La FIDH manifiesta su grave preocupación
por un conjunto de medidas que podrían absolver de toda responsabilidad
a quienes cometieron delitos de genocidio, desaparición forzada y
tortura, así como a cualquier persona que haya encubierto, sido cómplice
o haya participado en el conflicto armado interno. Al dar una amnistía
total a los culpables de delitos de lesa humanidad durante dicho
conflicto, se pondría en jaque los pilares de la justicia en Guatemala, y
el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado en el
país.
Estas medidas son un drástico retroceso
frente a los avances que permitieron la condena de personas genocidas, a
su vez, que son una forma de desnaturalizar los cimientos de los
Acuerdos de Paz de 1996. De aprobarse, colocaría al país en una
situación de impunidad donde víctimas y sobrevivientes no tendrían
acceso a la justicia y serían revictimizadas.
Por un lado, el debate sobre las
reformas a la Ley de Reconciliación Nacional impulsadas mediante la
iniciativa de ley identificada con el número 5377 del Congreso de la
República sigue vigente y pretende dar una amnistía total a los
culpables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado
interno, y que ahora se encuentra en manos del Tribunal Constitucional
para que resuelva en definitiva el recurso que evita una amnistía.
En 2019, la FIDH ya se había pronunciado
manifestando que dichas reformas son especialmente preocupantes en
tanto que tienen un efecto retroactivo y porque permitirían decretar la
libertad en 24 horas a favor de todas las personas procesadas o
condenadas por dichos delitos. Es necesario resaltar que estas
proposiciones van en contra de las obligaciones en materia de derecho
internacional que consideran que las graves violaciones de los derechos
humanos no son amnisitiables y generan aún más impunidad.
Sumado a esto, la firma del Acuerdo
Gubernativo 100-2020 que formaliza el cierre de la Secretaría de la Paz
(SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión
Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos humanos (COPREDEH) y que crea la Comisión Presidencial por la
Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), es una forma de desmantelar los
alcances de los Acuerdos de Paz de 1996. La decisión presidencial, en
vez de fortalecer la institucionalidad ya existente, crea una nueva
comisión que deroga estas tres instituciones públicas, yendo en
contravía y negando las problemáticas y diálogos sociales que surgieron
de dichos acuerdos de 1996.
Frente a lo expuesto, la FIDH invita al
Estado de Guatemala a preservar el armazón de los Acuerdos de Paz de
1996. A su vez, la FIDH considera que es un momento crucial para que la
Corte de Constitucionalidad del país, resuelva el recurso de amparo
apegándose al derecho y cumpliendo con las obligaciones del Estado en
materia de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales con el
fin de garantizar la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo, el
derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a
las víctimas del conflicto armado.
https://www.defensoresenlinea.com/aministiar-a-culpables-de-delitos-de-lesa-humanidad-seria-una-afrenta-a-la-democracia/
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