Tegucigalpa.- Las falencias, la desidia y la inoperancia del Mecanismo Nacional de Protección las y los Defensores de Derechos Humnaos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia, fue el tema de análisis del programa Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 3 de octubre de 2020. De cara a las recomendaciones contempladas en el Exámen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, en 2015 fue aprobada la Ley de Protección a defensores, periodistas y jueces. Dicha ley creó en 2016 un Sistema Nacional de Protección con 36 empleados para todo el país, tres para recibir denuncias, 7 para analizar el riesgo, 3 para asesoría jurídica y el resto para administrar unos 900 mil dólares de presupuesto total.
En la opinión editorial del programa Voces contra el Olvido, espacio radial producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se abordó este tema bajo el título: “Un problema serio es la desconfianza”.
Al respecto, el editorial apunta que el informe más reciente de este llamado Sistema de Protección es de febrero 2020, entregado al Examen Periódico Universal de la ONU en Ginebra y colgado en internet el 13 de agosto pasado. En este texto se lee que el total de casos recibidos es de 384, de los cuales siguen activos solamente 204.
Al desmenuzar las cifras, el documento oficial de la dictadura dice que 40 casos activos corresponden a víctimas perfiladas como personas defensoras de derechos humanos, 21 personas son indígenas, 8 son garífunas y 12 corresponden a la diversidad sexual LGBTI.
Por supuesto, el texto no hace una valoración de los casos perdidos por asesinato mientras transcurrían las medidas o de los casos nunca prevenidos, pese a las insistentes señales rojas lanzadas por el contexto de las víctimas.
Para un país sumergido en las violencias públicas y privadas, esas cifras representan un valor minúsculo del total de hechos ocurridos entre 2016 y 2018. Equivalen, como dijimos al inicio, el alto nivel de desconfianza frente al Estado.
Para el analista político, profesional de la carrera de Trabajo Social, activista social y defensor de los derechos humanos, Tomás Andino, al referirse al tema abordado, señaló que el Mecanismo de Protección brinda un trato burocrático con ausencia de empatía y de solidaridad hacia los defensores y defensoras que acuden a esta instancia.“No hay un compromiso de acompañar en todo lo que sea necesario a la persona víctima de violaciones a derechos humanos, y por otro lado existe desconfianza en acudir ante el Mecanismo, porque es peligroso denunciar”, sostuvo Andino.
Porque existe una certeza de que hay filtración en este tipo de instancias del Estado, y eso conduce a crear una desconfianza general a todo lo que hace el gobierno y que por encima del Mecanismo, nos preguntamos ¿Quién vigila al Mecanismo?, comentó el analista.
Andino indicó que hay otro tema objetivo que expresa el editorial del COFADEH y es el de la “impunidad”. En ese sentido menciona claramente que existe impunidad y que por tanto no sirve de mucho acudir a este mecanismo.
“Veía el dato de que para alrededor de 2016, y más o menos en cinco años, hubo aproximadamente 14 asesinatos de personas que se habían acogido a estos mecanismos de protección y que tenían medidas cautelares y sin embargo fueron asesinadas, eso lo sabemos y por eso da la sensación de que la impunidad hace inservibles éstos mecanismos”, señaló el analista.
Otra situación preocupante, advirtió Andino, es que el Mecanismo de Protección es en realidad un mecanismo de “vigilancia del defensor”, porque nos investiga hasta el más mínimo detalle. Todos los pasos que damos son “mapeados”, estamos muy bien monitoreados por el mecanismo, que responde a un gobierno que nos violenta los derechos.
Quieren meternos miedo
Cuando uno se pregunta ¿Qué es lo hoy tenemos con el Mecanismo? yo siento vergüenza y a veces debo confesarlo en público, siento impotencia, porque el Mecanismo Nacional de Protección lo menos que hace es proteger a los que demandan su acompañamiento y su intervención.
“Hacemos uso del Mecanismo, con las personas que llevamos, y los resultados son muy pobres, no tienen conciencia de lo que es estar representando los derechos humanos. Ellos creen que están haciendo un favor a la población y además piensan que con comprometerse y no cumplir, y dejarlo en un acta, es que se ha avanzado”, estimó la defensora de derechos humanos.
Añadió que, al Mecanismo no le interesa la protección de los demandantes, porque existe una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos y mientras esa política de Estado no cambie, va a estar muy lejos que el Mecanismo de Protección, tenga una actitud diferenciada, aseguró.
En cuanto a los Tribunales de Justicia, Oliva señaló que el Poder Judicial, durante este régimen, está siendo utilizado como una herramienta para frenar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas y comunicadores sociales.
“Nosotras hemos estado denunciando al sistema judicial y al aparato estatal, que ha sido convertido en el brazo justiciero y vengador en contra de la población, para callarla y para someterla”.
Respecto a la masacre ejecutada en la comunidad San Fernando, municipio de Patuca, departamento de Olancho, el domingo 27 de septiembre, donde murió acribillado a balazos a manos de desconocidos, el luchador social y ambientalista José Antonio Teruel, junto a su esposa Francisca Zavala y su cuñado Marco Tulio Zavala, la coordinadora general del COFADEH señaló que “Teruel fue un acompañante de todos los esfuerzos sociales desde hace muchos años, fue un compañero que era silencioso pero siempre estuvo presente en las reivindicaciones sociales y en las últimas décadas se dedicó al trabajo ambiental, a la defensa del ambiente y de los recursos naturales”.
Oliva añadió que José Antonio Teruel se convirtió “en un ojo auditor” de los movimientos sociales generados a través del tiempo, en diferentes partes del país y específicamente en el departamento de Olancho.
“José Antonio Teruel, recuerdo en la Marcha por la Vida, que estuvo casi en todas las reuniones que se realizaron en el departamento de Olancho con los diferentes municipios para dar a conocer y elevar a nivel público y sacar de lo privado lo que se estaba generando con la depredación del bosque y con las múltiples violaciones a los derechos humanos”, comentó la coordinadora general del COFADEH.
Así que, José Antonio Teruel fue un militante permanente de lo social, de las luchas colectivas y lo hizo desde hace muchos años.
“Nos da mucho pesar, mucho dolor, mucho coraje; saber que hombres que luchan por la vida y esas mujeres que trabajan por la vida a favor de lo colectivo, sean masacradas de la forma en que ha sucedido en los últimos años, por defender el ambiente y los territorios”, Berta Oliva
En relación al crimen perpetrado contra el periodista Luís Almendares, que fue víctima de una emboscada por parte de desconocidos que le infirieron cuatro impactos de bala contra su humanidad, y que falleció el 27 de septiembre en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, horas después de ser intervenido quirurjicamente en el hospital “Santa Teresa” de Comayagua, Oliva dijo que “el hecho representa un nuevo ataque contra de la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Nos quieren al igual que con el asesinato de Teruel, meternos miedo, nos quieren paralizar. Es evidente que con el asesinato del periodista estamos pensando que los ataques van en serio y lógicamente los resultados van a ser los mismos que de todos los periodistas asesinados; los resultados van a ser los mismos que de todos los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados donde no va a haber ningún avance en los procesos de investigación”, advirtió.
Estamos obligadas a mantener las demandas y las denuncias permanentes que hacía Luis Almendáres a través de su micrófono y publicaciones, porque no necesariamente se necesita ser periodista para colocar las denuncias a nivel público y hacer acciones a nivel privado, sostuvo Oliva.
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