El Maestro Rommel Baldemar lleva 480 días Privado de libertad en forma arbitraria.Rommel Baldemar Herrera Portillo, es un joven maestro de 24 años. El 31 de mayo de 2019, fue capturado y acusado injustamente de “daños” e “incendio agravado” en perjuicio de la embajada de Estados Unidos en Honduras, luego de una manifestación pacífica en defensa de la salud y educación pública.
De manera inexplicable y sobredimensionando las acusaciones, Rommel fue encerrado durante cinco meses en una cárcel de máxima seguridad (La Tolva), donde su condición psicológica fue deteriorándose de forma acelerada.
A raíz del dictamen de Medicina Forense que evidenciaba un “daño psiquiátrico condicionado por el aparecimiento de trastorno mixto de ansiedad y depresión”, el juez decidió la medida de internamiento y ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico en condición de paciente judicial.
En múltiples ocasiones, el equipo de defensa solicitó una revisión de medidas cautelares para que Rommel pudiese defenderse en libertad, calado en un ambiente familiar que le ayude psicológicamente. También pidió procedimiento abreviado para que el tribunal recalificara los delitos por el cual está acusado.
Hasta el momento todos los intentos han fracasado. Tanto el Ministerio Público como la abogada acusadora que representa a la embajada estadounidense volvieron a solicitar el encarcelamiento del joven maestro.
Para Rommel volver a la cárcel sería sumamente peligroso, ya que sus trastornos dependen en gran medida de las condiciones inhumanas y de la inseguridad que hay en estos centros penales.
Además, consideramos que ha transcurrido un tiempo prudencial en el cual Rommel ha cumplido la medida cautelar de internamiento, y que ahora necesita reencontrarse con la vida al exterior y los afectos.
En este sentido creemos que el nuevo proceso de revisión de medidas que se está llevando a cabo en estos días, es una oportunidad sumamente importante para garantizar su salud y equilibrio mental. Así como garantizar su derecho a la presunción.
Vemos la decisión del juez de designar a un perito para que evalúe la condición mental de Rommel y la posibilidad de continuar su tratamiento de forma ambulatoria, como un primer paso para garantizar sus derechos como ser humano.
De esta manera y previo al juicio oral y público que ha sido repetidamente aplazado por la crisis sanitaria del Covid-19, podrá continuar con su tratamiento y atención psicológica, pero en consulta externa del hospital psiquiátrico.
Además, se mandaría una señal importante a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional sobre la necesidad de acabar con la campaña de estigmatización montada contra el joven.
Las organizaciones firmantes instamos a las autoridades a dejar usar el encarcelamiento y el sobredimensionamiento de las acusaciones para engendrar miedo, criminalizando la lucha y la protesta pacífica.
Bertha Oliva
Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (Cofadeh)
Jair Krischke
Presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH)
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
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