Desde noviembre de 2016 que se dio la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, ha tenido un papel muy importante en alertar y advertir a la comunidad nacional e internacional sobre los focos de violaciones a los derechos humanos que se presentan en un país que vive difíciles momentos como Honduras.
En estos meses que lleva operando la Oficina, se han documentado una serie de violaciones a los derechos de la ciudadanía que van desde represiones a la población que se manifiesta en las calles exigiendo sus derechos hasta internarse en las comunidades donde el poderío económico y político quiere montar sus negocios por medio de la industria extractiva, atropellando a las comunidades que se resisten a ser despojadas en nombre del desarrollo.
En momentos tan tormentosos y la imposición de la fuerza de las armas para el sometimiento de un pueblo que se juega la vida en medio de la indefensión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se convierte en esa instancia creíble y con muchas posibilidades de incidir en la comunidad nacional e internacional con el fin de presionar a las autoridades que toman las decisiones en este país.
Es por eso que vemos y leemos muy a menudo sus observaciones sobre temas tan polémicos y politizados como las reformas penales que identifica la Oficina del Alto Comisionado, al igual que otros sectores, que representan un peligro para la ciudadanía misma que ejerce su derecho a la protesta.
El gran peligro está en la tipificación de terrorismo como delito ya que desde la perspectiva de la oficina del Alto Comisionado, es una propuesta equivocada porque terrorismo no tiene nada que ver con delincuencia común y organizada como la quieren vender los que proponen dichas reformas.
Y es que se identifica que uno de los grandes contaminadores de la propuesta de las reformas es la politización, mientras el sector oficial habla de aprobar las reformas que buscan fortalecer su política de seguridad, otros sectores políticos regatean su apoyo sin detenerse siquiera en los impactos que esas reformas puedan tener más allá de los objetivos planteados públicamente. Detrás de esa propuesta hay muchos objetivos ocultos que afectarían a la población general y busca aumentar el poder de unos cuantos que mantienen en el sometimiento a la ciudadanía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha brindado, por lo menos en estos primeros meses, un respaldo a la ciudadanía en la defensa de sus derechos humanos. Y se ha convertido en una instancia a tomar en cuenta en la Honduras que hoy sobrevivimos.
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