Daniel Cerqueira, Coordinador del
Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales, de la Fundación para
el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation).
En su análisis Honduras tiene una normativa de ocultar, reservar y
mantener en confidencialidad información específicamente cuando se
trata de recursos naturales y los accionistas que forman parte de las
empresas que participan en las concesiones.
“Honduras tiene marcos normativos que son opacos y que priorizan la
reserva y la confidencialidad de la información en el caso concreto de
recurso naturales”, argumentó.
Destacó que en las noticias recientes ha habido un incremento en la criminalización por la defensa el territorio.
Ejemplificó el caso de Guapinol donde personas que han defendido
su territorio, su derecho al agua que claramente demuestra el uso
abusivo del poder punitivo del Estado
Añadió que otra forma podría ser una criminalización de baja
intensidad que no se manifiesta solamente en el asesinato o agresión de
defensores y defensoras sino también medidas de corte más institucional
como cierre de espacios o levantamiento de permisos para seguir
funcionando legalmente.
A su enteneer hay estrategia bastante sofisticada de prohibir voces
disidentes a las concesiones que se han dado en materia energética que
en el país.
Pasosdeanimalgrande.com preguntó a Cerqueira si considera que el Estado respeta los tratados internacionales con los que se compromete.
Respondió que del desafío es precisamente que esos tratados sean
cumplidos por el Estado hondureño, pero en la práctica el país ha sido
registrado como uno de las naciones más peligrosos del mundo para el
ejercicio la defensa del territorio y ppr matar defendores de derechos
humanos.
Antecedentes
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de
Honduras,(FOSDEH), publicó en su informe Territorio y Riesgo II del
2018, sobre la previa consulta que el Estado tiene la obligación de
contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las
negativas de entrega de información.
Este recurso debe ser sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, y
debe permitir controvertir las decisiones de los funcionarios públicos
que niegan el derecho de acceso a una determinada información o que
simplemente omiten dar respuesta a la solicitud.
La Ley de Municipalidades de Honduras, en el artículo 25, inciso 9,
obliga a «celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto
con facultades de la corporación municipal, como máxima autoridad
representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas, como
ser: comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que
por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la corporación, para resolver
todo tipo de situaciones que afecten a la comunidad».
Además, el inciso 10 obliga a las municipalidades a «convocar a
plebiscito a todos los ciudadanos vecinos del término municipal, para
tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, a juicio de la
Corporación». El resultado del plebiscito es de obligatorio
cumplimiento.
En Honduras hay 137 concesiones mineras y de energía las cuales
cerca del 20% se encuentran en territorios indígenas y negros,
aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más
peligrosos para la defensa del medioambiente.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2565-segun-experto-internacional-mecanismos-judiciales-don-utilizados-como-herramientas-para-criminalizar-defensores
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