Por: Pablo Ruiz, SOA Watch
Desde
el 28 de junio de 2009, en que se produce un golpe de Estado en
Honduras, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo
Orlando Vásquez Velásquez, y por el jefe de la Fuerza Aérea, general
Luis Javier Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas
del Ejército de EEUU, se han registrado graves violaciones a los
derechos humanos en Honduras.
Se
conoce, por diversos informes, que al menos 154 personas han sido
asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares entre
ellas los activistas sociales Berta Cáceres y Tomas García, ambos
dirigentes de COPINH.
Un
Informe de COFADEH también registra, desde el 2009 a la fecha, que 13
personas fueron detenidas desaparecidas en forma forzada.
“Los detenidos desaparecidos eran generalmente defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia”, señalan.
De
acuerdo a un Informe del Centro de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) el
81 % de casos de tortura denunciados el 2017 fueron realizados por las
fuerzas militares en Honduras.
“Durante
ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de
personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de
ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad”.
De
acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, “14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre
enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México
y Estados Unidos”.
Protestas, detenciones y Presos Políticos
A
partir del 26 de noviembre de 2017, en que se registraron elecciones
presidenciales en Honduras, y pese a que el candidato opositor, Salvador
Nasralla, iba ganando con una ventaja del 5%, en el primer cómputo
oficial entregado por el Tribunal Supremo Electoral, comenzaron a
suceder una serie de irregularidades en el conteo de los votos siendo
declarado ganador, varios días después, el presidente Juan Orlando
Hernández.
En
este contexto, miles de personas salieron a las calles a protestar, los
días y meses siguientes, denunciando un evidente fraude electoral. Las
protestas fueron brutalmente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad
hondureñas, quienes cuentan con apoyo, entrenamiento y asistencia de los
EEUU. Al menos 31 personas fueron asesinadas durante ese periodo la
mayoría con balas vivas disparada por las fuerzas de seguridad.
De
acuerdo al Informe de Amnistía Internacional titulado “Prohibido
Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias
para Reprimir la Disidencia en Honduras”: “A lo largo de este período,
las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por
supuestamente haber violado el toque de queda. Decenas más fueron
arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las
protestas.
Según
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH), por lo menos 118 personas han
enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos
cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión
preventiva”.
“Para
la mayoría, la detención preventiva se prolongó por varios meses hasta
que pudieron recobrar su libertad, pero el proceso penal iniciado en su
contra aún no ha concluido”.
Sin embargo, al 19 de julio de 2018,
siguen prisioneros cinco presos políticos: Edwin Espinal y Rául Álvarez
en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El
Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el
departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godinez en El
Progreso, Yoro.
Los
prisioneros políticos Edwin Espinal, de 42 años, y Raúl Álvarez, de 25
años, quienes fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018,
respectivamente, son acusados de ser responsables de los daños que
ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de
2018, durante una manifestación pública.
De
acuerdo al Informe de Amnistía Internacional “la audiencia inicial y la
de declaración de imputado tuvieron lugar los días 20 y 22 de enero en
las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Allí funciona el
Juzgado de Jurisdicción Territorial Nacional en materia penal que lleva
el caso abierto contra Edwin y Raúl, a pesar de que carece de
competencia para ello”.
Nota relacionada En plantón frente al Ministerio Público exigen cese a la persecución contra los presos políticos
También
“Al respecto, la OACNUDH ha manifestado su preocupación por la falta de
transparencia e imparcialidad de las investigaciones y los
procedimientos penales en casos en los que no hay claridad respecto de
la competencia de los juzgados y de las fiscalías como los de Edwin y
Raúl”.
Así
mismo, indica el informe que “las abogadas de Edwin y Raúl han
enfrentado distintos obstáculos para ejercer la defensa adecuada de los
acusados” entre ellos no han podido obtener las actas de las audiencias
ni tener acceso a los vídeos presentados como medios de prueba por la
Fiscalía.
Presos Políticos en Honduras
Cárcel de Máxima Seguridad “La Tolva”
1.- Edwin Robelo Espinal
2.- Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez
Cárcel “El Progreso”
1.- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala
2.- José Gabriel Godínez Avelar
Cárcel de Máxima Seguridad “El Pozo”
1.- Edy Gonzalo Valle
https://criterio.hn/2018/08/16/libertad-para-los-presos-politicos-en-honduras-2/
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