Y es que se pretende que una de las compañías que participará en el proceso sea la ganadora de la licitación que se realizará el próximo 9 de enero a pesar de que se abrirán las ofertas para elegir al proveedor, por lo que el contrato ya estaría arreglado a favor de la misma, de acuerdo a las denuncias que recibieron ambos medios.
La licitación pública nacional LPN-004-2019-UTRV, de la Unidad Técnica del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (Sinap), orientado a contratar un nuevo programa informático de gestión, deberá entrar en operación en febrero próximo, por lo que una de las fuentes familiarizadas con el tema aseveró que habrían indicios de corrupción.
Explicó que los parámetros del proceso de apertura de ofertas y la escogencia de la propuesta de menor cuantía ya están definidos; quien gane la licitación debe elaborar en un periodo prudencial el software que permita una correcta administración de la base de datos a través de la instalación de programas de gestión de contenido, servidores internos y externos, almacenamiento de datos y equipos de digitalización, por lo que ese procedimiento no puede realizarse en un periodo menor a un mes.
Dejó claro que el nuevo sistema no puede estar operando en febrero de 2020 ya que el oferente tiene que evaluar las prestaciones del software actual y los aparatos que alimentan la red del IP a fin de diseñar una nueva arquitectura que se adapte a las necesidades que tiene la dependencia estatal para ofrecer un mejor servicio a la población; esa misteriosa instalación obdecería a un arreglo previo de la empresa cuyo nombre se mantiene reservado.
Con relación a las sociedades mercantiles que participarían en la operación del sistema informático, otro de los conocedores dijo a Radio Globo y ConfidencialHN que hasta el momento permanecen en el anonimato, cuando en el pasado ya se proporcionaban los nombres, quiénes son sus representantes legales, por lo que nadie sabe quiénes competirán por tener el control del software.
A pesar de las dudas que tienen algunas fuentes, un documento divulgado en los medios impresos explica que la licitación debería realizarse bajo los «procedimientos de la licitación pública nacional, establecidas en el manual operativo de la unidad técnica del Sinap».
Se pretende que el ganador -cuyo contrato ya estaría arreglado- proporcione un servicio que está destinado a la digitalización de los documentos recibidos diariamente en las diferentes ventanillas de trámites del Registro Vehicular en las oficinas distribuidas por todo el país.
Asimismo, otra de las funciones sería asegurar el resguardo y almacenamiento de los documentos y habilitar los diferentes medios de consulta de documentos digitalizados a través de los diferentes controles y políticas de acceso según las áreas de interés.
Se tiene previsto que en los próximos días se denuncie ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) a fin de dejar constancia sobre las irregularidades de la licitación.
No se descarta que varias compañías que están sindicadas por actos de corrupción en la administración pública, como el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pudieran estar participando o ya tengan asegurado el contrato de la licitación, por lo que se podría evidenciar los fuertes nexos entre la alta cúpula del Ejecutivo nacionalista y este segmento en una suerte de pago de favores para no ser perseguidos por la justicia.
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