El pasado 13 de agosto, la Corte de
Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán dio a
conocer tres resoluciones – fechadas el 3 de marzo – relativas al sonado
caso de los defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol,
al noreste de Honduras. A ocho de ellos se les confirmó auto de formal
procesamiento y prisión preventiva, mientras que a otros cinco se les
revocó el sobreseimiento definitivo dictado el año pasado por el Juzgado
de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
En esta zona nacen alrededor de 34
fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los
ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales
impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron
consultadas antes de otorgar las concesiones.
Las holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros[1], y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.
El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave
conflicto agrario del Bajo Aguán[2], donde decenas de campesinos
organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la
península de Zacate Grande[3].
Criminalización y ensañamiento
En febrero de 2019, 11 defensores y 1
defensora[4] de la comunidad de Guapinol, todos miembros del Comité de
Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, fueron acusados de los delitos
de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado,
usurpación y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares.
Después de ser encarcelados durante casi dos semanas, el 4 de marzo
fueron sobreseídos definitivamente.
Cinco meses después, otros 7 defensores
de los bienes comunes[5] de la misma comunidad fueron detenidos y
encarcelados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de
la libertad. A ellos se suma Jeremías Martínez Díaz, quien guarda prisión desde diciembre de 2018.
A pesar de varios intentos de sus
defensores de obtener una revisión de medidas cautelares, los jueces han
venido denegando sistemáticamente esta posibilidad, y los ochos
defensores del agua y la vida siguen presos, siete en la localidad de
Olanchito y uno en La Ceiba.
La persecución contra defensores y
defensoras de los bienes comunes de Guapinol ha quedado aún más
evidenciada ahora con las resoluciones criminalizadora de la Corte de
Apelaciones.
En la primera resolución (085-2020), los
magistrados resolvieron revocar el sobreseimiento definitivo dictado el
año pasado en favor de cinco de los doce defensores: Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
Contra ellos, la fiscalía podrá ahora abrir auto de formal procesamiento “como
autores de los delitos de privación injusta de la libertad e incendio
agravado en perjuicio de Santos Hernández Corea, y del delito de
incendio agravado en perjuicio de Empresa Los Pinares SA de CV“, se lee en la resolución.
Además, reformaron el sobreseimiento
definitivo dictado en favor de los 11 defensores y 1 defensora por el
delito de robo, convirtiéndolo en provisional. Asimismo confirmaron el
sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita.
En la segunda resolución, el pleno de la
Corte de Apelaciones ratificó los autos de formal procesamiento
decretados contra los ocho defensores actualmente privados de libertad,
confirmó el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación
ilícita y dictó sobreseimiento provisional por el delito de robo.
Queda pendiente la decisión sobre el delito de usurpación, otra espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de los defensores hondureños .
Finalmente, con la tercera
resolución, los magistrados resolvieron declarar no ha lugar el recurso
interpuesto por los apoderados legales de los ocho privados de libertad,
contra la decisión del Juzgado de Letras del noviembre pasado de
ratificar la prisión preventiva.
Una decisión política
“Son decisiones totalmente políticas. En
primer lugar, las resoluciones son del 3 de marzo, es decir que nos
ocultaron la información durante casi seis meses. Además, a cinco de los
doce defensores sobreseídos definitivamente el año pasado los vuelven a
procesar.
Hay un mensaje político dentro de las
resoluciones, porque deciden someter a proceso a aquellos compañeros que
más visiblemente han denunciado los atropellos cometidos en Guapinol”,
dijo a la LINyM, Edy Tabora, miembro del equipo legal de los defensores de los bienes comunes.
Esta decisión de los magistrados podría
conllevar la revisión de las medidas cautelares y una posible privación
de libertad para los cinco defensores. Ante esta situación, el equipo
legal ya presentó una impugnación ante el mismo tribunal.
“No es posible que en Honduras se siga
criminalizando y encarcelando a quienes defienden la tierra y los bienes
comunes, mientras se liberen a los que están involucrados en graves
casos de corrupción (caso Pandora) o que son beneficiados con el nuevo
código penal.
El mensaje político es clarísimo: aquí
la dictadura sigue mandando y sigue manipulando el sistema judicial y la
normativa, beneficiando a los amigos y criminalizando a los que
considera sus enemigos”, agregó Tabora.
Honduras letal
Honduras tiene más del 35 por ciento de su territorio concesionado para proyectos extractivos y energéticos.
Lo que ocurre a defensores y defensoras de Guapinol no es un caso aislado. De acuerdo al más reciente informe de Global Witness[6],
Honduras es entre los países con la mayor cantidad absoluta de personas
defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas (14 en 2019).
Sin embargo, si calculamos el número de
asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso
para los activistas ambientales, y el con el mayor aumento en el
porcentaje de ataques letales.
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