Foto: COFADEH / 08 Agosto 2019
La
Coalición contra la Impunidad, atenta a los acontecimientos de las
últimas horas, hace un llamado de atención a la comunidad internacional a
no guardar silencio en relación a los hechos violentos que afectan a
Honduras; su pronunciamiento, por condicionado que esté, debe ser ahora.
La
nueva ola de manifestaciones pacíficas de la población, iniciada el
lunes para exigir la salida del presidente impostor, Juan Orlando
Hernández, ha desatado un discurso criminalizador desde las altas
esferas del Estado y un comportamiento extremadamente agresivo del
aparato policial-militar al servicio de la dictadura, que está
produciendo víctimas a nivel nacional.
"Solo
hay dos caminos: el camino bueno y el camino malo, y nosotros somos el
buen camino" definió el martes Juan Orlando Hernández, quien ha sido
identificado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico a gran
escala que sigue el poder judicial estadounidense en Nueva York a
reconocidos delincuentes de alta peligrosidad para la seguridad interior
de ese país.
Este
discurso amenazante de Hernández, pronunciado durante una concentración
de empleados públicos que lo acuerpan, pone de un lado al fortificado
aparato militar, policial, paramilitar y de inteligencia clandestina, y
de otro lado, a la población que exige su destitución y castigo.
Este
extremismo simplista, propio de la narrativa chauvinista, amenaza con
derivar en un agravamiento severo de los derechos humanos de la
población en general y de la resistencia social y política en
particular.
Las
primeras víctimas de esta arenga defensiva-agresiva son los jóvenes
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en
Tegucigalpa y San Pedro Sula, quienes han sido perseguidos por
regimientos uniformados que disparan gases y balas directamente a los
cuerpos y hacia el interior de sus medios de transporte.
En
la capital, la represión contra la marea estudiantil que salió el
martes hacia el centro de la ciudad dejó un saldo preliminar de cinco
jóvenes heridos durante el trayecto, dos de ellos acompañados por el
Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En
los ataques participaron policías, soldados del ejército, guardias
privados y guardaespaldas de dignatarios, quienes provocaron un incendio
de medianas proporciones dentro de un edificio del centro histórico
durante el lanzamiento indiscriminado de artefactos de gas lacrimógeno
contra la multitud.
En
San Pedro Sula, las fuerzas de la policía y el ejército que defienden
al régimen asociado mundialmente al crimen organizado, pero defendido
por el Ejecutivo estadounidense, entraron violentamente al campus
universitario y golpearon estudiantes en forma masiva, en medio de una
nube tóxica de gases lanzados dentro de las instalaciones.
Una
de las imágenes convertida en tendencia temática en redes sociales
durante las últimas 24 horas muestra a policías militares lanzando
bombas tóxicas dentro de un bus que transportaba estudiantes de la
Universidad hacia sus barrios, aproximadamente a las 11: 00 de la noche.
Este
ataque alevoso y a todas luces reprochable derivó en la hospitalización
de estudiantes afectados gravemente por la inhalación de gases.
También
fue atacado a puntapies y con toletazos el camarógrafo de canal 11,
Juan Carlos Castillo, quien cubría el asalto a la Universidad en San
Pedro Sula. Fue asistido en un hospital local por una herida de riesgo
en la cabeza y golpes contusos en sus costados.
En
reacción a estos hechos, el miércoles la comunidad estudiantil en ambas
ciudades elevó aún más el tono de su demanda de expulsión del impostor
Hernández y su castigo, igual que a su cúpula implicada en las
alegaciones jurídicas por corrupción, lavado, robo de bienes públicos,
tráfico y conspiración criminal contra los intereses de Honduras y de
Estados Unidos.
“Dejá
de estar grabando a los malos” le gritó un militar al camarógrafo de
canal 11 antes de agredirlo la noche del martes y un día después
trabajadores de medios de comunicación tradicionales y alternativos en
el norte y centro de Honduras bajaron a tierra sus equipos de grabación y
transmisión, para exigir así el respeto a su integridad física durante
la cobertura de esta crisis continuada que sufre Honduras tras el golpe
de Estado de 2009. Y también demandar respeto a la libertad de expresión
del pueblo hondureño.
La
Plataforma en defensa de la Salud y Educación ha convocado esta vez a
un objetivo superior que sobrepasa las reivindicaciones sociales de
ambos sectores, su llamado es a presionar la destitución y el
enjuiciamiento penal de Hernández Alvarado quien asaltó el poder en 2017
mediante un fraude a la Constitución Política y a las urnas, que
hablaron en su contra. Ésta será reiterada en pocas horas durante una
rueda de prensa.
“Los
buenos váyanse en el avión presidencial directamente a la Corte del
distrito sur de Nueva York a rendir cuentas a los fiscales y a los
jueces, porque quien nada debe nada teme, déjennos a nosotros también
ocuparnos de los buenos”, sugirió con sarcasmo una representante de la
Plataforma en Tegucigalpa.
Este
jueves, en efecto, vamos a fortificar la convocatoria a la población
hondureña desde San Pedro Sula a no caer en las trampas de los impunes,
expertos en la negación de sus crímenes, y vamos a demandar con energía
que la comunidad internacional que hemos conocido en Europa, Asia,
África y América sea coherente con los valores y principios universales
proclamados en 1945 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dado en San Pedro Sula, a los 08 días del mes de agosto del año 2019
http://www.clibrehonduras.com/index.php/pronunciamientos/1051-del-discurso-maniqueista-de-buenos-y-malos-a-la-represion-brutal?fbclid=IwAR1dtq8ny1yoq8GzTYrBXl_sYndVnxA4lfs67IaZQ1ZUIu0P6bUKaJrnhec
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