El caso se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios, Honduras.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión.
Asimismo, la CIDH consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de dichos accidentes. Ello en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos accidentes se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada.
Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así como a la salud y a la seguridad social.
Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación.
En su Informe de Fondo la Comisión estableció, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado: i) adoptar medidas de compensación económica y satisfacción a las víctimas y sus familiares; ii) disponer de medidas de atención en salud física y mental a las víctimas sobrevivientes; iii) investigar de manera diligente con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa e imponer las sanciones correspondientes; iv) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares; y v) realizar campañas de información relevante en materia de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.
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