Honduras: Alto Comisionado preocupado por aprobación de reformas penales regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión // CIDH considera reformas a Código Penal regresiva para Derechos Humanos y libertad de expresión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras
expresan su preocupación ante la aprobación de las reformas al código
penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el
ejercicio y goce legítimos de los garantías y derechos humanos
fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión
en el país.
El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al
artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el
22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B
que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo,
dirigido a castigar a “quien públicamente o a través de medios de
comunicación o difusión destinada al público hiciere apología,
enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes
hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer
terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a
ocho años de prisión”.
La CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la
OACNUDH en Honduras ven con preocupación la ambigüedad de los tipos
penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden
conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y
la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de
terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones
deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos
sociales o la labor de los defensores de derechos humanos.
Si bien corresponde al Estado la determinación de las conductas que
van a ser calificadas como delitos en su obligación de tomar medidas
para proteger la vida, integridad y seguridad de la población hondureña,
del principio de legalidad se derivan elementos que deben ser
observados por los Estados al momento de ejercer la mencionada potestad.
En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin
ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan
con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con
precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de
otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son
sancionables bajo otras figuras penales. Las disposiciones penales que
tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su
aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las
manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan
contrarias al principio de legalidad.
Sobre la incitación a la violencia —entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la
ruptura del orden público o de la seguridad nacional— la CIDH de forma
reiterada ha señalado que debe tener como presupuesto la prueba actual,
cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente
manifestando una opinión —por dura, injusta o perturbadora que ésta
sea—, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la
posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos.
La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe
restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo
–entendida como un llamado directo a la participación en el terrorismo
que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que
ocurra un acto terrorista-, o a la participación misma en actos
terroristas.
En cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de
comunicación, los Estados no deben limitar los reportajes periodísticos
sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades
violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a
la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y
exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la
probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia, de acuerdo con la
declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al
extremismo violento adoptada por los Relatores de Libertad de Expresión
en 2014.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan sus países de origen o residencia.
****************************** Acerca de OACNUDH Honduras
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron
un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el
fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de
manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras,
asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de
sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos.
WASHINGTON D.C. y TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DE 2017 – La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras
expresan su preocupación ante la aprobación de las reformas al código
penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el
ejercicio y goce legítimos de los garantías y derechos humanos
fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión
en el país.
El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al
artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el
22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B
que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo,
dirigido a castigar a “quien públicamente o a través de medios de
comunicación o difusión destinada al público hiciere apología,
enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes
hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer
terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a
ocho años de prisión”.
La CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la
OACNUDH en Honduras ven con preocupación la ambigüedad de los tipos
penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden
conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y
la naturaleza del delito de terrorismo.
La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar
lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar
reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de
derechos humanos. Si bien corresponde al Estado la determinación de las
conductas que van a ser calificadas como delitos en su obligación de
tomar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de la
población hondureña, del principio de legalidad se derivan elementos que
deben ser observados por los Estados al momento de ejercer la
mencionada potestad.
En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin
ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan
con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con
precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de
otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son
sancionables bajo otras figuras penales.
Las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia,
vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes
contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de
los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad.
Sobre la incitación a la violencia —entendida como la incitación a la
comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad
nacional— la CIDH de forma reiterada ha señalado que debe tener como
presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la
persona no estaba simplemente manifestando una opinión —por dura,
injusta o perturbadora que ésta sea—, sino que tenía la clara intención
de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr
sus objetivos.
La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe
restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo
–entendida como un llamado directo a la participación en el terrorismo
que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que
ocurra un acto terrorista-, o a la participación misma en actos
terroristas.
En cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a
través de medios de comunicación, los
Estados no deben limitar los
reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del
terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí
tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que
incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre
el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia, de
acuerdo con la declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el
combate al extremismo violento adoptada por los Relatores de Libertad
de Expresión en 2014. http://unetv.hn/2017/02/24/cidh-considera-reformas-codigo-penal-regresiva-derechos-humanos-libertad-expresion/
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