Publicado: 20 Noviembre 2018
Los
diputados “Toño” Rivera y Sara Medina, que autorizaron una reforma de
ley señalada como delito por la Maccih, fungían como Presidente y
Secretaria del Congreso Nacional, de manera respectiva. Esa aprobación
la hicieron pese a que se trataba de otra reforma que no fue discutida,
ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADORTegucigalpa. Una notificación judicial contra los diputados del gobernante Partido Nacional, Sara Medina y Antonio “Toño” Rivera Callejas, fue presentada este lunes por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Ufecic) y el Ministerio Publico (MP).
La
acusación contra los parlamentarios del círculo íntimo del gobernante
Juan Hernández, es una ampliación del caso denominado “Pacto de
Impunidad” que abarca los delitos de falsificación de documentos
públicos en perjuicio de la fe pública y contra la forma de gobierno.
Por
estos señalamientos también se presentó un requerimiento legal contra
los diputados Román Villeda y José Zambrano. Sin embargo solo a Villeda
Aguilar se le dictó auto de formal procesamiento. Zambrano por su parte,
recibió un sobreseimiento definitivo, o sea, quedó libre de culpa.
En esta ocasión la fiscalía busca probar que “Toño” Rivera, Sara Medina y demás denunciados
aprobaron de manera anómala la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían
violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear
una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por
el mal manejo de fondos públicos, delito que fue llamado “Red de
Diputados” por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad de
Honduras (Maccih-OEA).
Cronología del juicio
1.
Según la Maccih, “el caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó
el 11 de diciembre de 2017 cuando la Ufecic, con el apoyo de Maccih-OEA,
presentó requerimiento fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los
diputados en el Congreso Nacional, Augusto Cruz Asencio, Audelia
Rodríguez, Dennys Sánchez, Eleazar Juárez y tres delitos de Malversación
de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondos sociales.
2.
La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano
jurisdiccional, cuando el 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional
modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto
Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio
fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero
de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a
las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de
iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejando
fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
3.
Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero
de 2018, el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de
la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía
proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de
procedimiento para delitos como los de Malversación de Caudales
Públicos.
4.
El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó
la forma de Decreto No. 141-2017 y fue suscrito por los diputados
Antonio Rivera Callejas y Sara Medina, quienes lo autorizaron en
condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta
autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión
que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional,
tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el
diputado Román Villeda en su momento.
5.
Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que
la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el días 25
de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial la
Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un
simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese
momento, ya había provocado consecuencias jurídicas.
Sin
embargo, dicha “Fe de Erratas” sigue conteniendo modificaciones que no
fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el
equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la
formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de
Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3088-justicia-hondurena-requiere-a-diputados-tono-rivera-y-sara-medina
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