En el evento, el sociólogo Eugenio Sosa expuso sobre las consecuencias, las secuelas y la implicación para el pueblo hondureño, tanto del golpe de estado de 2009, como de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
“Con esta economía de muy bajo crecimiento, hay mucha desigualdad y concentración de la riqueza.
Casi cualquier cosa en términos de la tierra, tecnología, ingresos y créditos; marcan una desigualdad enorme donde los sectores que acaparan son muy pocos, como los más altos en sectores de consumo medios y altos”, detalló el investigador social.
Otros problemas estructurales se han agudizado como la corrupción, las redes ilícitas de narcotráfico, la destrucción de la institucionalidad, con una democracia mínimamente aceptada en términos de soberanía popular y el surgimiento de un autoritarismo que ha agudizado la crisis hondureña.
“Cuando analizamos la situación hondureña que es bastante grave, nos preguntamos ante qué estamos, hay varias cosas que se ensayan pero que en el fondo todas quieren reflejar la situación grave. Hablamos de una crisis múltiple, una crisis continuada y permanente después del golpe, una crisis política y de gobernabilidad; que no termina de salir y hablamos realmente de una tragedia”, aseguró Sosa.
Al hacer la tarea de acompañar los procesos, a las víctimas de la política criminal de estado, porque eso es lo que tenemos “una política criminal de estado”, lo enfrentamos con los instrumentos internacionales que tenemos a nuestro alcance y lo orientamos haciendo uso de lo que reza la Constitución de la República, aunque sabidas estamos; que eso no va a tener ningún efecto.
“Cuando hablamos de una política criminal nos referimos a que nunca, porque nosotras tenemos 37 años de trabajar el tema de los derechos humanos y nunca como hoy enfrentamos los niveles de espionaje, los niveles de infiltración, los niveles de seguimiento que tienen la mayoría de las organizaciones”, porque aquí se ha incrementado la militarización y el militarismo”, denunció la reconocida defensora de derechos humanos.
Oliva mencionó el incremento de cárceles de tortura creadas por el actual régimen, donde han sido enviados ambientalistas y opositores al régimen, que son presos políticos. “Uno de los que debería estar ahí es el señor Juan Orlando Hernández, no solo porque se robó las elecciones, no solo porque violó la Constitución para reelegirse, no es tanto por eso, porque al final de cuentas, esa parte la han avalado los organismos internacionales, aunque están conscientes que robó, que hubo una crisis y que hubo más de 37 asesinados durante esa reclamación. Y en este momento no tenemos ni un tan solo avance de esos asesinatos, sostuvo Oliva.“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”: Bertha Oliva
La Coordinadora del COFADEH también apuntó que debe insistirse sobre la investigación de los temas de las desapariciones forzadas de los años ochenta, ya que se han repetido las acciones de este crimen de lesa humanidad “y con los mismos actores del pasado, por lo que es más atroz lo que se vive en el país”.
“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”, advirtió Olivia.
Martínez destacó también la situación vulnerable que enfrentan niñas y jóvenes reclutadas por maras y pandillas que sirven de “banderas” para el crimen organizado o el narcotráfico. Estas implicaciones han llevado al asesinato de féminas jóvenes en el país.
La Coordinadora del CEM-H reveló que un 62.8 por ciento de los asesinatos de las mujeres ocurren en lugares públicos, en la casa un 21.4 por ciento, en negocios un 4.6 por ciento, en cuarterías 2.0 por ciento, en solares baldíos 1.5 por ciento, en hoteles un 1.5 por ciento, en autobuses 1.5 por ciento. Lanzadas a un río 1 por ciento.
En los últimos 10 años se han registrado 4 mil 736 femicidios o crímenes contra mujeres. Solo entre 2018 y 2019 se contabilizaron 800 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 11 casos fueron judicializados como femicidios, que representa apenas el 1.43 por ciento.
Acerca de la lucha de las comunidades campesinas por una parcela de tierra, el Director Ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría, expuso que la crisis por la que atraviesa el campesinado sin acceso a la tierra, tiene su raíz en la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
“La base de esa ley era terminar con la Reforma Agraria, con los procesos redistributivos de la tierra, porque eso impedía el desarrollo agrícola en el país y que terminando con la reforma agraria iba a venir desarrollo en el agro, iba a haber empleo en el agro. Esa ley terminó con la reforma agraria, privatizaron todos los servicios que en ese momento existían para el campo, como el crédito, la asistencia técnica, todo lo privatizaron”, dijo Alegría.“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”: Rafael Alegría
Añadió que los procesos de legalización de tierras impulsados por el ex presidente Manuel Zelaya, fueron invalidados por el golpe de estado. “El decreto 18-2008, aprobado por Zelaya estipulaba que las tierras que estaban ocupadas por los campesinos fueran tituladas y nos preparábamos para aprobar una nueva ley que sustituyera la de modernización agrícola”.
Alegría quien aboga por la aprobación de una “Ley de Derechos Campesinos y otras Gentes”, sostuvo que en los últimos diez años se han registrado asesinatos de campesinos, la destrucción de movimientos, desalojos violentos y procesos de judicialización contra los trabajadores y trabajadoras del campo.
“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”, sostuvo el director de La Vía Campesina.
Para finalizar Alegría mencionó que este mismo día, se produjo un desalojo por parte de efectivos policiales en contra del Grupo Campesino Buenos Amigos en Choloma, Cortés. “Por esos desalojos han ido a parar a la cárcel, alrededor de 8 mil 500 campesinos, incluyendo mil 700 mujeres, y otros tienen medidas cautelares donde tienen que estar firmando en los tribunales”.
La llegada de la Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos fue organizada por “Mundubat”, en coordinación con las organizaciones socias con las que trabaja en Honduras como son: La Vía Campesina, COFADEH, CNTC y CEM-H, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y el Gobierno Vasco. Dos grupos de la delegación se encuentran simultáneamente en Guatemala y Honduras desde el 19 al 25 de septiembre.
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