La masacre laboral en Honduras es producto de la lucha de clases. Los
grandes perdedores con los efectos de la pandemia del COVID 19 somos
los que producimos la riqueza del país: los trabajadores asalariados,
desempleados, ambulantes, trabajadores del campo, cuentapropistas,
campesinos, pequeños y medianos propietarios, etc. Perdemos porque no
somos dueños de los principales medios de producción y no tenemos más
que nuestra fuerza de trabajo que enriquece al gran capital.La mayoría de los grandes empresarios y las transnacionales dueños de los principales medios de producción, que no producen riqueza, no solo no pierden, sino que si saben, como dicen ellos, “hacer de las crisis una oportunidad para ganar más”, y lo vemos en la sobre explotación del trabajo asalariado, en las concesiones en impuestos; en permitirles suspendan contratos de trabajo para no pagar salarios; en arrancarle al Estado más concesiones en el espectro radioeléctrico para Tigo y Claro; en mantenerles vigentes las millonarias exenciones fiscales; en participar del reparto gratuito de tierras del Estado; en recibir crédito bancario concesionado, en privatizarlo y desregularlo todo, con cual se profundiza el atraso y la dependencia del país.
La profundización del modelo neoliberal traerá consigo más explotación, más saqueo, más corrupción, más narcoactividad, más desigualdad social, más violaciones a los Derechos Humanos, y por tanto, la profundización de las contradicciones de clase. Previendo escenarios de resistencia popular, el régimen no solo ha remilitarizado el país, sino que, además, ha emitido un nuevo Código Penal que define esas acciones de defensa de los intereses de clase como: “reuniones ilícitas”, y según art. 553 deberán de ir a prisión. En Honduras, es común que plantones y otras manifestaciones públicas sean infiltradas por los cuerpos de seguridad para criminalizar a quienes protestan; con el nuevo Código Penal, a quienes protesten les aplicaran el art 554 correspondiente a “asociación para delinquir”; el 573 y 574 por provocar “desordenes o perturbación del orden público”; o el 787 de “terrorismo”, mandando a la cárcel a los dirigentes o participantes, y si hay una organización sindical de por medio le podrán quitar su personería jurídica aplicándole el Articulo 112 y obligándola a pagar daños y perjuicios.
La crisis la piensan resolver con más: dictadura, represión, explotación, neoliberalismo. Lo correcto es iniciar un proceso para revertirlo todo, con un aparato de poder popular democratizador y en un proceso de retorno a la unión centroamericana, que debe ser nuestro pensamiento y quehaceres más dignos.
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