López denunció al periódico digital Pasos de Animal Grande, que la parte acusadora (Ministerio Público) pidió en la audiencia prisión en su contra y que el expediente fuera declarado “en secretividad”.
El periodista añadió que daban por hecho que sería encarcelado en el Centro Penal de Choluteca, ya que, además de la presencia policial, estaba el vehículo donde se trasladan a las personas privadas de libertad.
“Es terrible como el Ministerio Público y la persecución de este gobierno en mi contra, donde están solicitando prisión en mi contra”, dijo el comunicador de la zona sur.
Al finalizar la audiencia, le fueron dictadas las siguientes medidas contrarias a prisión al periodista Jairo López: No salir del país, presentarse cada 15 días a firmar el libro correspondiente en la sede judicial, Prohibición de concurrir a determinadas reuniones, Estar bajo vigilancia de su apoderado legal.
El comunicador señaló a Juan Orlando Hernández como el responsable de la persecución judicial en su contra.
Para el próximo 21 de octubre, se calendarizó la audiencia inicial.
En dicha comparecencia ante los Juzgados de Choluteca, López fue acompañado por organizaciones nacionales como la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI- PARTICIPA) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
Este proceso contra el periodista viene luego que fuera acusado por tenencia de explosivos, tenencia de indumentaria policial y atentado contra la seguridad del estado de Honduras
Desde el año 2017, C-Libre registra 12 incidentes contra el periodista; que van desde campañas de desprestigio, agresiones policiales en cobertura informativa, procesos legales, detenciones, censura, incumplimiento de medidas de protección, vigilancia y desplazamiento de su residencia hacia otro sitio para resguardar su integridad física y la de su familia.
La zona sur de Honduras, que comprende los departamentos de Valle y Choluteca, registra agresiones a periodistas en la zona, entre ellas, el asesinato de Gabriel Hernández, director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, crimen que continua impune.
En su informe anual de 2019, la Relatoría especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), expuso la situación de Jairo López, específicamente en el incumplimiento de medidas de protección parte del Mecanismo estatal.
Una de las recomendaciones hechas al Estado de Honduras, en el Examen Periódico Universal del año 2015, es: “Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas”.
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