienen muchas poblaciones esperando rescate y ayuda humanitaria alrededor de los campos bananeros.Unas 745 comunidades de 155 municipios en el país reportan daños de diversas magnitudes.
Mientras hay muchas pérdidas en la siembra de alimentos, familias están regresando a sus zonas a recuperar sus pertenencias acompañadas de niñas, niños y adolescentes en zonas de riesgos, los están dejando en los albergues o al cuidado de otros niños o de terceros.
A pesar que se han entregado ayudas todavía quedan muchas personas que no han podido ser evacuadas y tienen días de estar en árboles, techos y subidos en otras plataformas esperando a los equipos de rescate, quienes al ser movilizados se encuentran en una situación de deshidratación por el tiempo sin alimentación.
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