Por: Redacción CRITERIO
El Campamento de Guapinol, Tocoa, Colón ha sido criminalizado por el gobierno de Honduras.
Tegucigalpa.-La
Coalición Contra la Impunidad condenó las órdenes de captura emitidas
contra 18 defensores de los derechos humanos que se mantienen en una
protesta desde el 1 de agosto en el campamento de Guapinol en el
municipio de Tocoa, Colón, en contra de la operatividad de una empresa
minera en la zona.
La
Coalición, que está integrada por más de 50 organizaciones de sociedad
civil, ha emitió un comunicado mediante el cual condena las órdenes de
captura emitidas en los últimos días por un Juzgado de Jurisdicción
Nacional en contra de las 18 personas, que ejercen presión para “frenar
la implantación ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares
propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la cual ya ha provocado graves
daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural Carlos
Escaleras”.
Mediante
la misiva la Colación señala que desde hace algún tiempo ha existido un
incremento de la ofensiva en contra de ambientalistas en la zona del
Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación,
amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera,
medios de comunicación y autoridades públicas.
Asimismo,
indica que pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el
Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar
los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el
desalojo del campamento y la emisión de las órdenes de captura en contra
de quienes defienden la vida.
Para
la Coalición, con dichas acciones, el mensaje criminalizador es claro y
grave para la vida e integridad de las mujeres y hombres defensores de
la vida, ya que los coloca en la categoría de los criminales más
peligrosos. “Como lo establece la jurisprudencia interamericana, este
tipo de actuaciones judiciales tergiversan deliberadamente los hechos
para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de las
personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al
mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son
fundamentales en una sociedad democrática”, apunta el comunicado.
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Por
otra parte, le recuerda al Estado hondureño que protestar y
manifestarse pacíficamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad
de expresión que, por su cercanía al nervio democrático, constituye un
mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, y un
elemento vital para el buen funcionamiento del sistema democrático.
Finalmente,
la Coalición se solidariza con las personas y organizaciones que se
mantienen en el Campamento de Guapinol y exige al Ministerio Público y
al Poder Judicial que cesen su persecución penal contra las 18 personas
encausadas por ejercer el derecho a la protesta.
A continuación el comunicado de la Coalición Contra la Impunidad:
https://criterio.hn/2018/10/08/criminalizar-la-protesta-pacifica-es-de-dictaduras-colacion-contra-la-impunidad/
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