El informe recoge los hallazgos de la visita in loco que realizó la CIDH a Honduras, del 30 de julio al 3 de agosto de 2018.
La jornada se desarrolló en dos eventos. El primero para presentar los principales hallazgos del informe y el segundo donde el comisionado Joel Hernández entregó a la Procuradora General de la República, Estela Cardona, el manual de lineamientos del Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA).
El informe destaca la situación post electoral y el proceso de violencia que siguió a las elecciones, que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza pública y la falta de avances en las investigaciones al día de hoy, aunado a información que apunta a una creciente concentración del poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.
La CIDH subraya sobre los altos niveles de inseguridad ciudadana en Honduras y sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos. El estado reconoce que en la última década ha sido uno de los países más violentos del mundo, y que un factor generador de violencia constituye el tráfico de drogas y el crimen organizado, los cuales se han infiltrado a varias instituciones estatales.
El informe recoge información relacionada a la intervención de la policía militar, la militarización de la función penitenciaria y su involucramiento en temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y adolescentes denominado Guardianes de La Patria, temas que fueron referidos y cuestionados por la CIDH en su informe de 2015.
La CIDH citó que recibió informes que el ejército realiza funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras como es el caso del Bajo Aguán, situación a la que se sigue dando seguimiento.
La CIDH reitera que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles, y que, conforme a la jurisprudencia interamericana, cuando el ejército participa en tareas de seguridad, ésta debe ser de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
“El estado debe tomar medidas decisivas en la administración de la justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido”, subraya el informe.
Hasta el momento, el estado de Honduras no ha brindado información relacionada con la apertura o avances investigativos que brinden claridad sobre las 23 muertes violentas ejecutadas por agentes del estado y que se produjeron por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas para condenar el fraude electoral de noviembre de 2017.
Al menos 84 personas que fueron criminalizadas por las protestas, enfrentan procesos penales y 13 que se encontraban privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad, enfrentan juicios con medidas sustitutivas a la prisión.
Sólo en 2018 se contabilizaron 897 manifestaciones públicas para condenar el fraude electoral de noviembre de 2017, que dejó ilegalmente en el poder de la nación, a Juan Orlando Hernández.
La CIDH planteó en su informe que recibió información que apuntaba a que los procesos penales fueron utilizados como herramienta para silenciar a disidentes políticos.
Pese a todo lo expuesto, el informe destaca varios avances en materia de derechos humanos, entre otros, la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de implementar la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, sostuvo Joel Hernández.
Asimismo, el informe valora, la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (Simore), con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al estado de Honduras por mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.
Para asegurar el cumplimento de las 30 recomendaciones formuladas por la CIDH al estado de Honduras, el Comisionado Joel Hernández entregó a la Procuradora General de la República, Estela Cardona, los lineamientos del Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA).
En la presentación del informe, estuvieron presentes la Procuradora General de la República, Estela Cardona, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Claudia Castañeda, la Subsecretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, Jackelyn Anchecta, y la Subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, Nelly Jeréz, entre otras funcionarias del régimen.
Asimismo, asistieron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, agencias de cooperación y cuerpo diplomático acreditado en Honduras.
https://defensoresenlinea.com/la-cidh-presenta-informe-situacion-de-derechos-humanos-en-honduras/
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