El
27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento
jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la
fecha continuamos resistiendo los embates coloniales.
Honduras
en 1994 firmó el convenio, creando un sinnúmero de ilusiones entre los
pueblos indígenas del país, los que nos esperanzamos que se lograría
implementar la consulta previa, libre e informada, y así poder contener
la avalancha de proyectos extractivos que serían impuestos en nombre del
neoliberalismo imperante.
Según
la OIT, “Al ratificar un convenio un Estado miembro se compromete a
adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio”. El Estado
pretendió desde la década de los años 90, adaptar el Convenio a la
legislación nacional emitiendo para ello leyes secundarias.
Es
hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de
Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en
crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como
el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a
final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del
PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del
Perú.
A
pesar de las denuncias interpuestas por la manipulación que efectúo
tanto el Estado a través de DINAFROH y el PNUD, ambas instancias
llevaron a cabo una serie de talleres del borrador de Ley elaborado por
el consultor Ivan Lanegra proceso al cual denominaron consulta.
Se
supone que el Convenio 169 tiene dos postulados básicos: “el derecho de
los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de
vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera
efectiva en las decisiones que les afectan¨. Esos dos pilares son
totalmente desconocidos tanto por el Estado de Honduras y algunos
organismos internacionales que ven en la consulta previa, un mero
tramite para legitimar la entrega de los recursos naturales a los
inversionistas tanto nacionales como internacionales.
La
OFRANEH, como parte del Observatorio de los Derechos de los Pueblos
Indígenas (ODIPINH) nos pronunciamos ante el cinismo por parte de
algunos políticos que nunca han legislado a favor de los pueblos
indígenas asumiendo el rol de instigadores de la aprobación del texto en
cuestión el que traerá enormes consecuencias en materia de derechos
humanos, en un país donde defender el territorio se ha sido convertido
en un delito que inclusive nos genera la muerte, tal como el recién
asesinato de nuestra compañera presidente del Patronato de Masca, Mirna
Suazo.
La Ceiba a los 13 días del mes de Septiembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales.Honduras en 1994 firmó el convenio, creando un sinnúmero de ilusiones entre los pueblos indígenas del país, los que nos esperanzamos que se lograría implementar la consulta previa, libre e informada, y así poder contener la avalancha de proyectos extractivos que serían impuestos en nombre del neoliberalismo imperante.Según la OIT, “Al ratificar un convenio un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio”. El Estado pretendió desde la década de los años 90, adaptar el Convenio a la legislación nacional emitiendo para ello leyes secundarias.Es hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del Perú.A pesar de las denuncias interpuestas por la manipulación que efectúo tanto el Estado a través de DINAFROH y el PNUD, ambas instancias llevaron a cabo una serie de talleres del borrador de Ley elaborado por el consultor Ivan Lanegra proceso al cual denominaron consulta.No obstante las observaciones presentadas por la relatora de Naciones Unidas. Vicky Tauli-Copus y las recomendaciones del Comité para la Erradicación del Racismo y la Xenofobia (CERD), organismos que manifestaron su preocupación ante la evidente distorsión en relación al proceso de consulta el estado pretende aprobar una Ley que a todas luces atenta contra la vida de los pueblos indígenas del país.Se supone que el Convenio 169 tiene dos postulados básicos: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan¨. Esos dos pilares son totalmente desconocidos tanto por el Estado de Honduras y algunos organismos internacionales que ven en la consulta previa, un mero tramite para legitimar la entrega de los recursos naturales a los inversionistas tanto nacionales como internacionales.La OFRANEH, como parte del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ODIPINH) nos pronunciamos ante el cinismo por parte de algunos políticos que nunca han legislado a favor de los pueblos indígenas asumiendo el rol de instigadores de la aprobación del texto en cuestión el que traerá enormes consecuencias en materia de derechos humanos, en un país donde defender el territorio se ha sido convertido en un delito que inclusive nos genera la muerte, tal como el recién asesinato de nuestra compañera presidente del Patronato de Masca, Mirna Suazo.La Ceiba a los 13 días del mes de Septiembre del 2019Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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