Errar es de humano, rectificar de sabios”, con este titular un medio de comunicación televisivo iniciaba su emisión informando sobre la aprobación de las reformas penales, de forma específica la modificación al artículo 335-B que agrega condenas a periodistas que hagan “apología al odio ”.
Ese periodista aseguraba que una rectificación a la propuesta introducida por el diputado oficialista Oscar Álvarez, era una muestra de la voluntad de la clase política hondureña de rectificar los errores que como humanos cometemos, pero que sabiamente corregían.
El artículo 335-B es parte de un paquete de reformas, 11 para hacer exactos, que aprobaron del Código Penal justificadas por la necesidad de reducir los altos niveles de criminalidad y violencia que atraviesa el país. El error no únicamente fue con un artículo, sino su intención de reprimir y condenar a las voces críticas que denuncian los abusos, violaciones e ilegalidades que comente el actual régimen.
De forma particular la reforma al 335-B, es una amenaza convertida en ley que atenta contra la libertad de expresión. El gobierno nacionalista que dirige Juan Orlando Hernández convirtió en política de Estado la criminalización de aquellos sectores que rechazan y denuncian sus abusos e ilegalidad en todo este proceso de concentración extrema de poder.
Instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH a través de su relatoría especial para Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó claramente su preocupación por “la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
La aprobación de estas reformas se suma al resto de decisiones que toma el gobierno de forma arbitraria sin dialogar, mucho menos consensuar con el resto de sectores que no están de acuerdo con la forma de conducir el país. Pero su soberbia e incapacidad no dan tregua. Ante esa realidad como sociedad hondureña estamos llamados reconstruir todo, avanzar hacia una ciudadanía, que a través de la lucha pacífica, reconstruye el Estado de derecho que hoy lo han convertido en dictadura.
Ojalá que desde este gobierno se comenzara a rectificar como sabios no solo estas reformas, sino las intenciones de perpetuarse en el poder, de seguir beneficiando a un reducido grupo y de seguir beneficiándose por encima de la voluntad y vida de las mayorías.
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