Washington Post: Fiscales federales consideran a Honduras como un “narcoestado”

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Los documentos de los fiscales federales estadounidenses que involucran a al actual presidente y a varios ex-mandatarios de Honduras con el narcotráfico, ha causado revuelo a nivel mundial.

                 El diario estadounidense The Washington Post, medio conocido por ser el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital de los Estados Unidos, aseguró en una publicación que «los fiscales federales han acusado al gobierno hondureño de funcionar esencialmente como un narcoestado».

A continuación la traducción íntegra:

Los fiscales federales de los Estados Unidos han acusado al gobierno hondureño de funcionar esencialmente como un narcoestado, y los presidentes actuales y anteriores han recibido contribuciones de los traficantes de cocaína a cambio de protección.

Un documento de 49 páginas presentado en el distrito sur de Nueva York el viernes se refiere al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, como un conspirador que trabajó con su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, y el ex presidente Porfirio Lobo «para usar el narcotráfico para ayudar afirmar el poder y el control en Honduras «. Dice que el presidente y su predecesor» se basaron en el producto de las drogas «para financiar campañas políticas y cita» evidencia de corrupción política de alto nivel «.

La presentación se produce pocos meses después de que otros documentos de la corte federal de EE. UU. Mostraran que el presidente actual y algunos de sus asesores más cercanos estaban entre los objetivos de una investigación de la Administración de Control de Drogas, lo que arroja más dudas sobre la afirmación de los Estados Unidos de que Honduras ha ayudado a detener el flujo de drogas.

El gobierno de los Estados Unidos ha sido un firme defensor del gobierno de Hernández, invirtiendo millones de dólares en la cooperación de seguridad para detener la cocaína que se dirige a los Estados Unidos desde América del Sur.

La oficina del presidente hondureño emitió un comunicado a través de Twitter diciendo que Hernández «niega categóricamente las acusaciones falsas y perversas».

Específicamente, los fiscales alegan que Hernández usó $ 1.5 millones en ganancias del narcotráfico para ayudar a asegurar la presidencia en 2013. El apoyo de la campaña llegó a través de sobornos en efectivo a funcionarios hondureños, así como obsequios y favores a políticos locales, argumentan los fiscales. Hernández ganó la reelección en 2017, a pesar de los límites de mandato en Honduras y las denuncias generalizadas de fraude electoral.

 La presentación también alude a pagos múltiples de $ 1 millón o más de traficantes de drogas a Lobo.
La esposa de Lobo fue arrestada por funcionarios hondureños en 2018 por cargos de desviar $ 700,000 en fondos públicos. Su hijo, Fabio, fue sentenciado en los Estados Unidos a 24 años de prisión en 2017 por tráfico de drogas.
Lobo fue el mentor de Hernández y supervisó su ascenso al poder.

La presentación forma parte de documentos previos al juicio en un próximo caso de septiembre contra Tony Hernández, quien fue arrestado en 2018 en Miami por cargos de contrabando de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

 Los fiscales describen a Tony Hernández como un «narcotraficante violento y de varias toneladas» con una influencia significativa sobre los funcionarios hondureños de alto rango, quienes a su vez protegieron sus envíos y su territorio. También dicen que miembros de la Policía Nacional de Honduras escoltaron su cocaína a través de las aguas y el espacio aéreo del país, mientras que Lobo una vez desplegó personal militar en la frontera de la nación con Guatemala para disuadir a otro narcotraficante de invadir territorio en el oeste de Honduras.

En al menos dos ocasiones, los fiscales dicen que Tony Hernández ayudó a organizar asesinatos de rivales del narcotráfico, uno de los cuales había ejecutado por un miembro de la policía nacional.               
Dicen que ese sicario fue luego ascendido a jefe de policía.
Tony Hernández aseguró un asiento en el congreso hondureño en 2014, presumiblemente para evitar la extradición.

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