Publicado en Criterio.hn / Octubre 24,2019
Por: Javier San Vicente
El grito “Fuera JOH” —en referencia al
presidente Juan Orlando Hernández— resuena desde hace varios años por
todos los rincones de Honduras. El juicio y condena a su hermano, ha
sido solo el colofón de una cuestionada presidencia, financiada por
múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico.
La situación política en Honduras es insostenible. El pasado 18 de octubre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró
culpable a Juan Antonio “Tony” Hernández de los delitos de conspiración
para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas y
dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y
perjurio.
En la acusación presentada por la fiscalía federal,
se señaló como co conspiradores de “Tony” Hernández a su hermano Juan
Orlando Hernández, actual Presidente de la República de Honduras, al ex
Presidente Porfirio Lobo, al Ministro de Energía y a varios policías y
narcotraficantes centroamericanos. Durante la celebración del juicio
fueron además señalados por sus vínculos con el crimen organizado un
buen número de altos cargos del gobierno, como el actual Ministro de
Seguridad Julián Pacheco (señalado en otros dos juicios más), el Secretario de Gobernación Ebal Diaz (una especie de vicepresidente), varios exministros, y diversos diputados.
Los hechos imputados por la fiscalía a
“Tony” Hernández y sus co conspiradores son de la máxima gravedad.
Según lo afirmado durante el juicio, Tony Hernández fue un
narcotraficante de alto nivel que tuvo a su servicio a la policía y el
Ejército hondureño y que en el apogeo de su poder llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales: “TH”.
Uno de los testigos del caso afirmó literalmente
que el acusado “era el tipo de persona que mandaba a matar cualquiera
que no le parecía”. Además, “Tony”, conocido popularmente como TH, fue
acusado de ser intermediario entre narcotraficantes y el gobierno de
Juan Orlando Hernandez y Porfirio Lobo. En nombre de ambos mandatarios, recibió sobornos de los narcos a cambio de protección para sus actividades delictivas y promesas de impunidad.
El hermano del presidente, conocido
popularmente como TH, fue acusado de ser intermediario entre
narcotraficantes y el gobierno de Honduras
Los fondos recibidos fueron utilizados
para financiar las campañas electorales del gobernante Partido Nacional
en 2009, 2013 y 2017.
Con la protección otorgada, los narcotraficantes
que han declarado en el juicio a TH han confesado haber cometido 152 asesinatos en total.
Entre los crímenes admitidos, destacan el asesinato de figuras clave de
la lucha contra el narcotráfico como los zares antidrogas Alfredo
Landaverde y Julián Arístides González y el fiscal anticorrupción Orlan
Chávez, además de varios periodistas.
Según la la fiscalía federal, “el
acusado (TH) y sus co conspiradores (que incluyen al presidente
Hernández) incurrieron en estas conductas (narcotráfico) para
enriquecerse personalmente, financiar campañas de candidatos del Partido
Nacional (…) y para mantener y ampliar su poder y posición política en
Honduras”. De esta forma, el proceso contra “Tony” Hernández se ha
convertido en un enjuiciamiento público contra el sistema político
hondureño y contra el Presidente Juan Orlando Hernández.
Para encontrar el origen del proceso
de degradación sociopolítica de Honduras hay que remontarse a lo
ocurrido hace una década. El 28 de junio de 2009, se produjo en Honduras
un golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, entonces miembro
del Partido Liberal. La justificación de este golpe fue la cercanía de
Zelaya con el chavismo y su hipotético deseo de reelegirse.
Tras la asonada, Honduras entró en un
periodo de hegemonía política del Partido Nacional, fortalecido por la
implosión de su tradicional rival, el Partido Liberal, fracturado como
consecuencia del golpe. A partir de ese momento, los sucesivos gobiernos
de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández iniciaron una reconfiguración
de la institucionalidad hondureña a la medida de sus intereses.
A partir del golpe de 2009, los
sucesivos gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández iniciaron
una reconfiguración de la institucionalidad hondureña a la medida de sus
intereses
La división de poderes fue anulada mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en
2011, que supuso la subordinación de los poderes legislativo y judicial
al poder ejecutivo. En 2013, se aprobó una Ley de Secretos que hizo
virtualmente imposible el monitoreo ciudadano de la función pública. Pero la gran apuesta de Juan Orlando fue la remilitarización y securitización del
estado. En este marco, el gobierno realizó una profunda reconfiguración
interna de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, logrando así que
los puesto claves quedasen en manos de personas de la máxima confianza
del Presidente Juan Orlando Hernández.
Durante esta década, el pueblo
hondureño ha padecido los peores niveles de violencia en la historia del
país, en el marco de las luchas intestinas del narcotráfico por hacerse
con la principal ruta de la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, en pleno apogeo de la influencia del narcotráfico en Honduras, el país ostentó el primer puesto a nivel mundial en tasa de homicidios.
Las violaciones a los Derechos Humanos
también han sido una constante en este periodo, incluyendo crímenes de
alto impacto a nivel internacional, como el asesinato de la líder
indígena, feminista y defensora del territorio Berta Cáceres. David
Castillo, principal acusado por este asesinato, es socio del Cártel de
los Cachiros, una de las redes criminales que fue supuestamente
protegida por el gobierno hondureño. Además de este caso, centenares de
defensores de los derechos humanos, ambientalistas, periodistas y
opositores han sido asesinados en Honduras en la última década.
A pesar de este panorama convulso, el
actual Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) permanece en
el cargo, aunque con un alto grado de ilegitimidad. El grito “Fuera JOH”
resuena desde hace varios años por todos los rincones del país. El
juicio y condena a su hermano TH, ha sido solo el colofón de una
cuestionada presidencia, financiada por múltiples tramas de corrupción y por el narcotráfico.
Desde la consumación del fraude
electoral de 2017, el país vive en un estado de crisis política y social
permanente. Las protestas callejeras, reprimidas con violencia por
Ejercito y Policía, han sido una constante
Hernández logró reelegirse en 2017 violando lo dispuesto en la constitución hondureña (que prohíbe la reelección), a través de un proceso electoral altamente cuestionado (la
Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados
Americanos llegó a pedir la repetición de los comicios) y que generó una
oleada de protestas que se saldaron con más de 30 muertos.
Desde la consumación del fraude electoral de 2017, el país vive en un
estado de crisis política y social permanente. Las protestas callejeras,
reprimidas con violencia por Ejercito y Policía, han sido una constante
desde entonces.
Tras la sentencia contra Tony
Hernández, Honduras vive en un ambiente de tensión contenida. Se han
producido protestas aisladas pidiendo la renuncia del presidente,
reprimidas con la habitual violencia. Sin embargo, a la fecha no se ha
producido un levantamiento multitudinario como el visto tras los
comicios fraudulentos de 2017 o a principios de 2019, cuando se
produjeron masivas movilizaciones contra los proyectos del gobierno de
privatizar los sectores de salud y educación.
Por lo demás, el Presidente Hernández
cuenta todavía con aliados poderosos. El principal es el gobierno de
Donald Trump, más interesado en imponer a los gobiernos centroamericanos
regulaciones anti derechos en materia migratoria que en cualquier otra
consideración. La firma el pasado septiembre de un acuerdo de tercer país seguro entre
Honduras y Estados Unidos, que permitirá a Trump deportar solicitantes
de asilo a suelo hondureño, es una garantía del apoyo estadounidense a
Hernández en el corto plazo.
La conocida como guerra las drogas es
una vez mas retratada como una pantomima. La Unión Europea no se ha
pronunciado sobre la situación en el país. En el plano interno, la red
clientelar en la que se apoya el gobernante tiene una base con la
suficiente amplitud como para garantizar su continuidad. Especialmente
importante será el papel de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han
respaldado a Hernández. Tras la condena de TH, el gobierno destituyó de forma abrupta a varios coroneles del Ejército, con lo cual la lealtad de la actual cúpula militar parece estar garantizada.
De esta forma, las perspectivas en
Honduras son sombrías. La sociedad hondureña está exhausta tras años de
protestas reprimidas a sangre y fuego, y en la que los disparos a la
cabeza contra los manifestantes han sido la norma. Por otro lado, una
oposición dividida y desgastada no es capaz de aglutinar las fuerzas
existentes. El futuro cercano es altamente imprevisible. Lo único
garantizado es que el presidente Hernández no abandonará el poder
voluntariamente.
https://criterio.hn/el-prolongado-descenso-a-los-infiernos-de-honduras/
Otras informaciones en Criterio.hn
jueves, 24 de octubre de 2019
El prolongado descenso a los infiernos de Honduras
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario