viernes, 9 de febrero de 2018

Honduras: El Estado regulador

Febrero 9,2018 / Criterio.hn Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Frescas están aún las imágenes de operativos gubernamentales incautando granos básicos como parte de una “fuerza de tarea” en contra de la especulación y los acaparadores de productos que como el frijol y el arroz conforman la canasta básica familiar. Posteriormente se crearon equipos especiales anti evasión para caerles a los empresarios “mañosos” por el tema de los impuestos.
                Con el paso del tiempo, las “fuerzas de tarea” fueron para todo: para regular el precio de los huevos, del culantro, del anís, de las carnes blancas y rojas; del pollo y cualquier otra cosa que surgiera por los alrededores y generara alguna inestabilidad. Los hondureños, sin percatarnos, estábamos entrando así hacia un Estado “regulador”.
En Seguridad, por ejemplo, las regulaciones se dieron acompañadas de las políticas de mano dura, de los escudos por aire, mar y tierra contra el narcotráfico, las fuerzas de tarea conjuntas con otros países para frenar el ingreso de las pandillas; las reformas penales, las protestas sociales y la figura de criminalización para todo que también genere inestabilidad. El Estado regulador creaba así sus propias normas de protección.
En la lucha contra la corrupción, la mayor regulación visible, hasta ahora, ha sido el llamado “pacto de impunidad” denunciado por la MACCIH. El Estado regulador protegió a sus beneficiarios y leales promotores: diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios.
Tienen tres años para desvanecer ante el Tribunal de Cuentas cualquier cargo que se les impute. Un tribunal, que según los registros, tarda seis años en concluir una investigación y otro tiempo más para judicializar, tanto, que cuando menos se acuerda se ha llegado al período de 10 años, necesarios para la caducidad.
Ante la denuncia de la MACCIH, el Estado regulador reaccionó de inmediato: media institucionalidad cerró filas a favor del legislativo por aquello del debido proceso, el honor a la imagen y a la intimidad, un derecho que atañe a todos los ciudadanos, pero que en el caso del Estado regulador, unos al parecer tienen más privilegios que otros.
Entramos así a los otros tentáculos de la regulación: la libertad de expresión. No bastando con tener una ley de secretos que blinda la opacidad y hunde la transparencia, así como un artículo 335-B que tiene a la prensa y a los ciudadanos con la guillotina en la espalda por aquello que si hace apología al delito, al odio o al terrorismo, puede ir “al pozo”, entramos ahora a la etapa de la “ciberseguridad” bajo la figura de la “censura privada” como graficó el relator de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza, la ley que se debate sobre redes sociales e internet.
Los debates al respecto serán muchos, entre quienes creen que hay que poner un coto a los excesos en las redes, reviviendo la figura del desacato que penaliza al ciudadano que ofende a un funcionario o al presidente, o los que creen que Honduras necesita tanta paz que las redes sociales y el internet no se las están dando.
En materia de libertad de expresión, ninguna regulación es buena, lo que procede es la autorregulación y en casos específicos de abusos, las redes sociales tienen sus propios protocolos, pero también están en las fiscalías de los distintos Estados, departamentos especializados frente a determinados delitos o amenazas a la seguridad. Es decir, toda regla tiene su excepción, pero la norma no es generalizar. La libertad de expresión tiene límites y ya la doctrina establece cuáles y qué hacer al respecto.
En Honduras, se cuenta incluso una Ley de Espionaje, pero bajo este esquema de Estado Regulador, como que habrá que aprobar una de “ciberespionaje” disfrazada de “ciberseguridad”. Y vea y no haya algo por ahí que diga que si un presunto corrupto se siente ofendido y expuesto en las redes habrá que aplicarle una de “ciberterrorismo” por aquello del “odio”.
Curioso es que esta “ciber regulación” a la que nos vemos abocados se produzca en medio de una crisis político post electoral donde la institucionalidad está siendo altamente cuestionada y cuando un “pacto de impunidad” está a la espera de que se resuelva un amparo en la corte de justicia porque una juez emitió un fallo basándose en una publicación alterada, constitutiva de delito y por la cual se archivó el caso de una compleja de red de presuntos ilícitos en que están implicados varios legisladores, funcionarios, ex legisladores y ex funcionarios. Es el Estado regulador.
https://criterio.hn/2018/02/09/el-estado-regulador/ 

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