El reciente cambio de ministros del área económica no está llamado a modificar en nada la política económica que se ha venido aplicando, con ajustes menores de acuerdo a las circunstancias, durante las últimas cuatro décadas, permitiendo apreciar claramente los intereses que la determinan y que definen el carácter de clase de los sucesivos gobiernos de este ya extenso periodo: los del gran capital transnacional.
En efecto, como es sabido, los dos ministros que asumieron las carteras de hacienda y de economía son los mismos que ya habían ocupado estos mismos cargos en el gobierno de Lagos, aplaudido por los empresarios pero repudiado por una población cansada de la postergación y los abusos a que se visto sistemáticamente sometida por el gran empresariado con la activa complicidad de esta tecno-burocracia.
No es de extrañar entonces que las reformas presuntamente "estructurales" emprendidas por el actual gobierno disten muchísimo de introducir cambios realmente sustantivos en el orden social vigente, sea en el ámbito político-institucional, social o económico, en dirección a una efectiva democratización del país en todos esos aspectos, y muy particularmente en el plano económico y social.
A nivel de las declaraciones ya nadie se atreve a desconocer que la desigualdad en la distribución del ingreso –para no hablar de la distribución de la riqueza– en el país alcanza niveles verdaderamente obscenos, pero a la vez nadie propone atacar de raíz el problema, ni siquiera en un plano meramente tributario. La tímida reforma del ministro Arenas terminó completamente diluida en la "cocina" de Zaldívar.
Y esto a pesar de que, según lo ha reconocido el reciente informe del PNUD, el 1% de más altos ingresos captura un tercio de los mismos y que un minúsculo 0,1% (menos de 10.000 personas) se quedan con casi un 20%. Y a pesar también de que las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, que generan las dos terceras partes de la producción de cobre, no pagan al Estado ni un solo peso por concepto de renta.
La sola posibilidad de abrir debate sobre una efectiva reforma tributaria que solo ayude a amortiguar esta escandalosa desigualdad que impera en Chile es rechazada de plano por los grandes empresarios y la casta política a su servicio, arguyendo que ello desincentivaría la inversión que, en el marco de la política económica vigente, se considera función casi exclusiva de la empresa privada.
Amparados en ese reconocimiento, los grandes empresarios están en condiciones de extorsionar permanentemente al conjunto de la población no solo en el ámbito tributario sino también en prácticamente todas las esferas del diseño e implementación de las políticas públicas, es decir, en materia laboral, salarial, comercial, crediticia, educacional, de salud, previsional, habitacional, etc.
El gran capital es presentado así como el gran y único motor posible del desarrollo y sus intereses particulares en clara y aparentemente incuestionable sintonía con los intereses generales de la población. Sin duda, todo esto no es más que una fábula, pero reiterada una y otra vez, sin mayor oposición, termina por confundir y moldear la representación que los sujetos se hacen de la realidad social.
Interrogado sobre el minúsculo componente solidario de la propuesta de reforma del sistema de pensiones hecha por el gobierno, que refuerza el mecanismo de ahorro individual administrado en su propio beneficio por las AFP y sus usurarias comisiones, el recién nombrado ministro de economía señaló que a su juicio la solidaridad no podía imponerse mediante tributos ya que ella sería en su esencia de carácter voluntario.
Esto equivale a decir que la solidaridad no es un imperativo social, con arreglo a elementales valores de justicia y sana convivencia, sino una opción puramente individual. Este es, precisamente, el concepto que se ha venido imponiendo en Chile en el curso de los últimos años, en el contexto del marcado individualismo promovido por las políticas neoliberales, y cuyo principal ícono son hoy las teletones.
Pero, ciertamente, se trata de una mistificación, con la clara pretensión de eludir la demanda ciudadana de efectiva igualdad en materia de deberes y derechos. En efecto, la solidaridad ha sido una práctica social de larga data por lo que, como concepto, alude a la cohesión del grupo social basada en la justicia (in solidum obligari), algo que según Hayek, el gurú del neoliberalismo, no sería hoy más que un mero "atavismo".
Tal es la mentalidad que se nos pretende imponer. Lo claro es que por ahora, a pesar de lamentar la indecente y escandalosa desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, el gobierno, lo mismo que la derecha y el gran empresariado, descartan toda medida que obligue a quienes más ganan a aportar lo que deberían. Quienes acaban de asumir la conducción del área económica solo traen más de lo mismo.
5 de septiembre de 2017
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