Written by German Reyes.
Para el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los ataques, la
criminalización, el hostigamiento y las campañas de desprestigio, que
sufren los periodistas y los defensores de los derechos humanos en
Honduras, son preocupantes.
En su informe sobre la situación de
los derechos humanos en Honduras, presentado el lunes 11 de marzo de
2019, en Tegucigalpa, el ACNUDH detalla estadísticas que sitúan a este
país centroamericano como un Estado violador de los derechos humanos e
irrespetuoso de los compromisos internacionales que adopta.
Describe que entre enero y
septiembre del 2018, el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores
y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, recibió 140 solicitudes de medidas de
protección y que de ese total desestimó 22, dándole trámite a 118
solicitudes.
Sin embargo, en solo los dos meses
subsiguientes, la cifra creció en 59%, y ya para noviembre, el Estado
debía implementar medidas de protección a 201 personas, 26 con medidas
otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y
175 que fueron emitidas por el Mecanismo Nacional.
Refiere el informe que del total de
personas con medidas de protección, 105 son defensores de los derechos
humanos, 28 periodistas, 23 comunicadores sociales y 17 operadores de
justicia. Entre ellos, el documento incluye a 15 defensores de los
derechos humanos y periodistas que resultaron afectados durante la
crisis postelectoral.
Según el ACNUDH, la CIDH ordenó
medidas de protección para 19 defensores de derechos humanos, 4
periodistas y comunicadores sociales y 3 operadores de justicia.
Asimismo asegura el documento, que
pese a que en el 2018 el Mecanismo de Protección agrandó su rango de
medidas de protección tradicionales, con la Implementación de escolta
policial, números de contacto de emergencia y mejoras de la
infraestructura, el Consejo Nacional de Protección sigue siendo débil,
por la falta de compromiso de instituciones del Estado que lo conforman.
Entre estas instituciones el ACNUDH
menciona al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia,
organismos que por falta de interés de sus titulares no participan en
las reuniones del Consejo del Mecanismo de Protección, del que forman
parte, por delegación legislativa.
Hasta noviembre del 2018, el Consejo
realizó ocho reuniones, pero del total, la Fiscalía General solo
participó en una, mientras que el Poder Judicial en dos. Esa situación
crea desconfianza en las personas que lideran las organizaciones
defensoras de los derechos humanos y agrava el contexto en que se
desarrollan las acciones de defensoría y el ejercicio del periodismo.
En mayo del 2018 el Relator Especial
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó Honduras y
concluyó que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos en
Honduras no pueden operar en un entorno seguro y propicio.
OACNUDH insta al gobierno retirar los militares de las operaciones de seguridad pública
OACNUDHreitera por enésima vez su
recomendación para que las autoridades reconsideren el mantenimiento de
tropas militares ejerciendo labores de seguridad en las calles del país.
La recomendación tiene sus bases en
las violaciones de los derechos humanos que han provocado diversos
miembros de la Policía Militar que participan operativos rutinarios y en
los desalojos violentos de las manifestaciones populares.
“ACNUDH y los mecanismos
internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras de manera
sistemática reconsiderar, tal como se destaca en las preocupaciones que
expresaron por la participación de los militares en la vigilancia de
las protestas relacionadas con las elecciones de 2017”, señala el
documento.
De acuerdo con el artículo 274 de la
Constitución de República, las Fuerzas Armadas pueden cooperar en las
funciones de orden público a petición de la Secretaría de Seguridad. Sin
embargo, en agosto del 2013, el Congreso Nacional presidido en ese
momento por el actual presidente de la República, Juan Orlando
Hernández, creó por Decreto 168-2013 la Policía Militar del Orden
Público, paralela a la Policía Nacional de Honduras.
Y vale decir que hasta 1997 la
Policía Nacional de Honduras estuvo adscrita a las Fuerzas Armadas de
Honduras y su denominación era Fuerza de Seguridad Pública,(FUSEP),
desde allí sus miembros cometieron infinidad de abusos, por lo que en el
mandato presidencial de Carlos Roberto Reina fue desmembrada y pasó a
control civil, formando parte de la Secretaría de Seguridad.
Al inicio la intensión era buena
pero lastimosamente varios gobiernos nacionalistas y liberales,
nombraron de ministros de seguridad a militares en retiro, como el
actual, Julián Pacheco Tinoco. Y ese es el motivo por el que la
formación en la Policía Nacional siempre ha sido militar y no civil,
como lo determina la Ley.
En enero del 2015 pese a las
recomendaciones internacionales que solicitaban el retiro de los
militares de las calles del país, el Gobierno de Juan Orlando Hernández y
los diputados nacionalistas del Congreso Nacional, introdujeron un
proyecto de ley para elevar a rango constitucional, la Policía Militar.
En este momento la Policía Militar
ya cuenta con cinco mil efectivos, solo en el 2018 se incorporaron a esa
entidad 500 elementos, una situación que para la OACNUDH se muestra
preocupante, porque “el ACNUDH observa que lo que se estableció como un
régimen excepcional en el contexto de una crisis de seguridad, se ha
convertido en una práctica normalizada”, señala el informe.
El documento también recoge algunas
evidencias del uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la
Policía Militar, y cita como ejemplo al militar Roger Rafael Lara
Pineda, acusado por la Fiscalía del delito de asesinato de tres
misquitos, hecho ocurrido el 19 de mayo del 2018, durante una operación
nocturna en la comunidad de Warunta, departamento de Gracias a Dios.
De igual manera menciona que en
octubre pasado, en San Pedro Sula, tres niños que viajaban con su padre
en un vehículo fueron tiroteados por elementos de la Policía Militar
cuando éstos realizaban una supuesta operación en la zona.
Pero también relata que el 26 de
noviembre, un periodista que informaba sobre una protesta en las
cercanías del Mall Las Cascadas de Tegucigalpa, fue lesionado en el
brazo cuando guardias penitenciarios transitando en un servicio de
transporte de personas privadas de libertad abrieron fuego contra los
manifestantes.
El informe no lo menciona así, pero
es el caso de Geovanny Sierra, periodista de Une Tv, quien al ser
tiroteado le daba cobertura a una manifestación conmemorativa del primer
aniversario de la toma de posesión ilegal, del presidente Juan Orlando
Hernández, acusado por la ciudadanía del fraude electoral que lo
mantiene en el poder.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2425-fiscalia-y-poder-judicial-debilitan-trabajo-del-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-ddhh
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