Y es que la reacción del titular del Estado Mayor Conjunto de las FFAA de Honduras obedece a las denuncias interpuestas por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) en las que se dejó constancia que hubo incluso ultraje sexual contra las afectadas, a quienes golpearon con cables eléctricos que les provocó moretones en sus cuerpos.
Al respecto, el jerarca militar dijo que las imágenes a las que tuvo acceso “en ningún momento aparece un militar u otro miembro porque además estaban la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Policía Militar y fiscales”.
Asimismo, consideró que hay una campaña que busca desprestigiar al brazo armado, al tiempo que justificó de que los privados de libertad siempre buscarán pretextos para desacreditarlos.
A pesar de rechazar las acusaciones, precisó que la junta interventora del sistema penitenciario está investigando los hechos que provocaron las lesiones en las afectadas.
Cabe recordar que el incidente ocurrió el pasado 25 de diciembre cuando funcionarios de Fusina ingresaron a efectuar un operativo en el presidio norteño, según la denuncia interpuesta ante el CPTRT.
La organización, según un comunicado, «motiva a los y las familiares de las internas que interpongan denuncias por torturas en el Ministerio Público», a fin de que se realicen las investigaciones y se deduzcan responsabilidades».
Este es el primer hecho delictivo que habría cometido Fusina luego que el titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández ordenara la intervención del sistema penitenciario a fin de «controlar» la oleada de violencia que se vive en los 18 presidios que operan en Honduras.
Organizaciones defensoras de DDHH advirtieron en su momento que la remilitarización de las cárceles provocaría abusos por los militares ya que no están preparados para atender a los privados de libertad.
Fusina ha permanecido desde hace varios años en apoyo a las autoridades carcelarias, sin embargo, su presencia no ha ayudado a frenar los hechos violentos; desde que asumieron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se reportan alrededor de 37 personas muertas en reyertas en los presidios de mínima seguridad de Tela y El Porvenir.
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