Un año después de que publicáramos el informe «Expolio de los territorios garífunas en Honduras: impactos del extractivismo y la expansión turística» (Alba Sud, 2017), la dirigente garífuna repasa algunas de las cosas que han ocurrido desde entonces.
Las comunidades garífunas en el litoral caribe, al norte de Honduras,
continúan sufriendo los embates de un modelo, dizque de “desarrollo”,
que las despoja de sus territorios, persigue y criminaliza a sus
habitantes, en aras de un no muy bien definido “progreso”. La
construcción de complejos turísticos, residenciales y viviendas
vacacionales crecen a la par de mega proyectos extractivos que amenazan
el futuro de miles de personas.
Hace poco más de un año, la dirigente garífuna Miriam Miranda explicaba a Alba Sud
cómo los pueblos indígenas y negros hondureños estaban sufriendo un
acelerado proceso de
destierro, que conduciría en un mediano plazo a una
desaparición forzada de sus comunidades. El principal responsable de
este proceso de despojo es el gran capital nacional y transnacional,
coludido con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del régimen extractivista. Por luchar contra la consolidación de este régimen en la región, Miranda y decenas de activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) han sido perseguidos, criminalizados, judicializados y hasta asesinados.
Esta dramática situación fue ampliamente descrita el año pasado por Alba Sud en el reportaje: Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística. Un año después, la situación parece haber degenerado aún más.
Pérdida de soberanía e integridad territorial
“En toda la zona de la Bahía de Trujillo hay un fuerte incremento de las inversiones extractivistas. Tanto las autoridades locales y nacionales como el gran capital le han puesto el ojo, ya no sólo para la construcción de complejos residenciales con fines turísticos, sino también para sentar las bases de la construcción de un gran complejo energético y una refinería”, explicó Miriam Miranda a Alba Sud. Dichos proyectos representarían una inversión de casi 2,8 billones de dólares.
Miriam Miranda. Imagen de Giorgio Trucchi.
A ese propósito, la coordinadora de la OFRANEH recordó que este repunte de inversión es parte del Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 20/20”, una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de 5 años (2016-2020) tiene planeado invertir unos 13.000 millones de dólares y generar 600 mil puestos de trabajo, más de un tercio de los cuales (255 mil) a través de la actividad turística, uno de los siete ejes del programa.
Una de las principales herramientas que dinamizan dicho programa son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocidas como ciudad modelo o charter city.
Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas
a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas.
Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y
gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera,
laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios
sistemas de salud, educación y seguridad social.
El gobierno de Honduras dio a conocer el año pasado
que diez empresas –cinco nacionales y cinco extranjeras– ya habrían
mostrado interés en invertir en los clústers donde se desarrollarían las
ZEDE, entre ellas las zonas de Trujillo, Colón e Islas de la Bahía, en
el litoral Caribe. Tanto el Programa 20/20 como las ZEDE han sido
fuertemente cuestionados por amplios sectores de la sociedad hondureña y
por organismos nacionales especializados en temas económicos y de
políticas públicas, por presentar proyecciones sin sustento,
incoherentes y no apegadas a la realidad, y por representar pérdida de
soberanía nacional y de la integridad territorial.
Miriam Miranda. Imagen de Giorgio Trucchi.
La situación ha venido ejerciendo una creciente presión sobre las
comunidades indígenas y campesinas y sus territorios. “Este conglomerado
de proyectos viene a arrebatarnos nuestros territorios. Los habitantes
de la comunidad garífuna de Puerto Castilla (Trujillo) ya están siendo
desalojados y desplazados. La comunidad de Cristales y Río Negro, de
Guadalupe, San Antonio y Santa Fe ya sufrieron la pérdida de buena parte
de sus territorios a raíz de la implementación de proyectos turísticos.
Afortunadamente la población ha reaccionado, se ha organizado,
defendido y ha echado a andar importantes procesos de recuperación de
las tierras ancestrales”, agregó Miranda.
En Guadalupe, por ejemplo, un grupo de jóvenes, con el
apoyo de la comunidad, recuperó un terreno de unas 3,3 hectáreas que
habrían sido vendidas ilegalmente al ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación turística de capital canadiense Carivida S.de R.L. Lo mismo está ocurriendo en diferentes lugares de la zona de Trujillo.
Lamentablemente, exigir y hacer respetar el derecho a la tierra ha
desencadenado todo un proceso de criminalización y judicialización en
contra de las comunidades garífunas.
Criminalización y judicialización
Dirigentes y activistas de la OFRANEH fueron demandados por usurpación de tierra, calumnia y difamación. Algunos de ellos fueron detenidos en repetidas ocasiones, como es el caso de Medalime David, César Geovany Bernárdez y Celso Guillén. Otras, como Miriam Miranda, Neny Heidy Ávila, Lety Hernández y la misma Medalime David, fueron demandadas y esperan ser citadas por la primera audiencia.
“Nos están enjuiciando por calumnia y difamación. Nosotras solamente
nos pronunciamos por la violación de los derechos territoriales de las
comunidades garífunas. Tenemos suficientes evidencias de lo que ha
significado el acaparamiento ilegal de tierras, así como la manipulación
de los ‘impartidores de justicia’ en contra del pueblo garífuna”,
manifestó Miranda.
Con respecto al caso de Celso Guillén, quien a pesar
de haber sido sobreseído de todos cargos ha sido detenido dos veces de
manera ilegal e injustificada, la dirigente indígena aseguró que se
trata de un claro caso de persecución y criminalización de los
defensores del pueblo garífuna. “El juez nunca transmitió el resultado
de la sentencia absolutoria a las demás instituciones del Estado. De
esta manera, nunca se revirtió la orden de captura inicial. Esto es
terrible, es algo premeditado. Lo hacen con alevosía y con la clara
intención de hacerle daño al compañero. La presión ya se ha vuelto
insostenible”, dijo.
La posible imposición de una oleada de proyectos extractivistas
–incluyendo a los turísticos– choca abruptamente con una de las demandas
históricas de los pueblos indígenas, es decir el derecho a ser
consultados de forma previa, libre e informada. Un derecho que está
garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones indígenas y tribales, pero que casi nunca es respetado por los Estados.
“Ha sido un tema manipulado por el Estado de Honduras que, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha tratado de hacer aprobar una ley que de hecho se revierte en contra de los mismos pueblos.
Es un remedo de consulta que no aceptamos, que rechazamos en cuanto
pretende legitimar la expoliación de territorios, la explotación de los
bienes comunes, la violación de derechos humanos, el desalojo de
comunidades enteras”, aseguró la dirigente garífuna.
“Un Estado –continuó Miranda– que ya tiene pies hinchados por el incumplimiento de las dos sentencias condenatorias dictadas en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
en relación a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta
Piedra. Ya fue condenado una vez, pero no le interesa. No sólo no cumple
la sentencia, sino que vuelve a imponer las mismas prácticas
violatorias que lo llevaron a perder los juicios internacionales. Esto
ya raya en el racismo y la discriminación. Quieren vaciar nuestros
territorios para luego entregárselos al capital transnacional y a sus
proyectos de muerte”, concluyó la coordinadora de la OFRANEH.
Este artículo forma parte del proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia Global 2017.
http://www.albasud.org/blog/es/1035/miriam-miranda-ofraneh-vivimos-bajo-una-presi-n-insostenible
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