Por: Gissel Grández
Tegucigalpa, (Conexihon).- Las
fuerzas militares en Honduras son las causantes del 81 por ciento de
casos de tortura en el país de acuerdo con las cifras registradas por el
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de
la Tortura y sus familiares (CPTRT) durante 2017.
Durante
ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de
personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de
ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad.También fueron señalados la Policía Nacional Preventiva con nueve casos; la Dirección de Investigación Policial (DPI), con cuatro; la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Policía Penitenciaria con dos casos cada uno, mientras que los miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y guardias de seguridad privada tienen un caso.
“Quien ejerce la tortura es el Estado a través de las autoridades estatales y servidores públicos, miembros de la Policía Nacional y del Ejército. En los últimos tiempos se ha visto que es la Policía Militar la que frecuentemente está haciendo uso de esta práctica”, relató la médico y defensora de los derechos humanos, Lucy Pavón, del CPTRT.
Según
un informe presentado por el CPTRT después de la detención, que
generalmente sucede en la calle, los detenidos son trasladados a postas,
cárceles, o circulan en vehículos aparentemente sin rumbo, lo que puede
dar lugar a que se produzca una desaparición forzada.
La
defensora de los derechos humanos también mencionó, “si tuviéramos
autonomía en el Poder Judicial se cumpliría el estado de derecho, pero
como vemos que no existe entonces aquí se hace lo que una persona
ordena”.
“Si
el Fiscal General hace lo que la persona que está enfrente del
Ejecutivo ordena no hay justicia, por eso nadie cree en nuestro sistema
de justicia en el Ministerio Público, la Fiscalía General y mucho menos
en la Fiscalía General de los Derechos Humanos”, comentó.
Métodos de tortura
El
uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y gas pimienta en espacios
abiertos sobre todo durante la protesta social tiene graves
consecuencias para la salud de las personas igualmente cuando se hace
uso de ellas en espacios cerrados como en las cárceles, establece el
documento.
Otras
de las formas de tortura habituales son: la colocación de una bolsa
plástica en la cabeza, choques eléctricos, disparos con arma de fuego y
con balas de goma en diferentes partes del cuerpo, apuntar con el arma,
cerrajear el arma, colocar a las víctimas en posiciones incomodas
durante horas y pararse sobre ellos, desprendimiento del cabello, golpes
continuos en los oídos, plantas de los pies, arrastres, amenazas a
muerte, persecución, insultos y humillaciones, entre otras.
Uso de chorros de agua desde tanquetas contra manifestantes, como forma de tortura.
Pavón
explicó que cuando una persona recibe tortura física va impuesta
también la psicológica, el daño que se produce es invalidar a la
persona, humillarla y quebrantar su dignidad entre otras amenazas.
Además la doctora dijo que “las personas sobrevivientes de tortura tienen consecuencias psicológicas como el miedo, el terror, ideas de persecución y en muchos casos hay delirios, trastornos en el sueño y en el apetito”.
De
igual forma, están las consecuencias sociales como la desintegración
familiar, problemas de pareja y en muchos casos pérdidas de trabajo y
trastornos estudiantiles.
La
especialista considera que no sancionar correctamente a los
torturadores “significa impunidad y lo que está haciendo el Estado es
mandando un mensaje de que si defendemos los derechos nos pasará lo
mismo”.
Sectores desprotegidos son los más vulnerables
La
tortura en el país es una realidad que afecta en especial a sectores
con mayor vulnerabilidad concluyó el reciente 22 de junio una misión
internacional integrantes de organizaciones de derechos humanos que
provienen de Argentina, Guatemala y Suiza.
La
misión contextualizó que en el país los tratos crueles e inhumanos se
presentan en el momento de la detención, traslado y privación de
libertad en posta policial o militar, mediante golpes, asfixia seca o
húmeda, amenazas, abusos sexuales, privación de salud médica y periodos
de incomunicación.
Así
como en los centros penitenciarios la capacidad del albergue es de
10.908 privados de libertad, sin embargo en el mes de junio de 2018 la
población hacinada supera el doble de su capacidad con más de 20 mil
personas.
Y
en el manejo de protestas y desalojos, con uso excesivo de fuerza, tal y
como evidenciaron las decenas de muertes y centenares de heridos en la
crisis post electoral.
El Estado carece de estadísticas
La
misión solicitó datos estadísticos de tortura a la Secretaria de
Derechos Humanos, la Dirección General de Medicina Forense y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), pero estos no fueron proporcionados lo que a su juicio indica una grave falta de transparencia.
Las
instituciones responsables de recibir las denuncias por tortura, dar
seguimiento y judicializar a los perpetradores no lo realizan, lo que da cabida a que se produzcan altos niveles de impunidad y que se siga produciendo la tortura, señalaron integrantes de la misión internacional.
La ausencia de condenas por el delito de tortura genera un clima de impunidad y denota la falta de respeto y reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia, lamentó Liliana Hernández, de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad.
Uno
de los casos fue el dirigente estudiantil, Nery Gómez, fue víctima de
tortura, él recuerda que fue golpeado, insultado y amenazado por fuerzas
de seguridad del Estado de Honduras, durante la crisis post electoral.
“Esposado
de pies y manos me dijeron por aquí te vamos a tirar, y vamos a decir
de que vos te tiraste por que querías huir”, relató el universitario.
Millitares desalojando protesta.
El artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
estipula que los Estados tienen la obligación de prevenir la tortura,
velar por las víctimas que están en su gobierno, obtengan reparación,
compensación y rehabilitación lo que incluye los medios para lograr la
rehabilitación más completa posible.
Medidas contundentes
La
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes señala que bajo ninguna circunstancia se justifica la
tortura, ya sea durante una guerra, amenazas de guerra, periodo de
inestabilidad política interna o cualquier situación de emergencia o
seguridad nacional.
La
Constitución de la Republica en su artículo 68 que toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que
nadie deberá ser sometido a tortura, toda persona deberá ser tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano.
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/719-honduras-el-81-de-casos-de-tortura-contra-privados-de-libertad-son-perpetrados-por-militares
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