Hasta el momento de esta emisión, más de
30 personas imputadas de delitos mayores – robo de bienes públicos,
falsificación de documentos, lavado de dinero sucio, narcotráfico y
asesinatos – han sido devueltos a casa con el nuevo código de los
salvajes.
Como había sido denunciado con
insistencia desde 2018, todo el año 2019 y en 2020, el nuevo código de
la dictadura está hecho para favorecer a los delincuentes y embutir a la
oposición social, moral y política de Honduras.
Esta semana la Corte de Apelaciones de
Tegucigalpa ha dado un ejemplo de esa conducta nefasta de los
magistrados y jueces que están al servicio de la dictadura, que saben
utolizar los instrumentos del poder para construir un nuevo orden de
injusticia. Las víctimas son otra vez los defensores del agua en
Guapinol y San Pedro, territorio donde los herederos del ladrón de
Conadi siembran minas de terror y ensucian las aguas de la montaña.
Las magistradas María Luisa Ramos
Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y Ramiro Alejandro Ramírez
decidieron eliminar el sobreseimiento definitivo que había sido otorgado
en marzo a cinco ambientalistas de Colón y, además, confirmaron con
embuste el encarcelamiento de sus ocho compañeros en Olanchito y La
Ceiba.
Según esta resolución criminalizante
desde la capital, Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco
Tulio Ramos y José Cedillo se enfrentan otra vez al riesgo de ser
encarcelados para satisfacción de las Inversiones Pinares y de todas
esas inversiones detestables que irrespetan la vida de la gente.
Como había señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año pasado, la
justicia en Honduras va lenta, en exceso tardía para atrapar a los
corruptos, narcos y violadores de derechos humanos, pero avanza veloz
para proteger sus intereses.
La CIDH dijo que “el sometimiento de
personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se
imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de
amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.
Eso es criminalizar y perseguir. Esa es la intención maléfica del
sistema creado por los asaltantes golpistas de 2009 hasta nuestros días.
También la CIDH sugirió que el Estado de
Honduras impida que las autoridades o terceros manipulen el poder
punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a
defensoras y defensores de derechos humanos. O sea, impedir que los
carteles del crimen organizado impongan la fuerza bruta y la fuerza de
su código en los territorios, utilizando municipalidades, jueces,
magistrados u otras instituciones mojigatas.
Pero desde luego eso es pedirle leche al
mar, porque la dinámica que hemos visto en los últimos 30 días es un
chorro de cartas de libertad definitivas a los corruptos de Pandora y
del Arca Abierta, auténticos delincuentes con poder que se han repartido
millones de dólares entre ellos aprovechándose del golpismo. Y por la
misma vía avanzan a favorecer a los asesinos de Berta Cáceres y a los
ejecutivos del banco que financió esa atrocidad.
Las iniciativas penales contra los
magistrados que hacen esta barbaridad son admirables, pero el blindaje
ya está hecho al amparo del nuevo código penal de los impíos, para
evitar la justicia. Para reirse de los justos. Para burlarse del pueblo
hondureño. Miserables, sabandijas!
En el caso del narcotráfico, la empresa
más rentable de las élites golpistas, los imputados están quedando
tranquilos con poder político y con las riquezas acumuladas. El nuevo
código no les hace ni cosquillas y les permite vengarse de sus enemigos
usando a los militares mercenarios.
Respecto al robo del dinero que fue
autorizado por el Congreso de Mauricio Oliva so pretexto de combatir el
Covid-19, ese es otro desastre nacional. El Ministerio Público debe
pedir anticipadamente de favor “los buenos oficios” de la ministra de
finanzas para obtener la información. No la pueden allanar. Y así los
malditos ladrones pueden tener todo el tiempo para destruir la evidencia
y entregar baratijas de papeles a los obedientes investigadores. Ese es
el nuevo código.
Por eso, cuando Radio Progreso le
preguntó a Leonel George qué pensaba del riesgo de volver a prisión tras
el fallo de las magistradas Matute, Padilla y Ramírez, el ambientalista
contestó: “al sistema judicial no le interesa la vida de ningún
ciudadano ni el ambiente de ninguna comunidad, eso es sólo una
ventanilla de trámite para las empresas”.
De nuevo la misma pregunta nos asalta:
qué hacer? Esperar que Rocío Tábora diga dónde está el dinero después de
abandonar su puesto o que el poder judicial de Estados Unidos venga por
los líderes del cartel de Lempira, que son los mismos que han recibido
las transferencias del dinero Covid?
El padre Melo ya dijo quién es el jefe
ladrón, es posible que ya casi sabemos todo. Todo de todo, pero falta el
siguiente paso. La distancia social es grande, los militares armados
son muchos, pero insuficientes. Han recibido refuerzos de Puerto Rico y
de Colombia. El pueblo es mucho más que ellos, pero el sacrificio es
grande, enorme.
Qué hacer? Cómo lo hacemos? Pensemos, actuemos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 de agosto 2020
https://www.defensoresenlinea.com/codigo-de-los-corruptos-hace-estragos-la-justicia/
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