El final de 2017 y el inicio de 2018, fue un tiempo convulso que volvió a evidenciar la polaridad que existe en los sectores responsables de la gobernanza y la población hondureña. En ese contexto se hizo el levantamiento de información para la octava edición del Sondeo de Opinión Pública que realiza el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús. Ante esos resultados hacemos algunas valoraciones, que nos permitan adentrarnos en la complejidad de la realidad del país.
Un dato apabullante que debía estremecer es ese del 78. 4 por ciento de la población que dice que el proceso electoral debilitó la democracia en lugar de fortalecerla. Este dato ya debía hacer sonar las campanas de los diversos sectores de la sociedad para demandar de urgencia un reordenamiento legal que rompa con el ciclo político electoral y apruebe una nueva configuración.
Para la población su mayor inseguridad reside en el ámbito de la economía. Ese asunto del desempleo, la carestía, la pérdida de oportunidades, la incertidumbre sobre los precios, se vuelve la pesadilla que no la experimenta en sueños o percepciones, sino que es una auténtica pesadilla real. Y como ni el gobierno ni sus políticos ni la empresa privada les resuelve estas necesidades, entonces reprueban sus funciones y los califican como responsables de sus angustias e incertidumbres. La calificación del 75.6 por ciento que dice que la situación económica está mala o muy mala, no son cifras de juego, expresan una población desesperada, y que así puede ser terreno fértil para los más variados experimentos políticos, incluso de una dictadura como la que hoy se ha implantado en Honduras.
Entre todos los proyectos extractivos y privatizadores hacen un promedio del 85.45 por ciento de la población hondureña que los rechaza. Esto debía constituirse en un verdadero toque de alarma, puesto que es aquí donde se encuentra la verdadera contradicción de intereses entre las comunidades y organizaciones territoriales y la élite gobernante, entre la que se encuentra Coalianza, los diputados, los alcaldes, los empresarios privados nacionales y transnacionales. No atender esta realidad es aceptar que los conflictos seguirán en aumento y el peligro de confrontaciones violentas e inestabilidad sigan siendo una amenaza creciente. Si tuviéramos que hablar de un diálogo nacional, el debatir el modelo extractivo debía ser sin duda uno de los infaltables temas.
Por otro lado, las iglesias reciben una vez más en este sondeo la calificación más generosa. Un 50 por ciento de confianza en la Iglesia Católica y un 58 por ciento en las iglesias evangélicas. El dato es robusto, y se convierte entre otras cosas en una oportunidad que tienen las diversas iglesias para contribuir a aumentar la conciencia de la población en torno a su realidad y a la necesidad de transformarla desde el bien común. Es una oportunidad para que las iglesias se redescubran en su misión evangelizadora, y salgan de sus encierros para el encuentro con una población ávida de cambios y de propuestas que toquen sus más profundas necesidades. Aprovechar esta confianza para incursionar en esferas de poder o en aliarse con políticos, sería sin duda la mayor de las irresponsabilidades y una desfachatez
No obstante, lo deprimente del panorama, así como lo percibe la población hondureña, en ningún dato del sondeo aparece ni por asomo una inclinación hacia la violencia, sigue dando a los políticos, las iglesias, los medios de comunicación la responsabilidad por hacer frente a la búsqueda de solución a los graves problemas del país y que vuelven cuesta arriba la vida y dignidad de la gente.
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